La empresa APM Terminals Maersk compró Terminal de Contenedores Barcelona, que incluía en sus activos a TCQ, la cual obtuvo en usufructo por 25 años 34 hectáreas de la EPQ, donde se construyó una terminal de contenedores. Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el contrato se obtuvo a base de sobornos e influencias.
Por el caso están procesadas 12 personas, incluidas el expresidente Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. También se podrían sumar Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, exmagistrado y magistrado, respectivamente, de la Corte Suprema de Justicia.
Opacidad
Aunque en repetidas ocasiones Morales dijo que el asunto era de la PGN —cuya titular, María Eugenia Villagrán, que renunció el martes 17 le solicitaba instrucciones para declarar lesivo el contrato—, el mandatario dijo que se reunió con representantes de Maersk y que “la posición y las buenas intenciones que se tienen por parte de la empresa de encontrarle una solución legal, transparente y donde los intereses del Estado no sean lesionados”, sin dar más detalles.
Los diputados de la UNE citarán a funcionarios para conocer lo tratado en la reunión y no descartan presentar acciones legales contra el mandatario, quien según Orlando Blanco, jefe de ese bloque, habría cometido delitos.
Para Blanco, no solo preocupa la secretividad de la reunión, sino también que el Estado todavía no haya solicitado la nulidad del contrato. “Puede haber negligencia… o acaso están esperando a ver cuánto le va a tocar a cada uno”, insinuó.
Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, dice que aunque el presidente indicó que la reunión fue con otros fines y no vinculado con el usufructo ha generado polémica. “Hay que tener claro que una de las promesas fue el combate de la corrupción y transparentar los actos de la administración pública”.
Acuña considera que no es el momento oportuno para acercamientos con una empresa vinculada con el caso TCQ, pues genera suspicacia y se suma que no tuvo acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. “No conviene en este momento al presidente ni a ningún funcionario que se reúnan principalmente con compañías asociadas a actos ilegales”, destacó.
El experto opina que ese tipo de acciones debilitan la imagen del mandatario; además la reunión privada cuestiona el artículo 30 de la Constitución, que indica que todos los actos de la administración son públicos.
A la controversia se agrega la renuncia de María Eugenia Villagrán, como procuradora general de la Nación. “Aquí hay que ver a los que van a salir implicados por investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad”, señaló.
El analista considera que la renuncia de la procuradora pudo ser por amenazas pero no se pueden descartar presiones.
Controversia
Para algunos constitucionalistas se exagera la percepción sobre la reunión. “Se está especulando”, expresó el abogado Alejando Balsells, quien aseveró que lo mejor es que la presidencia aclare cuáles fueron los temas abordados, para que no se llegue a conjeturar. “Los ataques políticos no vienen en este momento”, aseguró.
Lorena Escobar, politóloga de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), manifestó que aunque se ignora el verdadero motivo de la junta, con quienes conversó Morales son terceros interesados y no los involucrados en la ilegalidad.
“La renuncia de María Eugenia Villagrán es un mal mensaje político y no político. Mal para la transparencia, pues deja atrás la lucha contra la impunidad y corrupción y es contradictorio”, detalló Escobar.
Para Roberto Molina, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, la cita de Morales no es irregular. “Creo que como jefe de Estado, el presidente debe hacer las gestiones necesarias para que se presten en debida forma los servicios que prestan los puertos”.
Iván Velásquez, jefe de la Cicig se limitó a decir: “Confío en que el presidente —Morales— y su equipo están actuando en defensa de los intereses del país”.
"Están esperando ver cuanto le va a tocar a cada uno" dice Orlando Blanco, @BloqueUne pic.twitter.com/zB3VrjMs0F
— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 18 de mayo de 2016
Funcionarios serán citados
La UNE anuncia que llamará a las autoridades de gobierno.
Los diputados de la UNE anunciaron que citarán a las autoridades de gobierno que hayan participado en la reunión.
La Ley obliga a los funcionarios de gobierno a asistir a las citaciones del Congreso. Solo pueden excusarse dos veces y de manera justificada, de lo contrario pueden cometer el delito de inasistencia, que contempla pena de hasta 5 años de cárcel.
Durante la citación los funcionarios de gobierno son juramentados para decir la verdad.
Los funcionarios no pueden evadir las preguntas ni responder con falsedades, ya que todas las citaciones son grabadas en audio y video, de acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso.
Jimmy Morales se reunió con Sussane Marston, abogada de Maersk, y otras dos personas de quienes se desconoce el nombre.
Cicig confía en Morales
“Reitero y confío en que el presidente —Morales— y su equipo están actuando en defensa de los intereses del país, y que así quede traducido en los acuerdos a que lleguen, si es que llegan a alguno”, manifestó Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Agregó: “Por nuestra participación como querellantes adhesivos en el proceso penal junto al Ministerio Público hemos estado atentos a la solución que se pueda encontrar entre el que ahora aparece como adquiriente de buena fe —Maersk— y el Gobierno”.
Para el comisionado, la transparencia de la reunión se podrá medir por los resultados de esta y afirmó que confían en el
mandatario.
Error político en la reunión
Lorena Escobar, experta en seguridad y justicia de la Asíes, calificó de “error político” y falta de asesoría jurídica la reunión entre el presidente Morales y personeros de Maersk. “Es una acción que no contribuye a la transparencia que desea impulsar el Gobierno”, manifestó.
Escobar cuestionó la ausencia de la procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, como abogada del Estado, pues omite el acompañamiento legal, en especial en un tema tan controversial y que se discute en el ámbito jurídico. “Era necesario que considerara la presencia de esa figura… La ausencia fue un error”, considera la politóloga.
No ve ningún problema
El constitucionalista Luis Fernández Molina no ve ningún problema legal en la cita del mandatario con personeros de Maersk.
“El presidente tiene dos hojas de ruta: la legal, que debe de cumplir y que se está desarrollando en los tribunales, y la política en la que debe ver cómo mantiene el movimiento de la economía nacional”, expresó. “El proceso legal puede durar hasta cinco años, si no se hace nada el trabajo de la terminal de contenedores puede quedar paralizado. No vaya a ser que suceda lo mismo que con Ferrovías, el juicio duró mucho tiempo y al final nunca se hizo uso de las instalaciones del ferrocarril. No debemos esperar el mismo escenario para el puerto”, agregó.
