Refirió que los señalados fueron autores intelectuales y dirigentes de personas que participaron en más de 45 hechos de violencia cometidos entre 1978 y 1982, entre desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos de empresarios y colocación de bombas.
Quien encabeza la lista de sindicados es Enrique Paz y Paz, padre de la fiscal general, Claudia Paz y Paz Bailey.
Los casos
Entre los casos señalados, ocurridos en 1980 y que según De Matta están documentados, se encuentra un atentado terrorista registrado el 5 de septiembre de ese año.
En esa ocasión los autores utilizaron artefactos explosivos y carros bomba en la esquina de la 6a. avenida y 8a. calle de la zona 1, con los que mataron a niños limpiabotas, cuyos restos quedaron esparcidos en el Portal del Comercio, copas de árboles y edificios circundantes.
En el expediente también se menciona otro caso ocurrido el 11 de febrero de 1980, cuando células terroristas atacaron en forma simultánea, con armas de fuego y explosivos, la sede de la Embajada de El Salvador en Guatemala y la subestación de la Policía Nacional de la zona 3.
Ese día, las fuerzas de seguridad llegaron a tiempo y desactivaron una bomba de alto poder destructivo, dirigida a un diario del país.
“En una guerra hay dos lados, y solo se ha dañado a la familia militar. Por eso pedimos a la fiscal que investigue, porque hizo el juramento de servir al país. No hizo excepción de personas y todos merecemos ser tratados por igual”, indicó De Matta.
Trasladan denuncia
Paz y Paz Bailey dijo que la denuncia fue trasladada a la Agencia especial para la investigación de los delitos cometidos por grupos armados no estatales durante el conflicto armado interno, que se encuentra en la Fiscalía de Derechos Humanos.
“Creo que con estas denuncias ganamos todos porque el escenario es la justicia. Así como ellos la exigen en casos donde estuvieron implicados supuestos miembros de la guerrilla, también hay donde estuvieron implicados supuestos integrantes del Ejército. Mi obligación es atenderla. Creo que las vías legales son vías legítimas en un estado de Derecho”, expuso.
Este es el segundo caso que conocerá la unidad citada. La primera querella fue presentada por Ricardo Méndez Ruiz, respecto de un secuestro del que fue víctima en 1982.
Jorge Rolando Barrios, abogado constitucionalista, refirió que si bien los familiares de los caídos durante el conflicto armado tienen derecho de pedir investigación por parte del Estado, el cese de la persecución contra militares es una pretensión que trasciende las facultades del MP y de los tribunales, ya que están obligados a abrir investigación.
Prensa Libre intentó comunicarse con algunos de los denunciados, pero no respondieron sus teléfonos.
