La cancillería guatemalteca identificó a cuatro de los cinco fallecidos como Rosa María de la Cruz Curruchich de Ortiz, de 37 años, su hijo Bernardo Ortiz de la Cruz, 18, y las menores María Guadalupe Francisco Basilio, 16, y Florinda Manuel Pascual, 17. El quinto cuerpo aún no ha sido identificado.
Desde enero del 2017, al menos 10 personas murieron ahogadas en el Río Bravo en el tramo fronterizo de El Paso-Juárez, según cifras de la policía de El Paso.
Uno de los dramas que más captó la atención internacional ocurrió dos días antes en San Antonio, Texas, cuando la Policía encontró en un furgón 10 cadáveres de migrantes, uno de ellos era del guatemalteco Frank Guisseppe Fuentes Gonzáles, 20, y otros eran de origen mexicano. Perecieron asfixiados por falta de aire en un contenedor que, según versiones, llevaba unas cien personas que eran trasladadas de Laredo, México, a Texas, Estados Unidos.
Negocios despiadado
La compañía de camiones vinculada con este caso letal de tráfico humano en Texas se promocionaba como un éxito de la economía estadounidense: una firma familiar cuyos chóferes eran muy trabajadores y ayudaban a mantener la economía de Estados Unidos.
Sin embargo, detrás de esa imagen estaba un negocio despiadado que burló las leyes federales durante años y aún así logró mantenerse a flote a pesar de sus problemas financieros y sus enredos con fiscales, reguladores y recaudadores de impuestos, según registros públicos y entrevistas con conductores que trabajaron para la firma.
Ahora, Pyle Transportation enfrenta la mayor amenaza a su supervivencia hasta ahora, después de que James Bear Bradley Jr., uno de sus chóferes, fue acusado de la muerte de 10 inmigrantes hallados en un sofocante furgón bajo el calor de 37 grados centígrados de San Antonio.
Los investigadores escudriñan la afirmación del propietario de la firma de que no sabía nada sobre una operación que las autoridades federales han descrito como sofisticada y posiblemente vinculada con un cartel mexicano del narcotráfico. Los reguladores federales han lanzado una pesquisa sobre los antecedentes de la compañía en cuestiones de seguridad.
Solo silencio
Brian Pyle, propietario de la empresa, dijo que no sabía nada del contrabando de seres humanos, pero después ha declinado comentar sobre las operaciones de su compañía.
Pyle Transportation anunciaba en internet su flotilla de camiones de vanguardia y alardeaba de su buen servicio, su amor por el país y su fe en Dios. Sin embargo, los conductores que solían trabajar para Pyle dijeron que la compañía solía presionarlos para que violaran las normas federales de seguridad. Los pilotos aseguraron que se les presionaba para que condujeran demasiadas horas sin descansar, que falsificaran sus bitácoras de viaje con el fin de ocultar dichas violaciones y que transportaran cargas con exceso de peso con plazos de vencimiento no realistas. Dijeron que si se quejaban enfrentaban represalias y falta de pago.
Compleja red
Estas tragedias demuestran que los contrabandistas de personas han encontrado un modelo de negocio duradero en el transporte de grandes grupos —a menudo camiones— a través de una compleja red de guías a pie, operadores de casas de seguridad y conductores, dijo Thomas Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
El aumento en el uso de camiones coincidió con el incremento del comercio con México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto permitió a los contrabandistas integrar a los migrantes más fácilmente en su carga, especialmente en la Interestatal 35 desde Laredo, Texas, a San Antonio, señala Guadalupe Correa Cabrera, politóloga en la Universidad de Texas.
Para los contrabandistas, las ventajas de usar camiones son muchas. “Es como cualquier otro negocio: cuánto más mueven, más beneficio sacan”, apuntó Homan.
Los conductores de los camiones son peones de una gran máquina. Se reclutan en casinos donde las bandas buscan a personas con mala suerte en el juego, desesperados por obtener dinero fácil.
