Luego de la designación hecha por el presidente Alejandro Giammattei, Porras cumplirá un segundo período de cuatro años (2022-2026) después del iniciado en 2018, cuando fue elegida para el cargo por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020).
Samantha Power, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), cuestionó mediante un mensaje en su cuenta de Twitter que Porras haya sido reelecta en el cago de fiscal general, pues ha “impedido sistemáticamente las investigaciones de corrupción” en Guatemala.
“El pueblo de Guatemala merece algo mucho mejor que la reelección de una fiscal general que ha impedido sistemáticamente las investigaciones de corrupción. @USAID continuará asociándose con ciudadanos y reformadores que trabajan para erradicar la corrupción”, dice el tuit de Power.
Durante su visita a Guatemala en 2021, Power ya había dejado ver su preocupación por el despido del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunida (Feci), Juan Francisco Sandoval, la cual calificó como “escandalosa”.
Dudan de idoneidad
El Reino Unido también expresó su preocupación por la reelección de Porras al frente del MP y destacó que hay varias razones, entre ellas la inclusión en la Lista de actores corruptos del Departamento de Estado de EE. UU., para “dudar de su idoneidad para este importante papel”.
“Resaltamos que la Sra. Porras está sancionada en la Lista Engel de los EE. UU. de funcionarios antidemocráticos y corruptos, y que existen otras razones serias para dudar de su idoneidad para este importante papel”, refiere un comunicado del Reino Unido.
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Agrega que “el Reino Unido seguirá trabajando en estrecha colaboración con socios internacionales para fomentar al Gobierno de Guatemala a fortalecer el estado de derecho y apoyar y respetar la independencia judicial”.
Además refiere que “el respeto por el estado de derecho y la independencia judicial son condiciones esenciales para que Guatemala impulse la prosperidad, atraiga inversión extranjera, proteja los derechos humanos, mantenga una democracia sana y gane la lucha contra la corrupción”.
Falta de investigación
Por su parte, la American Bar Association (ABA), considera la asociación voluntaria de abogados más grande del mundo, señaló que, de acuerdo con su experiencia en la asesoría de procesos de selección de candidatos para ese tipo de puestos, no se evaluó las capacidades de los aspirantes y muestra de ello es que hubo una reelección.
“El proceso se vio empañado por la falta de una investigación adecuada de los candidatos y por incidentes de influencia indebida, incluidas amenazas contra miembros de la Comisión de Selección y los candidatos”, señala Reginald Turner, presidente de ABA.
Agrega que la ABA “está preocupada por las importantes irregularidades y el abuso de poder evidentes en el reciente proceso de selección del fiscal general de Guatemala”.
También señala que “La ABA, que tiene experiencia en el seguimiento de los procesos de selección en la región, apoya los procesos de selección judicial basados en el mérito independientemente de la influencia política y pide al gobierno guatemalteco que proteja a los jueces y fiscales independientes para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales.
Nación soberana
En tanto, el Gobierno de Guatemala por medio de su secretario de Comunicación Social, Kevin López Oliva, señaló que todos tienen derecho a pronunciarse, pero recuerda que “Guatemala es una nación soberana en la que se respetan las decisiones del presidente” y Porras, según la legislación nacional, está “totalmente facultada” para asumir el cargo de fiscal general.
“Guatemala es una nación soberana en la que se respetan las decisiones del señor presidente. La actual fiscal Consuelo Porras no tiene ningún impedimento dentro de la legislación de Guatemala para asumir el cargo y está totalmente facultada”, dijo López Oliva.
Además, señaló que “el señor presidente, incluso, expuso el motivo por el cual fue la elección y principalmente responde a un criterio meritocrático”.
También dijo que “cualquier comentario al respecto” está facultado con el ejercicio de la libre emisión del del pensamiento, pero “no tiene ninguna vinculación o impedimento legal al sistema jurídico de Guatemala”.
