?Todo el tema del fortalecimiento del poder civil, así como el Acuerdo Global de Derechos Humanos quedó tirado?, se lamentó Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack.
A su criterio, el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, no estuvo convencido de los acuerdos de paz y, por lo tanto, su puesta en marcha ?ha sido nula; más bien ha habido un retroceso?.
Mack asegura que desde que la actual gestión está en el poder -de 2000 a la fecha-, han regresado las persecuciones contra grupos pro herechos humanos. ?Han utilizado el discurso de los acuerdos por pura conveniencia?, señala.
?FRG ha cerrado espacios?
Para Claudia Samayoa, directora de la Fundación Rigoberta Menchú, el FRG, en vez de impulsar los acuerdos de paz y su cumplimiento, ?ha cerrado los espacios para darles seguimiento profundo y participativo?.
Destacó que temas como la identidad de los pueblos indígenas han quedado en el olvido, pese a ser mayoría dentro de la población guatemalteca.
?Las consecuencias para el país no pueden ser peores?, puntualizó. Guatemala ?no puede salir de la crisis económica y social en que vive si no cumple con lo establecido en los acuerdos de paz?, indicó.
Samayoa insiste en que ?el avance en los acuerdos permitiría dar seguimiento a la agenda nacional y aliviar la crisis que afronta el país?.
Por ello, sugirió que la sociedad se apropie de lo pactado entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y exija al Gobierno que lo convierta en agenda nacional.
Sin embargo, considera que el camino es difícil, porque ?el Gobierno se ha caracterizado por el populismo con que actúa, y por darle más importancia a los intereses personales que favorecen la corrupción y a sectores oscuros?.
Sin compromiso
María del Carmen Aceña, directora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, afirma que el estancamiento de los acuerdos se debe a que este Gobierno no asumió el compromiso de darles cumplimiento, como el anterior.
Mencionó que la meta de la carga fiscal sigue siendo de 10 por ciento y no de 12, como establecen los compromisos suscritos entre el Gobierno y la ex guerrilla. y así ?no se puede dar educación ni salud?.
La URNG, a través de su secretaria general, Alba Estela Maldonado -comandante Lola- culpó de la situación a los gobiernos del PAN y el FRG.
?Nos preocupa mucho, porque la transición democrática está ligada al cumplimiento de los acuerdos?, expuso.
Por ello, advirtió que en la medida en que los acuerdos no se cumplan, los problemas económicos y sociales persistirán.
El presidente, Alfonso Portillo, reconoció el martes 24 que ?la paz es una necesidad insatisfecha; no puede haber paz si no hay justicia económica, laboral y de oportunidades?.
El Acuerdo de Paz Firme y Duradera fue firmado el 29 de diciembre de 1996 por el Gobierno y la URNG, con lo que se dio fin al conflicto armado interno de 34 años.
Señalamientos
Sectores sociales coincidieron en señalar que existen varios aspectos de los acuerdos de paz que no se han llevado a cabo. A continuación, algunos de ellos.
? En principio, destacan que no se cumple el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos.
? Afirman que persiste la persecución contra grupos defensores de los derechos fundamentales.
? Agregan que el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática tampoco se ha cumplido.
? Hechos como el nombramiento de un militar al frente del Ministerio de Gobernación y el aumento a Q1 mil millones al presupuesto del Ejército son muestra de ello, según las personas consultadas.
? El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas tampoco registra avances, indican.
? La discriminación racial continúa y la diversidad étnica no se reconoce, según el último informe en este tema de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala.
? El presidente, Alfonso Portillo, reconoció en cadena nacional, el 24 de diciembre, que la paz en el país está insatisfecha.
? Por ello, sectores sociales sugieren que debe haber voluntad política del Gobierno para que se cumplan los acuerdos, y demandan que para 2002 asuma su responsabilidad con la sociedad civil que sufrió 34 años de conflicto armado.
