En el comunicado de la Vicepresidencia, en el cual nunca aparece el nombre de Guillermo Castillo, se señala que el 10 de julio de 2020 se originó la denuncia penal contra el vicemandatario, pero sin ninguna prueba ni medio de convicción atendible.
En la denuncia se menciona que el funcionario “efectuó un nombramiento ilegal en la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), por cuanto la persona designada no llenaba los requisitos establecidos en la Ley”.
Señalan que la mencionada denuncia es espuria, ilegitima y política, por las razones siguientes.
- La Contraloría General de Cuentas en revisión efectuada al Ejercicio Fiscal 2020 de la Senabed, analizó el nombramiento en referencia, solicito informes, corrió audiencias y como resultado final no confirmó hallazgo alguno, lo que significa que ésta es una acción administrativa juzgada y de ninguna manera una acción penal, como pretenden calificarlo quienes han intervenido en el proceso de antejuicio. Con ello se dejaría sin materia la denuncia planteada.
- No obstante lo anterior, es oportuno señalar que tanto el denunciante como las autoridades que han sustanciado el expediente no advirtieron lo siguiente:
- Que el nombramiento -temporal, se efectuó conforme a lo establecido en la Ley de Extinción de Dominio que señala: Por ausencia definitiva del Secretario General, se designará una persona para completar el periodo original de tres años. Ese nombramiento temporal tuvo lugar, debido a que en el mes de junio de 2020, el secretario general de Senabed, presentó su renuncia al cargo faltando dos meses del periodo para el que fue elegido en 2017.
- Que la profesional nombrada sí llenaba las calidades y requisitos que exige el Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio -pruebas documentales obran en el expediente- y fue únicamente por dos meses para completar el periodo original del anterior secretario general.
- Que previo al nombramiento en referencia, se inició en abril de 2020 el proceso público de concurso por oposición (convocatoria, integración de comisión revisora, entrevista de candidatos, etc.) que finalizo con el nombramiento de un nuevo secretario general para el periodo de 3 años, contados a partir del 7 de agosto del 2020, quien ocupó en definitiva ese cargo.
“Vale la pena resaltar que el 20 de julio de 2020, según Acta 07-2020, el vicepresidente de la República informó al Pleno del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), sobre el nombramiento temporal, que por 2 meses se había realizado. No obstante ser esta una facultad vicepresidencial, no se recibió alguna objeción, recomendación u opinión en contrario. Asimismo, en esa sesión se informó a Conabed sobre el estado del concurso por oposición para la designación del nuevo secretario general para el periodo 2020-2023”, se lee en el comunicado.
El documento agrega que por esos motivos se concluye que el nombramiento se realizó con fundamento en normas vigentes y recayó en un profesional que cumplía los requisitos necesarios para optar a ese cargo.
Es por eso que esta situación ha sido calificada como un juicio político “que es a todas luces espurio e ilegitimo”.
El comunicado agrega que el expediente de retiro de inmunidad está en el Congreso de la República para que continúe su trámite.
La Vicepresidencia afirma que el Congreso ya tiene conocimiento de los hechos antes descritos, dadas las acciones ante ellos planteadas, las que deben ser resueltas antes de que se instale la comisión pesquisidora.
Conocerá el caso
El Congreso de la República conocerá en la plenaria de este miércoles 8 de noviembre dos solicitudes de retiro de derecho de antejuicio en contra de funcionarios del Organismo Ejecutivo. La primera denuncia es en contra de Guillermo Castillo, vicepresidente de Guatemala, y la segunda contra Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones.
Mediante sorteo, usando una tómbola, la Junta Directiva deberá de seleccionar a los cinco integrantes de la Comisión Pesquisidora, en donde la única persona que queda fuera del sorteo es el presidente del Congreso, los otros 159 diputados son elegibles.
Rechaza denuncia
El vicepresidente de la República Guillermo Castillo aseguró el martes pasado que la solicitud de retiro de inmunidad en su contra es una situación política, pues la denuncia planteada que dio pie al proceso no se sostiene jurídicamente.
“Se refiere a un nombramiento que se hizo por dos meses en el año 2020 en consecuencia de que el secretario general de esa época renunció para irse a otra posición” refirió el vicemandatario.
Además, en su defensa explicó que el nombramiento del secretario general de la Senabed debe llevar un proceso de comisión de postulación según su ley orgánica en el artículo 15, pero debido a que se quedó sin vacante ese puesto por dos meses, la ley establece que por ausencia definitiva se puede nombrar a una persona solamente para terminar el período.
Castillo añadió que de ser citado al Congreso asistirá para informar y hacer los descargos respectivos.
