Con el apogeo de la comunicación digital, también surgen cuestionamientos por el uso indebido de cuentas institucionales.
¿Una red social puede considerarse un medio de difusión oficial? ¿Tienen responsabilidad los funcionarios públicos por el uso inadecuado de las mismas? Son preguntas que han surgido en los últimos años. Aquí desarrollamos algunos aspectos para responder a esas inquietudes.
Recientemente, desde la cuenta institucional de Twitter del Organismo Judicial (@OJGuatemala) se dio “me gusta” a un tuit de un perfil de netcenter y que difunde discursos de odio. En la publicación se cuestionaba al diputado Aldo Dávila por su afirmación de que había sido víctima de un atentado el 19 de abril pasado.
Usuarios de redes sociales criticaron al Organismo Judicial (OJ) por haber empleado su red institucional para emitir opiniones de quien administra la cuenta.
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Ese mismo día, el OJ publicó un comunicado diciendo que lamentaba que “desde la cuenta institucional, por error involuntario, se haya marcado ‘me gusta’” a la publicación y se desmarcaron de la cuenta de netcenter.
Se consultó con comunicación social del OJ si tenían protocolos para el manejo de redes sociales, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Esta no es la primera vez que funcionarios o instituciones hacen uso cuestionado de sus redes. En octubre del 2012, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros, utilizó su perfil para insultar a sus críticos llamándoles “burros” y “pendejos”. Caballeros era cuestionado por minimizar la masacre de ocho campesinos de Totonicapán.
En el 2017, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, fue denunciada por la Fundación Myrna Mack ante la PDH, luego que en redes circulara la imagen de un chat de WhatsApp en el que se observaba cómo la togada reenviaba un mensaje difamatorio contra la activista Helen Mack.
Por esta situación, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) emitió una condena moral contra Valdés, aunque luego la CSJ la revocó con un amparo provisional.
Omar Luna, comunicador y analista de datos de la organización salvadoreña Lab-Dat, quien ha investigado el uso de las redes sociales por parte de presidente de El Salvador, Nayib Bukele, explica que una cuenta de una red social puede considerarse como un medio de divulgación oficial si para su uso se utilizan recursos públicos, que pueden ir desde personal contratado hasta dispositivos electrónicos de la institución.
“Existe la pregunta de hasta qué punto una cuenta oficial debe ser tomada como algo serio o no. Se debe considerar que, si la cuenta difunde contenido oficial, valiéndose de recursos que el Estado proporciona, entonces lo que publique se debe tomar como posicionamiento institucional”, dijo Luna.
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Por su parte, Ignacio Laclériga, catedrático y consultor en comunicación, comenta que las cuentas de funcionarios se pueden considerar institucionales dependiendo del uso que se haga de las mismas.
Si por medio de ellas se difunde información oficial, entonces deben ser asumidas como tal.
Además, explicó que el uso de las redes sociales no es un motivo punible o que se deba perseguir, ya que este únicamente es el medio, pero lo que se afirme a través de ellas puede conllevar responsabilidades.
“Una cuenta institucional no se debería usar para emitir opiniones o para discutir asuntos ajenos a la institución”, dijo.
El mexicano Alberto Escorcia, periodista e investigador de redes sociales, coincide en que el uso de recursos públicos para administrar redes sociales las convierte en un medio oficial.
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Explicó que el caso de funcionarios que tengan cuentas personas, deberían aclarar con una leyenda que los comentarios no reflejan la postura de la dependencia para la cual labora.
En ese sentido, se debe considerar que en el caso de las cuentas gubernamentales cuentan con personal contratado para su administración y difunden mensajes gubernamentales, por lo que sí se pueden considerar medios de divulgación oficial.
En el caso de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, titular de dicha dependencia, informó que hay tres personas contratadas con honorarios que van desde Q6 mil hasta Q15 mil para administrar las cuentas de la Agencia Gubernamental de Noticias, del presidente Alejandro Giammattei, de la secretaría y del gobierno.
Al ser cuentas oficiales, tienen protocolos para corregir información errónea, si se llegara a publicar. “Si son errores de redacción, se modifica si la plataforma lo permite, sino se debe dar de baja”, dijo Letona.
En el caso del Congreso de la República, comunicación social informó tienen dos personas contratadas para la gestión de las cuentas para publicar información que solicitan los diputados. Están en fase de elaboración de un manual sobre uso de las redes.
