Una fuente confió que fue por tiempo que los magistrados no entraron a conocer los casos. Sin embargo, ninguno de ellos respondió los mensajes y llamadas telefónicas.
Tampoco se obtuvo una postura institucional. El vocero Gerardo Ramírez aseguró que solicitó, pero no obtuvo respuesta.
A pesar de que la normativa electoral establece que los magistrados “podrán celebrará sesiones cuantas veces sea necesario, y en forma extraordinaria, —y que— se reunirá cuando sea convocado por el presidente o por la mayoría de los magistrados”, esto no ha sucedido, debido a que estos solo se reúnen de martes a viernes por la mañana entre tres a cuatro horas.
Los magistrados Rudy Pineda y Jorge Mario Valenzuela, por ser parte del directorio del Registro Nacional de las Personas, se reúnen los lunes por la tarde, serían los dos que tendrían excusa para integrar el pleno por la tarde. De cualquier forma, los magistrados suplentes no han sido llamados para integrar pleno.
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Por aparte, la Ley Electoral establece que para que el TSE pueda celebrar sesión, se requiere la presencia de todos sus miembros. El Tribunal está integrado por 10 magistrados, cinco titulares y cinco suplentes.
Incertidumbre
El politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Jahir Dabroy, indicó que no resolver estos casos que genera más incertidumbre.
“De alguna u otra forma no entrar a conocer este asunto en el plazo más corto posible genera incertidumbre y afecta la credibilidad en la toma de decisiones de ellos -magistrados- y del proceso electoral y esto afecta en la toma de decisión del elector porque no sabe exactamente si esas personas van a participar en la elección”, refirió Dabroy.
“Afecta la credibilidad de las acciones que tomen como magistrados, sobre todo porque estamos a 18 días de la elección”, añadió.
Mientras que Pedro Cruz, presidente de la asociación Primero Guatemala, expuso que el Tribunal Supremo Electoral debe responder la petición de revocar las candidaturas de personas que no cumplen con los requisitos constitucionales de honorabilidad, capacidad e idoneidad.
Según Cruz, el tribunal debe responder “a una de las peticiones más importantes que hemos tenido los guatemaltecos en los últimos años y es que la lucha contra la corrupción que comienza en el momento que se van depurando los listados a candidatos a diputados”.
El experto considera que tanto el TSE como el Registro de Ciudadanos debe de darle la importancia que se merece a la depuración de listados.
Añadió: “Quisiera pensar que el trabajo de los magistrados en las últimas semanas ha sido muy intenso y que en los próximos días ellos van a dar un mensaje a la población depurando los listados, depurando las candidaturas y sobre todo promoviendo la renovación de la clase política en Guatemala que tanto hemos estado exigiendo”.
El presidente del Movimiento Cívico Nacional, José Echeverría considera preocupante algunos aspectos en la gestión de los magistrados del TSE.
“No han gestionado correctamente la publicación de la resolución de candidatos tránsfugas lo que ha dificultado la verificación de la legalidad de las mismas y otra es la inacción ya que con la falta de resoluciones a tiempo a candidaturas cuestionadas y no han sido consistentes y coherentes con los argumentos para aceptar la inscripción de diputados tránsfugas”, dijo Echeverria.
“El problema de fondo es que el régimen republicano debería de cumplir y seguir principios generales, como celeridad e igualdad ante la Ley y transparencia principios que lamentablemente no han sido cumplidos por los magistrados del TSE”, concluyó.
Los casos
Los jueces electorales han rehuido de conocer los casos de Otoniel Lima Recinos alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, y de Érick Salvador Súñiga Rodríguez edil de Ayutla, San Marcos, ambos buscan su reelección y son señalados por delitos vinculados al narcotráfico, este último, incluso, es requerido por la justicia estadounidense.
También tienen pendiente conocer si revocan la candidatura del diputado José Armando Ubico quien busca la reelección por Sacatepéquez por el partido Todos y quien fue condenado a 46 meses de prisión y tres años de libertad condicional en Estados Unidos por narcotráfico.
Asimismo, se rehúsan a conocer el caso del presidenciable de Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, a quien la Corte de Constitucionalidad (CC) le revocó el amparo provisional con el que obtuvo su finiquito.
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Listas de sociedad civil
Aparte de esos cuatro casos, los magistrados deben conocer alrededor de 160 señalamientos que sociedad civil hizo contra candidatos a diputados y diputados que buscan su reelección para que sean excluidos. La lista la integran contratistas del estado, tránsfugas o señalados de corrupción o narcotráfico.
El Legislativo es uno de los organismos más cuestionados por la ciudadanía, que ha visto cómo uno tras otro, legisladores se ven involucrados en actos anómalos y que riñen con la ley y otras veces con la ética.
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