El número de brazaletes equivale al de personas que según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) pueden optar a una medida sustitutiva con ese mecanismo, pero que permanecen en las cárceles del país.
El único
En la segunda quincena de junio último, el juez Werner Godínez, del juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de Villa Nueva, accedió a que un hombre de 34 años de apellidos Sucup Caal obtuviera la medida sustitutiva mediante el control telemático mientras culmina el proceso, y paga por los daños que causó. Con esta metodología, los procesados no deben llegar a firmar el libro cada cierto tiempo para dejar constancia de que no se dieron a la fuga.
Sucup Caal fue ligado a proceso por lesiones graves y responsabilidad de conductores por un accidente de tránsito ocurrido en ese municipio el mes pasado, aunque ya tiene antecedentes por verse involucrado en otros percances viales, según la Policía Nacional Civil. Esta persona compra y vende chatarra.
“El juez de Villa Nueva le dio la oportunidad para que pague los daños que causó y que siga trabajando y sea productivo, y así pueda pagar el uso del brazalete. Por ahora solo pagó una quincena de junio, pero deberá cancelar Q1 mil 500 por todo el mes de julio”, indicó Jorge Aguilar, portavoz del Mingob.
Las disposiciones del juez establecen que Sucup Caal solo puede desplazarse dentro del perímetro del departamento de Guatemala. Si sale del área, el dispositivo enviará una señal al centro de monitoreo del Mingob y de inmediato se desplegarán agentes policiales para interceptarlo y el juez podrá revocar las disposiciones.
“Él manifestó que su madre vive en Chimaltenango y necesita verla, pero las disposiciones del juez están dadas. El informe de monitoreo que se haga se entregará de forma periódica al juez, para que verifique que esta persona cumple con las prohibiciones”, precisó Aguilar.
Limitaciones
Uno de los propósitos principales del control telemático es deshacinar las cárceles. Aguilar dice que el hecho de que solo una persona sea monitoreada no significa que sea un proceso lento y lo mismo ha ocurrido en otros países.
Corinne Dedik, analista en sistema carcelario del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirma que las tobilleras electrónicas son una herramienta útil para tener mejor control de la medida sustitutiva, y aunque hay desconocimiento de jueces, fiscales y abogados, es “prematuro” decir que el sistema no funciona y hay que esperar que los involucrados se informen y experimenten todo lo que conlleva este procedimiento.
“Hay que estar claro que no en todos los casos se puede ordenar el uso del control telemático para acompañar una medida sustitutiva. Hay que dar tiempo, porque un juez dictará conforme se presenten casos en los que se considere apropiado el control telemático. No hay que alarmarse si no se aplica del todo en el primer mes”, expresó.
Según análisis del Cien, en el sistema penitenciario hay 10 mil reclusos en prisión preventiva, de los cuales dos mil podrían aplicar al control telemático por el tipo de delito que enfrentan.
“Si no contamos a las personas que están en prisión por delitos que no permiten medidas sustitutivas, más los reincidentes y otro porcentaje que no aplica por peligro de fuga, estimamos que dos o tres mil internos pueden aplicar a la tobillera electrónica, pero al final el juez es el que decide”, dice Dedik.
Para la especialista, el control telemático también debería aplicarse a quienes ya cumplieron más de la mitad de su condena y pueden entrar a un proceso de libertad controlada, así como en los casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, como medida de protección para cerciorarse que los agresores no se acerquen a la víctima.
El artículo 264 del Código Procesal Penal establece que entre los delitos en los que no procede la medida sustitutiva están el homicidio, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, plagio o secuestro, robo agravado y reincidencia por portación ilegal de armas de fuego. Tampoco procede en femicidio.
Bajar cuotas
Abogados y analistas en Derecho consideran que uno de los retos es que las personas ligadas a proceso y de escasos recursos puedan acceder a esos dispositivos y no se genere más hacinamiento en las prisiones, puesto que el juez también debe analizar si tienen la capacidad de pagar por el servicio de este sistema, cuya tarifa es de Q50 diarios, Q1 mil 500 mensuales.
Estos ingresos van a las arcas del Mingob para cubrir gastos administrativos y mantenimiento de la Unidad de Control Telemático.
Asimismo, los juristas puntualizan que el problema radica en que el sistema aún es desconocido para la mayoría de sus colegas y jueces, a pesar de que según el Mingob ha sido socializado con operadores de justicia y fiscales.
El dispositivo que se coloca en los tobillos es resistente al agua, tiene un peso de 68 gramos y funciona por carga inalámbrica. Las correas de fijación al tobillo tienen un material de fibra con refuerzo de acero, lo cual lo hace resistente al quererlo quitar o cortar.
También es hipoalergénico, lo que significa que el material que está en contacto con la piel no producirá ningún tipo de alergia.
