La cita forma parte del acuerdo de solución amistosa que la SIP y el Estado de Guatemala, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, suscribieron el 2 de marzo último en Washington, DC, EE.UU.
En el documento, el Estado, por medio de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, se comprometió a efectuar una serie de acciones para resolver el caso de la periodista. Además, el expediente fue investigado por la SIP, como parte del proyecto “Crímenes sin castigo contra periodistas desde 1995”.
Gonzalo Marroquín, director editorial de Prensa Libre y vicepresidente de la SIP, y Ricardo Trotti, coordinador de prensa de esa organización, serán acompañados por Alfonso Fuentes Soria, titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, como representante del Gobierno, durante la cita con González.
?Para nuestra institución es prioritaria la reapertura del caso, según lo establece el acuerdo amistoso en el que el Gobierno se comprometió a proseguir y reforzar firmemente las acciones administrativas y legales orientadas a establecer la identidad de los responsables, así como la aplicación de las correspondientes sanciones penales y civiles?, señaló Roberto Cox, presidente de la SIP.
Puntos del acuerdo
Una indemnización económica a los familiares de la víctima, una beca para estudiar periodismo, erigir un monumento al periodista sacrificado y crear una cátedra universitaria de Historia del Periodismo, son algunos puntos que establece el acuerdo amistoso.
También, filmar un documental y escribir un libro con los reportajes de Flaquer, así como un acto público de dignificación a la periodista desaparecida.
Historia
La periodista Irma Flaquer fue secuestrada y desaparecida el 16 de octubre de 1980 en la ciudad de Guatemala.
En el hecho fue asesinado su hijo, quien la acompañaba en su vehículo.
Familiares y organizaciones de Derechos Humanos responsabilizaron a las fuerzas militares de su desaparición.
Flaquer se destacó entre 1971 y 1980 por su columna ?Lo que otros callan?, en el diario La Nación. En ésta criticaba la represión política, actos de corrupción de funcionarios y militares, así como las violaciones a los derechos fundamentales.
En 1997, la SIP elevó el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, con sede en Washington.
