Autoridades informaron que Bolaños es señalado de asesinato en grado de tentativa y Zachrisson es procesada por conspiración para el asesinato, ya que ambos habrían actuado en contubernio para matar al periodista Armando José Marcelo Soto Enríquez.
La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, donde el Ministerio Público (MP) los acusó de haber cobrado seguros de vida de forma fraudulenta.
De acuerdo con la acusación del MP, los sindicados adquirieron un seguro por Q2 millones 400 mil y otro de Q800 mil a nombre de Soto Enríquez, de los cuales la beneficiaria sería Zachrisson.
Jerome Afre Hernández, agente fiscal del ente investigador, indicó que en el transcurso del debate se probará la culpabilidad de los dos sindicados, a quienes se logrará condenar en base a las pruebas.
Según la acusación, Bolaños intentó matar al comunicador el 30 de mayo del 2012 en el kilómetro 221.8 de la ruta entre
Zunil y el turicentro Fuentes Georginas, donde le disparó en varias ocasiones y después de un forcejeo, la víctima herida se lanzó a un barranco.
Añade que luego los sindicados lanzaron al abismo el vehículo de Soto Enríquez, porque según ellos había muerto.
Explica que del 2011 a mayo del 2012, Zachrisson y Bolaños conformaron junto a Carlos Portillo, María Sacayón y Pedro Lemus, una asociación criminal dedicada a cometer los delitos de falsedad ideológica y asesinato.
Una de las implicadas, Sacayón, quien se encuentra prófuga, fingía ser la novia de la víctima para atraerla a los demás integrantes de la estructura criminal. También contrató a Soto para que se encargara de un proyecto de extracción de madera, razón por la cual viajaron al lugar donde ocurrió el ataque.
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Carmen Fuentes, abogada defensora, manifestó que el juicio comienza 14 meses después de que se ordenó el inicio, ya que el abogado de la víctima ha interpuesto diversas acciones en contra de las resoluciones que se han dado en el proceso y de los jueces asignados a conocer el mismo.
La fiscalía cuenta con 30 pruebas, entre estas documentos falsificados para adquirir los seguros, los cuales no fueron cobrados, porque la víctima no murió.
