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La fuente señaló además que “el Departamento de Defensa también está evaluando transferencias al Ministerio de la Defensa de Guatemala, caso por caso, en el contexto de nuestra larga relación y esfuerzos de capacitación”.
Degenhart dijo el jueves que “no hay ningún retiro” del apoyo de Estados Unidos sino que se trató de “una mala interpretación de la información oficial” de ese país y que, al contrario, “el apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia el Estado de Guatemala no solo continúa, nunca ha sido mejor que en las condiciones actuales”.
El Departamento de Defensa reiteró que el gobierno de Guatemala es un aliado y socio de los esfuerzos de seguridad de Estados Unidos en la región, sin embargo, “el repetido uso incorrecto de los vehículos militares (jeeps J8) proporcionados por Estados Unidos, ha requerido una revisión del apoyo a programas de cooperación en seguridad”.
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Esto además responde a las declaraciones del ministro guatemalteco, quien indicó que Estados Unidos hizo “una interpretación errónea, que no compartimos”, respecto al uso de los jeeps J8.
Estos vehículos circularon frente a la Embajada de EE. UU. el 31 de agosto del 2018, cuando el presidente Jimmy Morales anunció que Guatemala no solicitaría la renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
“A partir del 31 de agosto del 2018, los vehículos donados por el Departamento de Defensa a las FTIs han sido usados repetidamente por el Ministerio de Gobernación de una manera que transgrede los términos y condiciones de las transferencias”, señaló el portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU.
Un vocero de la embajada de ese país en Guatemala además indicó: “Los Estados Unidos y Guatemala han construido una relación de mutuo respeto y cooperación. Nuestras alianzas con el Ministerio de la Defensa de Guatemala y las fuerzas armadas de Guatemala son ejemplos de nuestros esfuerzos constructivos.”
La respuesta, sin embargo, no menciona la relación con el Ministerio de Gobernación.
Uso cuestionado
Los jeeps J8 fueron donados en diferentes momentos al gobierno de Guatemala, pero el acuerdo de donación establece que su uso es específico para patrullajes en las fronteras y el combate del narcotráfico, según confirmó la Embajada de Estados Unidos en una respuesta anterior.
La misión diplomática afirmó que el gobierno estadounidense nunca recibió notificación de que los vehículos de servicio militar serían utilizados para un tipo de patrullaje distinto a los fines para los que fueron asignados. “Los documentos de donación especifican que los J8 se deben utilizar para operaciones antinarcóticos”, señaló.
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También causó reacciones en EE. UU. las declaraciones que el secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Duarte, ofreció el 31 de enero pasado y donde indicó que debido a que los vehículos son una donación, son propiedad de Guatemala y por lo tanto, el país puede hacer el uso que considere de ellos.
“Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes -Estados Unidos- nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente, no se preocupen, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos para seguir dando los buenos logros que estamos dando”, indicó, lo que provocó que congresistas y senadores de aquél país soliciten la devolución de los vehículos, aunque esto no se ha concretado.
Implicaciones
La suspensión de la ayuda de EE. UU. a Guatemala tiene repercusiones que afectan a los guatemaltecos y revela las prioridades del actual gobierno, señalan los analistas en seguridad Walter Menchú y Alejandro Rodríguez.
Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), comenta que la suspensión de ayuda afectará en el costo de mantenimiento de los vehículos militares, por lo que se debe destinar parte del presupuesto de la cartera de Gobernación para ello y de no hacerlo, estos terminarán siendo obsoletos.
“Estos están destinados a hacer frente al narcotráfico, y si no funcionan va a haber un repunte en cuanto a estos ilícitos”, estima Menchú, quien además recuerda que no se sabe con certeza el impacto que ha tenido su uso, pues no hay mediciones efectuadas por Gobernación.
Por su parte, Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, estima que la actual administración de gobierno ha dejado de lado “gravemente” sus obligaciones internacionales y del combate al narcotráfico y que se ha enfocado solamente en el debilitamiento de la Cicig.
“La comunidad internacional no está dispuesta a que continúe esta situación y que el gobierno convierta el país en un paraíso para la delincuencia organizada mientras procura mantener su impunidad”, asegura el analista, quien considera que Guatemala se está aislando internacionalmente.
Rodríguez señala que no puede haber seguridad si se tiene un sistema debilitado.
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