Al principio se había establecido que en el 2015 serían desembolsados Q40 millones, de Q170 millones prometidos.
Carlos Chen Osorio, representante de la Asociación de Comunidades Afectadas, enfatizó en tono molesto: “Significa que el Gobierno no cumple con lo negociado. Es un derecho y no un regalo de las autoridades”.
Además, si bien expresó que con el pago queda un precedente para la restitución de derechos de otras comunidades, pidió al Organismo Ejecutivo priorizar durante el proceso de transición y en el presupuesto del próximo año la continuidad del pago, pues son dos mil 329 familias las que deben recibir el aporte.
En enero del 2014, Estados Unidos aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas, que establecía no votar a favor de créditos de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo para Guatemala.
Las condiciones no cambiarían si no se agilizaban procesos de adopciones de familias estadounidenses y el resarcimiento a damnificados por la construcción de Chixoy.
En junio del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó a representantes de las comunidades donde fueron masacradas 444 personas en 1982, por oponerse a la hidroeléctrica, y en septiembre falló en contra del Estado.
El 14 de octubre del 2014 fue firmada la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas.
“Las arcas están bastante mal y además está lo ocurrido en El Cambray 2. Se hizo un gran esfuerzo, pero el Estado dejó de percibir impuestos y no hay recursos”, dijo.
“Nuestras luchas dan sus primeros pasos, luego de negociaciones con varios gobiernos. Tuvimos que sobrevivir a la violación de nuestros derechos humanos”, manifestó Chen.
El líder afirmó que fueron unas 33 comunidades las afectadas y que la hidroeléctrica ahora es vista por ellos como un “símbolo de pobreza y esclavitud”.
Fuentes Soria argumentó que la intención gubernamental ante la crisis es dar la percepción de confianza en la población, y una forma fue conseguir los recursos para pagar el resarcimiento. “Se ha elaborado un plan con áreas estratégicas en cada ministerio”, concluyó.
Mensaje positivo
El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, acudió a la primera entrega de cheques, que se llevó a cabo en Rabinal, Baja Verapaz, lugar en el que habita la mayoría de desplazados de los terrenos donde se ubica la hidroeléctrica.
“Esperamos que se sigan manteniendo los acuerdos para implementar la reparación integral”, refirió el comisionado, al mismo tiempo que expresó que tal situación crea un precedente para el país y envía un mensaje positivo a la población.
“Que el Estado materialice el proceso de reparación no hubiera sido posible sin la lucha incansable de las 33 comunidades que durante casi cuatro décadas no dejaron de exigir sus derechos humanos”, afirmó el representante de la ONU.
En la política aprobada en noviembre del 2014 incluyen cinco medidas que son: la reparación mediante fondos, adquisición de tierras, construcción de carreteras y puentes, y servicios básicos.
La segunda es satisfacción y no repetición, y también figuran la rehabilitación, restitución y resarcimiento.
Piden seguridad
Chen hizo pública una solicitud de seguridad para los sobrevivientes de las masacres, dirigentes y asesores, pues aseguró que desde que empezaron la lucha por la restitución de sus derechos han sido víctimas de amenazas y atentados, de lo cual responsabilizan al Estado guatemalteco.
El vicepresidente Fuentes Soria no respondió de inmediato a la solicitud de los comunitarios, pero aseguró que se reunirán el próximo lunes.
