Al gobierno del presidente Alejandro Giammattei le tocó afrontar durante su primer año en el poder una emergencia sanitaria sin precedentes. La pandemia del coronavirus golpeó la salud y economía de la población guatemalteca, cuyos indicadores sociales nunca han sido favorables.
A partir de ahí, la opinión pública sobre el gobierno dependió, en gran parte, del manejo de la emergencia sanitaria, explica Ricardo Barreno, analista político independiente. Sin embargo, hubo incapacidad para dar respuesta inmediata a la población afectada y ese fue el primer peldaño del estallido social.
“Las instituciones guatemaltecas no están construidas para dar respuesta inmediata. Eso lo vimos con la crisis sanitaria, no hay capacidad de respuesta desde el nivel de atención primario de salud, cualquier servicio que quiera prestarse tiene que ser en cabeceras y eso ha generado indignación ciudadana”, dice Barreno.
Según el entrevistado, el sistema político guatemalteco no promueve la profesionalización de los funcionarios y liderazgos democráticos. Esto ha repercutido, por ejemplo, en la falta de celeridad desde el área de salud para realizar compras y abastecerse de insumos. “Esto ocasiona una crisis de legitimidad”, afirma Barreno.
Fernando Ixpanel, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que hay una serie de hechos que han sumado para el estallido de la crisis. Desde la inestabilidad en las instituciones, que se ha evidenciado en la destitución de dos ministros, hasta el secretismo en el Congreso con la aprobación del presupuesto o la no elección de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
En estos momentos, el Ejecutivo debe privilegiar el diálogo con distintos sectores para tomar decisiones de beneficio para el país, dice Ixpanel.
Mientras tanto, este es un repaso por los eslabones que condujeron a la primera serie de manifestaciones contra el gobierno y el Congreso de la República, cuya consigna principal, aunque no la única, fue el veto presidencial al presupuesto 2021.
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Baja ejecución de programas sociales
La pandemia afectó no solo la salud, sino los ingresos de las familias. Para mitigar los efectos sanitarios y económicos, el Congreso aprobó préstamos y se creó un fondo de emergencia de Q14 mil 385 millones 427 mil 164. Sin embargo, la ejecución de los recursos ha sido lenta.
Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ente rector de la pandemia, tiene asignado un fondo extraordinario de Q1 mil 550 millones 122 mil 969 y a ocho meses de que se presentó el primer caso de coronavirus ha logrado ejecutar poco más de la mitad del dinero, el 51 por ciento.
Otros ministerios que reportan baja ejecución de los recursos para la emergencia son el de Gobernación, con 11.76 por ciento; Defensa, 49 por ciento; Educación, 30 por ciento; Trabajo, 29 por ciento y Cultura y Deportes, con el seis por ciento, según el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).
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Denuncias por corrupción
Al igual que los anteriores gobiernos, el del presidente Alejandro Giammattei no está exento de denuncias por corrupción.
En abril, durante las primeras semanas de que se presentó el coronavirus en Guatemala, el mismo mandatario denunció a ocho funcionarios del área administrativa del MSPAS ya que confabulaban para cometer fraude contra la institución.
Meses después surgieron otros casos, pero a diferencia del anterior, el gobierno no ha reconocido su responsabilidad o entonado un mea culpa. Por ejemplo, el favoritismo en la adjudicación de pruebas para coronavirus o la compra de sobrevalorada de galletas fortificadas en el Ministerio de Desarrollo Social por Q14.6 millones, que luego fue anulada, entre otras denuncias.
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Ineficiencia de servidores públicos
El 19 de junio el presidente Giammattei destituyó al ministro de Salud, Hugo Monroy. El gobierno no explicó las razones, pero la gestión de Monroy fue cuestionada de forma reiterada por la sociedad civil, diputados opositores y el Procurador de los Derechos Humanos por ineficiencia en el manejo de la pandemia y falta de transparencia.
El presidente también removió de su cargo el 10 de septiembre a la titular de la cartera de Cultura y Deportes, Silvana Martínez, luego de que en una citación en la Comisión de Cultura del Congreso los diputados de oposición denunciaran la baja ejecución presupuestaria y la existencia de 971 plazas en el renglón 029.
Fotografa. Erick Avila: 16/06/2020
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La factura del congreso también la paga el Ejecutivo
Aunque el Congreso de la República es ajeno al Ejecutivo, la relegación por parte de los congresistas del oficialismo de algunos temas como la elección de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sumado a la crisis que desencadenó una serie de protestas este fin de semana.
El período de los actuales magistrados venció el 13 de octubre de 2019 y suma más de un año desde que el Congreso debió haber elegido a los jueces sucesores. No obstante, este punto nunca se ha privilegiado en la agenda legislativa por parte de los jefes de bloques que conforman la alianza oficialista.
En cambio, el conocimiento de otras iniciativas de ley cuestionadas por sociedad civil sí se han impulsado. Por ejemplo, la iniciativa que pretende reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo contenido generó críticas de diputados de oposición como de expertos en la materia, sí se agendó conocerla en primer debate la semana pasada. Aunque finalmente esto no se logró.
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Aprobación del presupuesto 2021
Finalmente, el detonante social fue la aprobación del Presupuesto 2021, el cual se aprobó de urgencia nacional la madrugada del miércoles 18 de noviembre.
El dictamen de la comisión de finanzas fue compartido con los diputados de oposición luego de las 17:00 horas y a las 5:29 horas de la madrugada siguiente ya se había aprobado gracias al apoyo de la alianza oficialista.
Luego de las manifestaciones, el presidente Giammattei dijo que se está reuniendo con distintos sectores para analizar qué cambios se deben hacer y proponer una iniciativa de ley con las reformas necesarias.
