Las casas productoras de los fármacos, conscientes de lo imprescindible que es inmunizar a la población ante una pandemia que ha cobrado más de cuatro millones de vidas a nivel mundial, han optado por exigir a los gobiernos que no revelen los términos ni condiciones de la compraventa de vacunas.
En mayo, una investigación de Transparencia Internacional advertía que existía un patrón de falta de transparencia y una tendencia de los gobiernos a censurar datos relacionados a los pedidos que realizaron países a las compañías farmacéuticas.
Paralelo a ello, una encuesta mostraba que un tercio de la población mundial no estaba dispuesta a vacunarse, por lo que la transparencia era vital para generar confianza ciudadana en inocularse, refería la organización.
No obstante, en diversos países de la región se ha visto que algunos datos como el costo individual de cada dosis, los cronogramas de entrega de las vacunas y de manera general los componentes de los fármacos no han sido publicitados.
Incluso han surgido demandas para que se liberen las patentes y de esa forma poder producir más vacunas, ya que su fabricación ha sido limitada y la mayor parte de ellas se han focalizado en países de renta alta o media, mientras que países con economías menores sufren desabastecimiento.
Cesar Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras.
Cesar Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras.
Se ha ocultado información que es de interés ciudadano. Se reservaron datos bancarios, pero ello no solo implica los números de cuenta, también los desembolsos y la manera en cómo se gestionarán. Este es dinero que paga el Estado
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
En Guatemala solo se ha concretizado una negociación con la entidad rusa Human Vaccine para el suministro de 16 millones de dosis, el cual, según anunció la ministra de salud, luego fue renegociado dado el incumplimiento de la casa productora en enviar los fármacos. Ni el contrato original ni el de la renegociación se han hecho públicos por canales oficiales. Esto ha hecho que expertos en transparencia cuestionen el secretismo con el que el Ministerio de Salud Pública ha manejado el contrato. Además, se ha hecho alusión a los términos desfavorables con los que el gobierno negoció el contrato, que entre otras implicaciones se encuentra el hecho de no revelar por vías oficiales ninguna de las partes del contrato, a diferencia de otros países que han optado por reservar únicamente ciertas cláusulas del convenio.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
Actualmente, la ministra de salud Amelia Flores acarrea denuncias en el Ministerio Público (MP) por la ocultación del contrato de las vacunas Sputnik. El convenio, incluso, no se ha socializado con instituciones como el Ministerio Público o Contraloría General de Cuentas, las cuales lo requieren para analizar posibles faltas penales y administrativas, respectivamente. De momento, ninguna de estas denuncias ha prosperado en el Ministerio Público, el cual tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía contra la Corrupción. “En virtud de que el caso no se ha judicializado, de momento no se puede ahondar en detalles de conformidad con el artículo 314 del Código Procesal Penal, sin embargo, la Fiscalía contra la Corrupción se encuentra documentando y diligenciando el caso adecuadamente y en el momento oportuno se estarán dando detalles”, respondió el portavoz de la fiscalía l ser consultado. Recientemente, el gobierno también anunció la firma de un contrato de 4 millones de dosis de AstraZeneca, de las cuales dos millones serán para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No obstante, tampoco se ha hecho público el convenio. La meta es poder abrir las fases de vacunación para la población más joven, pero la falta de disponibilidad del fármaco aún no lo permite.
Verificamos por usted: ¿Cuán transparente fue Centroamérica en la compra de vacunas?
Falso
Información falsa de fuentes que no son confiables
Las leyes de información pública y transparencia por lo general permiten clasificar ciertos documentos como reservados o confidenciales cuando el revelarlos puede provocar un daño mayor al interés ciudadano por conocer esa información. De tal cuenta, la reserva no siempre se considera algo ilegal, pero para esto deben seguirse ciertos procedimientos legales que los gobiernos de la región no han seguido. En el caso de El Salvador, ni siquiera se conoce con precisión las causas farmacéuticas con las que se han negociado los contratos, tampoco el contenido de los contratos ni los precios por dosis, explica Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador. Para declarar los contratos como reservados, la Ley de Acceso a la Información Pública salvadoreña dice que se debe plasmar en un índice de información reservada que incluya la justificación, el daño que provocaría liberarla, el órgano que produjo la información y la temporalidad que puede ser de hasta siete años, entre otros elementos. “En el caso de las vacunas, hemos concluido que la reserva es ilegal porque no se ha argumentado las razones. Únicamente se hace referencia a artículos legales, pero no basta con ello, la institución tiene que justificar por qué los están utilizando, debe explayarse en ello”, dice Sandoval. En Honduras, se han firmado dos contratos, uno con Human Vaccine para el suministro de Sputnik y otra con Pfizer. En el caso del convenio con Rusia, la secretaría de salud siguió el procedimiento establecido en la LAIP para declarar como reservadas únicamente ciertas cláusulas relativas a la propiedad intelectual, reglas para enviar mensajes y documentos y datos bancarios del vendedor. El resto del contenido sí se hizo público y se puede consultar aquí. Cesar Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción, considera que el procedimiento que se siguió fue adecuado según la legislación, pero cuestiona que el hecho que la reserva se realizó por diez años y al reservar las cláusulas de cuentas bancarias no permite fiscalizar la forma en cómo se harán los pagos. Po su parte, Blanca Munguia, directora de salud de la Asociación para una Sociedad más Justa, coincide con que la Secetaría de Salud siguió los procedimientos legales en el caso de este contrato para declarar la reserva, por lo que no se puede considerar ilegal. No obstante, sobre el contrato de Pfizer no se ha revelado ningún solo detalle, pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública ya exhortó a cartera de salud a que realice una versión pública. Esto de momento no se ha realizado. En tanto, en Costa Rica hubo al inicio de la firma de los convenios cuestionamientos de parlamentarios ya que no existían cronogramas de entrega, particularmente con Pfizer, al grado que legisladores propusieron una moción para citar a altos funcionarios de la empresa a que rindieran cuentas, la cual finalmente no se concretó. Las demandas por hacer públicos los contratos se aminoraron dado que el proceso de vacunación ha avanzado con agilidad, coincidieron periodistas locales consultados.
