El fiscal Edwin Marroquín explicó que esa petición se debe a que prevé que Castillo pueda tomar posesión el próximo 15 de enero y ya no se sigan las investigaciones en su contra.
La Fiscalía también teme que Castillo, por su poder económico, pueda fugarse del país antes de que el Ministerio Público (MP) presente acciones en su contra.
El memorial fue presentado ayer al mediodía, pero los magistrados no pudieron entrar a conocerlo, porque dicho ente no está integrado, debido a que Dina Elizabeth Guerra, presidenta de la Sala, solicitó una licencia.
En esa sala se informó que será hasta el 2 de enero próximo cuando se conozca la resolución de la jueza de Jutiapa, quien sugirió que se le retirara la inmunidad a Castillo, así como la petición del MP, que exige que se aceleren los trámites.
La última semana, la jueza de Jutiapa presentó su informe a la Sala Regional de Jalapa, en el cual sugiere que le sea retirada la inmunidad a Castillo. La Corte Suprema de Justicia también resolvió que, en su calidad de diputado electo, es procedente investigarlo por la muerte de tres diputados salvadoreños y su piloto.
La Fiscalía afirmó que tiene evidencia de que Castillo incurrió en los delitos de encubrimiento, cuando no quiso informar quién es la persona con la que sostuvo más de 61 conversaciones telefónicas, conocida sólo como Montaña 3, y que también se comunicó con los presuntos autores materiales del crimen contra los diputados.
Castillo se negó a revelar la identidad de Montaña 3, a pesar de que, el 19 de febrero último, conversó por teléfono con él.
Ese personaje, con el número 5527-6421, tuvo comunicaciones antes, durante y después del asesinato de los diputados, supuestamente, para dirigir ese crimen.
También se cree que Castillo pudo haber incurrido en asociaciones ilícitas, pues las pesquisas han establecido que Montaña 3 se comunicó con personas que participaron en ese crimen, entre ellas, los sindicados Mario Lemus, Obdulio De León y Vanner Morales.
Adilio Juárez, abogado de Castillo, presentó ayer una recusación contra Guerra, porque cree que ella emitió opinión al afirmar que declarará con lugar el antejuicio.
Añadió: “Otra de las causales de recusación son la amenazas que dice estar sufriendo, pues lo que busca es que la trasladen. Además, mi cliente y ella tienen una enemistad grave”.
Castillo, por medio de su abogado, presentó un amparo en contra de la jueza de Jutiapa, pues, a su criterio, a su cliente se le violó el debido proceso y el derecho de defensa y de audiencia.
