Según los medios de prueba que presentó la fiscalía del MP, Cipriano de León y Solano Alcaza cometieron ambos delitos durante el periodo 2008-2012, cuando fungían como alcalde y tesorero, respectivamente.
La audiencia se efectuó en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Coatepeque, Quetzaltenango.
La judicatura estableció una pena de tres años de prisión inconmutables por incumplimiento de deberes; sin embargo, se les concedió el beneficio de la suspensión de la condena.
Además, por el delito de apropiación y retención indebida fueron condenados a seis meses de prisión conmutables para cada uno, a razón de Q5 diarios.