Entre las adjudicaciones destacan la contratación de un servicio de diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informática, por Q2.9 millones a la empresa Back Office Smart Solution Sociedad Anónima. La contratación de un servicio de monitoreo de redes sociales a All Marketing por Q5.9 millones, un minicentro de datos modular por Q899 mil 900 a la empresa Innova Outsorcing Sociedad Anónima y seis licencias de oracle data base standard edition por Q890 mil 500 a Asesores en Licenciamiento Sociedad Anónima.
Todas se clasificaron como el caso de excepción que regula el artículo 44, inciso f, de la LCE, el cual dice que el TSE “podrá, durante el ejercicio fiscal en el que se realicen procesos electorales y de consulta popular, realizar de manera directa las adquisiciones públicas directamente vinculadas a la realización de estos eventos”.
Sin embargo, en Guatemala las elecciones son el otro año, por lo cual la institución electoral no estaba facultada para hacer adjudicaciones bajo esta modalidad. Lo correcto era, según Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), realizar una cotización si la compra era superior a los Q90 mil, o una licitación si era mayor a Q900 mil, tal como lo regula la LCE.
La diferencia es que, en la compra directa, que aplica solo para adquisiciones de bienes, obras y servicios por montos menores a Q10 mil, las entidades estatales no están obligadas a publicar bases, especificaciones generales, técnicas y otras disposiciones especiales, como sí lo están en cotizaciones y licitaciones.
“El TSE tiene que sujetarse a las distintas modalidades de compras. Estos procesos deben ser modalidades competitivas y las únicas opciones son cotizaciones o licitaciones”, advierte Flores.
Al consultar al magistrado Rafael Rojas Cetina, quien fungió como presidente del TSE cuando comenzaron las compras, justificó que el artículo 115 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 les autoriza en su tercer párrafo a realizar adquisiciones tomando como base legal el artículo 44, inciso f, de la LCE, pese a que este mismo advierte de forma explícita que solo se puede aplicar en año electoral.
“Se faculta al Tribunal Supremo Electoral para realizar las adquisiciones respectivas en el año 2022 con cargo a la asignación presupuestaria para elecciones generales correspondientes del año 2023, bajo el procedimiento que establece el artículo 44 literal f) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado”, reza dicho cuerpo legal.
Un fraude de ley
Edy Cux, de Acción Ciudadana, considera que el artículo 115 de la Ley Orgánica del Presupuesto contradice lo que dice la LCE en su artículo 44, inciso f. Sin embargo, el TSE debió atender lo que dice la segunda normativa, puesto que es una ley ordinaria y, a diferencia de la primera, su vigencia no se limita solo a un ejercicio fiscal.
“En cuestión de legalidad. El hecho que se haya incluido un artículo en la ley del presupuesto que contradiga la LCE me parece un fraude de ley, tanto del Congreso como del TSE por haberlo utilizado”, dice Cux.
El objetivo que persigue el TSE, dice, es evadir los controles que establece la LCE y deja un mal precedente.
“Llama mucho la atención de que el TSE tome ese riesgo de utilizar este tipo de mecanismos previo a un año electoral. Porque lo que se espera del TSE es total transparencia, objetividad y a nivel político le resta credibilidad”, dice Cux.
Más concursos
Actualmente, hay al menos 26 concursos activos y en evaluación que el TSE pretende adjudicar bajo esta misma modalidad. Entre estos destaca la posible contratación de un modelo tecnológico que incluye equipo de cómputo y de biometría para el desarrollo del proceso electoral 2023.
Este último despertó la preocupación trece organizaciones académicas y de sociedad civil, entre las cuales Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la Universidad Rafael Landívar y la Alianza Evangélica, entre otras, ya que podría alcanzar una cifra millonaria y no hay garantías de transparencia.
La única empresa que participó en el concurso, según los denunciantes, fue Smartmatic International Holding, B. V., cuyo representante legal es Elizandro López Flores, ex viceministro administrativo de gobernación durante los primeros seis meses de este gobierno.
Actualmente este concurso no se encuentra en Guatecompras. El magistrado Rojas Cetina asegura que se publicó un anuncio en el Diario Oficial y otra en este matutino, pero tal como se indicó anteriormente no se realizaron los procedimientos obligatorios para una licitación.
