Otra de las inconsistencias halladas en la denuncia es que el mencionado inmueble, identificado en la finca 135, libro 197, folio 135, no se encuentra donde fue señalado por los beneficiados, por lo que el órgano investigador solicitó un catastro digital al Registro de Información Catastral.
La propiedad fue solicitada al Instituto de Transformación Agraria (Inta) en 1997, por Héctor Reyes Arreaga. En el 2003 le fue adjudicada a 12 familias, 11 meses después de que Guillermo Roberto Maaz Och dejara el cargo de director regional del Fontierras en Cobán —del 1 de enero al 15 de agosto del 2002—, cuando el inmueble estaba registrado a nombre de Ricardo Sapper.
Reyes Arreaga es cuñado de Guillermo Roberto Maaz Och, ya que está casado con la hermana de este Olga Marina Maaz Och.
Venden propiedad
Reyes Arreaga obtuvo un mandato de los beneficiados, el 16 de mayo del 2004, para enajenar, hipotecar, grabar o transigir en forma total, parcial o por fracciones la finca otorgada.
El 4 de marzo del 2005, Reyes Arreaga vendió la propiedad a Édgar Estuardo Maaz Och, por Q1 mil. El 6 de marzo del 2006, este último le vende por Q500 parte de la propiedad a Guillermo Roberto Maaz, quien se quedó con la finca matriz y desmembró cuatro facciones. La primera a favor de Lesbia Antonieta Maldonado Meneses; la segunda, a Héctor Donaldo Reyes Maaz; la tercera, a Marcia Jeaneth Reyes Maaz y la cuarta, a Félix Roberto Reyes Maaz. Todo el proceso fue realizado por el abogado Adrián Noj Revolorio, quien señaló que fue contratado para hacer las escrituras.
Derechos Reales
En el Registro de la Propiedad, el inmueble está reconocido a nombre de Ricardo Sapper, con el acuerdo gubernativo 128, del 17 de enero de 1896 y el artículo 206 del decreto 1551, Ley de Trasformación Agraria, sancionada por el presidente Miguel Ydígoras Fuentes.
Joaquín Christian Sapper Grose, administrador de la herencia y representante legal mortual de Ricardo Sapper, presentó acciones legales en contra de quienes supuestamente se adueñaron de la propiedad. Obtuvo varios amparos; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad los ha revocado.
Los comunitarios señalan que Sapper les otorgó derechos de posesión para que vivieran en esas tierras, como lo habían hecho desde que las ocuparon.
Comienza usurpación
Antes del 1 de noviembre de 2014, un grupo de pobladores de la comunidad Chiyux Tomtem o Tres Cruces, Cobán, Alta Verapaz, se organizaron para limpiar y adornar las tumbas de sus difuntos. Cuando quisieron ingresar en el cementerio, un grupo de personas les dijeron que abandonaran el lugar porque era propiedad privada.
Los comunitarios no lo podían creer, pues el lugar les ha pertenecido por años. A partir de ese entonces pasaron a ser usurpadores.
El terreno en disputa mide una caballería, 51 manzanas y nueve mil 634 varas cuadradas.
La lucha de los comunitarios por demostrar que tenían derechos sobre la propiedad los llevó a ser víctimas de usurpadores, quienes los denunciaron, y el 24 de noviembre del 2014 fueron aprehendidas 44 personas; 32 quedaron libres por falta de mérito y 12 fueron ligadas a proceso, por coacción, amenazas, incendio agravado y usurpación agravada.
“Todo fue legal”
Guillermo Roberto Maaz Och negó cualquier sindicación que se le intente hacer sobre las inconsistencias en la adjudicación del inmueble, al argumentar que adquirió la propiedad de una persona que la compró a un grupo de comunitarios.
“Yo lo hice con toda legalidad. Compré solo una fracción. La finca fue dividida en cinco pedazos. De lo que yo me enteré de esa finca, en base a documentos, es que la solicitó un grupo de comunitarios en 1998 al Inta, en base al artículo 28 del decreto 27-80 del Congreso.
Luego de un proceso, el Fondo de Tierras entregó la propiedad con todas las formalidades a las familias”, explicó Maaz Och, quien manifestó que ese proceso consiste en que cuando el propietario o sus herederos no pueden demostrar derecho de propiedad, los comunitarios que residen en la finca lo pueden solicitar.
“Hay una persona que reclama la propiedad, pero ella no se encuentra en el testamento; por eso no se le puede dar”, explicó.
Maaz Och rechazó que hubiera influido cuando trabajó en Fontierras de Cobán para que le entregaran la propiedad a su cuñado, y que no conoció ni tuvo en sus manos el expediente.
Habría irregularidades
El gerente de Fontierras, Áxel López, comentó que el problema se originó cuando 12 familias otorgaron un mandato legal a un representante, quien se aprovechó del documento para vender la propiedad. La denuncia la investiga la Fiscalía de Delitos Administrativos.
López explicó que una de las inconsistencias es que se utilizó el registro de la finca para adjudicarla, pero espacialmente se encuentra en otro lugar.
Brinda acompañamiento
El diputado Amílcar Pop, de Winaq, indicó que brinda acompañamiento a las víctimas de Tomtem por el supuesto despojo de una tierra comunal.
El parlamentario indicó que no tiene interés personal en las propiedades y que solo proporciona el apoyo que le fue solicitado por los comunitarios, quienes han vivido y trabajado la tierra por años.
Pop añadió que coincide con Fontierras, por las inconsistencias señaladas.
