A pesar del riesgo, la diversidad lingüística está protegida por leyes e instituciones. En 2003, el Congreso de la República aprobó la Ley de Idiomas Nacionales, que obliga al Estado a ofrecer sus servicios en lenguas indígenas. Además, la Academia de Lenguas Mayas (ALMG) es responsable de producir vocabularios, gramáticas, diccionarios y otras herramientas que permitan el traspaso de esta riqueza cultural a los más jóvenes.
En este reportaje de profundidad, viajamos a San José, Petén, para conocer a cuatro de los últimos 36 hablantes del maya itza’ y comprender qué hace (o deja de hacer) el Estado para proteger el plurilingüismo.
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