El rechazo generalizado a la polémica ley no detuvo a Francisco Reyes López, quien como presidente en funciones firmó la ley el miércoles, por lo que ayer fue publicada en el diario oficial.
Las organizaciones de prensa fueron las primeras en reaccionar.
Primero, la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, informó que analiza presentar una acción ante la Corte de Constitucionalidad, CC.
También la Cámara Guatemalteca de Periodismo, por medio de un comunicado, dice que acudirá a las cortes para defender la libertad de expresión, e hizo un llamado a la sociedad para preservar ese derecho.
Al gremio periodístico se unieron políticos de oposición.
El Partido de Avanzada Nacional, PAN, consideró que la norma es inconstitucional, y por ello podría presentar una acción ante la CC.
Jorge Rosales, diputado panista, aseguró que la ley, al ser sancionada por Reyes López, refleja que al presidente Alfonso Portillo no le interesan los problemas nacionales.
?Reyes era el menos indicado para manejar ese tema, pues está en continua confrontación con los medios de comunicación. El FRG no respeta la ley, y como tiene mayoría, hace lo que le da la gana, pero esperamos que la CC corrija este error?, expresó Rosales.
El diputado Rafael Barrios, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, presentará una iniciativa para modificar la ley, que cobra vigencia desde hoy.
?El haber eliminado innecesariamente el inciso m) del artículo 2 fue un error, y provocó los problemas, lo cual debe rectificarse por medio de una modificación, y devolver la garantía a la libre expresión?, aseguró Barrios.
Lo eliminado señalaba que ?debe mantenerse el principio constitucional de la libre emisión del pensamiento y del derecho a ser informado, debiendo tener especial cuidado en que los mismos no sean menoscabados, vulnerados ni tergiversados bajo cualquier forma?.
Barrios presentará su iniciativa para enmendar la ley en las primeras sesiones del Congreso el próximo año.
?No es para periodistas?
Pese a la polémica que ha causado por estar en riesgo la libertad de expresión, Héctor David Ovando, presidente de la Asamblea de Colegios Profesionales, insistió en que la Ley de Colegiación Obligatoria no está dirigida a los periodistas. El fin de la misma, explicó, es la superación de los profesionales universitarios.
?No queremos causar caos con los periodistas ni limitar su trabajo?, enfatizó Ovando.
Añadió que la última palabra la tendrá la CC, y que su fallo será respetado por los colegios.
EE.UU., preocupado
?Sabemos que muchos sectores están preocupados por las implicaciones de la ley?, declaró Kay Mayfiel, agregada de prensa de la embajada de los Estados Unidos.
Agregó que cuando la misión diplomática elabore su informe anual sobre derechos humanos en Guatemala, mencionará la Ley de Colegiación, la cual es considerada por diversos grupos como limitante de las garantías constitucionales.
Reacción: APG, en sesión permanente
La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, acordó declararse en sesión permanente, tras cobrar vigencia la Ley de Colegiación Obligatoria.
De acuerdo con Salvador Bonini, presidente de la APG, la entidad gremial presentará un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, aunque evitó adelantar fecha.
?Nuestras comisiones Jurídica y de Libertad de Prensa analizan la ley, y junto a otras entidades de prensa acudiremos a la CC?, explicó.
Además, criticó al vicepresidente, Francisco Reyes López, quien ordenó publicar la ley, sin escuchar los criterios de las asociaciones de prensa del país.
