El Congreso de la República está por cumplir dos años de retraso en renovar magistrados de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia (CSJ). El proceso se ha ido posponiendo por razones que van desde la inobservancia de plazos legales hasta amaños políticos que el Ministerio Público advirtió en el proceso.
Pero el problema no se limita solo a los atrasos, sino a la falta de idoneidad que se reprocha tanto de los candidatos a ocupar las magistraturas, como de algunos diputados que deberán seleccionarlos.
En el caso de los congresistas que votarán, hay tres que fueron señalados en la Lista Engel: Estuardo Vargas, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Felipe Alejos y Boris España, ambos de la bancada Todos. El Departamento de Estado de Estados Unidos los incluyó en el listado de personas que están involucradas en actos de corrupción o socavamiento de las instituciones democráticas.
Los reproches ciudadanos también alcanzan a los 12 diputados que integran la Unidad del Cambio Nacional (UCN), un partido que el gobierno de EE. UU. señaló de tener ideología “narco”. Su máximo líder, Mario Estrada, fue condenado a 15 años de prisión por narcotráfico.
Agentes secretos descubrieron cómo en 2019, mientras Estrada era candidato presidencial y se encontraba en Miami, Florida, ofreció vía libre al Cartel de Sinaloa para traficar toneladas de cocaína a EE. UU. en caso resultara electo. Además, intentó asesinar a fiscales y rivales políticos, señalaron las investigaciones.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
Dada las acusaciones que pesan sobre los parlamentarios y sus bancadas, existen demandas para que estos no sean tomados en cuenta en el proceso para elegir nuevos jueces. El abogado constitucionalista Alejandro Balsells Conde opinó en una columna publicada en este matutino que “una bancada como la UCN no debería ni ser tomada en cuenta para los consensos mínimos necesarios para ya no atrasar más algo (la elección de Cortes) que debió haberse hecho hace rato”. “La UCN se ha caracterizado por tener a personas vinculadas al crimen y su dueño está preso y confeso. No solo por narco sino por intentar atentar contra fiscales y candidatos guatemaltecos. No existe fundamento moral y ético para que un partido que debería estar cancelado, esté vigente”, opinó el profesional del derecho. Balsells explica que la UCN es una bancada aliada al gobierno y sus votos son fundamentales para alcanzar mayoría, lo cual es lamentable por los nexos que tiene con el crimen organizado, dijo.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
Los diputados de la Bancada UCN han sido vitales para la aprobación de algunas leyes promovidas por la alianza oficialista, como la denominada Ley de ONG, que despertó la preocupación de la comunidad internacional por limitar el derecho de libre asociación. En esa oportunidad diez diputados de UCN votaron a favor, al igual que Vargas, Alejos y España. La iniciativa se aprobó con 81 votos y motivó la preocupación de la comunidad internacional, que vio la ley como una oportunidad para limitar la democracia. Estas alianzas también han sido clave en la elección de junta directiva, presidida por el diputado oficialista de Vamos, Allan Rodríguez. Lo anterior ha generado cuestionamientos hacia el gobierno y sus aliados en el oficialismo, ya que para impulsar su agenda han tenido que pactar acuerdos con agrupaciones y diputados que tiene vínculos con el crimen organizado. De momento, se avecinan otros pendientes que requerirán de alianzas en los próximos meses. Uno de estos es la aprobación del presupuesto 20222, el cual despierta el interés de legisladores y alcaldes de las corporaciones municipales por la proximidad del año electoral, donde diversos actores intentarán ser reelectos en sus cargos o saltar a otras esferas de poder en la administración pública.
Verificamos por usted: ¿Pueden diputados cuestionados apartarse de la elección de Cortes?
Verdadero
Información cierta y confirmada por fuentes confiables.
En principio, se debe advertir que una vez electos no existe una prohibición legal que impida a diputados del Congreso votar en determinados asuntos. La Constitución Política de la República establece en el artículo 161, literal b, que los congresistas "gozan de irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo". No obstante, sí hay formas de que algunos congresistas con conflicto de interés se aparten del proceso de elección de Cortes. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece en su artículo 98 que cuando un diputado o un pariente suyo tuviere "interés personal" en la votación de una iniciativa podrá abstenerse, explicando al pleno sus motivos. El pleno deberá evaluar si acepta la excusa y de ser así, el parlamentario deberá retirarse de la sesión. Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, explica que los congresistas con señalamientos de corrupción podrían invocar este artículo como un compromiso ético, aunque es poco probable que tengan la voluntad de hacerlo. Otra forma, explican expertos entrevistados, es que exista un compromiso político del oficialismo de no tomar en cuenta a diputados cuestionados para los acuerdos que se generen al momento de elegir magistrados. El presidente, como representante de la unidad nacional, podría hacer un llamado a sus aliados para que no negocien con estos parlamentarios. En este último caso, los diputados que sean excluidos de cualquier acuerdo podrían ejercer su derecho a voto, pero se esperaría que sus votos no sean determinantes para los candidatos que resulten electos. No obstante, ambos escenarios son casi utópicos, ya que dependen de la voluntad de los diputados cuestionados.
