“Es un momento clave para la Corte de Constitucionalidad donde tiene que intentar restablecer el Estado Derecho, porque este tipo de normas no es solo lo que dicen, sino lo que evidencian, que la mayoría de diputados no están trabajando para el bien común, para garantizar la paz, la seguridad y la justicia, y están dispuestos a arriesgar nuestra seguridad con tal de ganar sus objetivos políticos”, dice el abogado constitucionalista Alexander Aizenstatd.
En este caso, la más alta corte puede tomar la decisión de amparar provisionalmente y dejar en suspenso la promulgación de las reformas.
A criterio del constitucionalista, las reformas al Código Penal, son una norma que a todas luces viola varias disposiciones constitucionales, entre ellas el derecho a la seguridad y justicia, el bien común y el papel que deben jugar los dignatarios de la nación.
“La Corte, como guardián del orden constitucional, no solo tiene la facultad, sino la obligación de hacerlo cuando se evidencia una norma de esta magnitud que pone en duda el Estado de Derecho, que no es solo de asegurarse impunidad, es de poner en riesgo nuestra misma seguridad”, dijo Aizenstatd.
En manos del Presidente
Otra vía para evitar que los decretos aprobados en el Congreso el miércoles último cobren vigencia es el veto presidencial.
En manos del presidente Jimmy Morales, y su facultad constitucional, estaría vetar las reformas, en ese extremo los decretos regresan nuevamente al Congreso, el cual tendría la tarea de aprobarla nuevamente.
Queman piñatas con logos de los diferentes partidos que votaron a favor de leyes frente al #congreso pic.twitter.com/8PntL356zi
— Y. Alvizurez (@yalvizurez_pl) 14 de septiembre de 2017
Sin embargo, Aizenstatd sostiene que la CC tiene la potestad de accionar, inclusive antes de conocerse la decisión del presidente Jimmy Morales sobre estas normativas, si decide vetarlas o sancionarlas.
El Presidente este jueves en un mensaje televisado dijo que se analizarán ambos decretos antes de decidir si las sanciona y aprueba y las veta y regresa al Congreso, sin embargo la Procuraduría General de la Nación desde el mismo miércoles se pronunció en contra de las reformas, por considerar que habían inconstitucionalidades en su proceso de aprobación.
Expertos en derecho analizan si los diputados que aprobaron esto delitos han cometido delitos, como resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad e inclusive podría negárseles por el Tribunal Supremo Electoral la inscripción para ser reelectos, considerando los principios de honorabilidad que los candidatos deben tener y que esta aprobación representa una negativa.
Ante este extremo este jueves algunas organizaciones civiles han manifestado su intención de accionar penalmente contra los diputados que participaron y aprobaron las dos reformas.
