Al menos 37 muertos por la incursión de fuerzas especiales en un centro de detención judicial en el sur de Venezuela
Según denunció Liborio Guarulla, el gobernador del estado Amazonas, en el sur del país, la irrupción de una unidad especial terminó en una "masacre".
Daniel García Marco (@danigmarco)
BBC Mundo, Caracas
El Ministerio Público de Venezuela anunció este miércoles que está investigando la muerte de 37 personas en un centro de detención judicial del estado Amazonas, en el sur del país.
“Los decesos ocurrieron durante toma de Centro de Detención Judicial de Amazonas en la cual resultaron heridos también 14 funcionarios”, comunicó en twitter la Fiscalía.
Antes, el gobernador del estado, Liborio Guarulla, había denunciado la muerte de más de 35 personas en lo que consideró como una “masacre”.
“Masacre en el Centro de Reclusión (CEDJA) de Puerto Ayacucho, más de 35 cadáveres dejó la toma de este centro por la Unidad Especial del MRIJP (Ministerio de Interior y Justicia)”, escribió Guarulla en Twitter.
Según el gobernador, en el lugar había 105 detenidos, por lo que murió el 40% de los reclusos.
Los hechos sucedieron la noche del martes.
“Anoche arribaron a Puerto Ayacucho unos grupos especiales para la toma de este centro (…) Se sabía que los reos estaban armados y los directivos pidieron hacer la requisa, ayer se concretó esa intervención”, dijo Guarulla a la agencia Reuters.
Los “pranes”
Actuaciones de este tipo en cárceles son habituales en Venezuela. Muchos centros han estado o están bajo el control de los llamados “pranes”, jefes de bandas que dominan las prisiones sin oposición de los funcionarios públicos.
El último caso conocido fue el de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), donde tras semanas de enfrentamientos entre febrero y marzo de este año, las fuerzas del orden se hicieron con el mando del penal y descubrieron incluso la existencia de una fosa común en su interior.
En las cárceles de Venezuela se han denunciado muertes, secuestros y el fácil acceso a drogas y armas. Desde el interior se controlan incluso acciones delictivas en el exterior.
Pero este tipo de tomas por parte de las unidades especiales de la Fuerza Armada no es tan habitual en centros de detención.
“Es el evento más grave que yo he visto en centros de detención preventiva”, dijo a BBC Mundo Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana A La Libertad.
Nieto Palma ha venido denunciando que los centros de detención se han convertido en miniprisiones donde los reclusos, que no deberían estar allí más de 48 horas antes de comparecer ante un juez, terminan pasando semanas, meses e incluso años a la espera de una sentencia o de un cupo para ser trasladados a la cárcel.
Esos centros no tienen la infraestructura para que una persona cumpla con una pena en prisión, denuncia.
BBC Mundo visitó en marzo uno de estos centros de la policía del estado Miranda en Los Teques, cerca de Caracas. Las pequeñas celdas daban cobijo a más de diez personas. No había patio ni infraestructura de cocina para alimentarlos. Sus familiares hacían cola para llevarles los alimentos dos veces al día.
Amazonas sin cárcel
“Ese centro de detención de Amazonas tiene la gravedad de que en Amazonas no hay ninguna cárcel, por lo que se ha convertido en la cárcel del estado”, explicó a BBC Mundo Nieto Palma.
“Es una casa grande sin condiciones para tener a muchos reclusos”, dijo sobre el centro tomado este miércoles, en el que murieron al menos 37 personas.
“No tiene capacidad para más de 30 personas, por lo que se terminan haciendo ampliaciones”, explicó el abogado y profesor universitario.
Nieto Palma culpa de esta situación tanto al sistema judicial, que retrasa las audiencias y los procesos, como al Ministerio de Servicios Penitenciarios.
“Le corresponde (al Ministerio) velar por los derechos humanos de los privados de libertad, tanto de los procesados como de los penados”, afirma Nieto Palma, que recordó que el plan del Ministerio, creado hace 5 años, era construir una cárcel en cada estado del país, con especial prioridad en Amazonas, porque no tenía ninguno. Sigue sin haberlo, denuncia Una Ventana A la Libertad.
Un portavoz del Ministerio traspasó la responsabilidad de lo sucedido en Amazonas a la gobernación al no tratarse de una cárcel.
“Hace un mes estuvo allí la ministra, Mirelys Contreras, con un grupo del Ministerio para brindar apoyo y evaluar a los privados de libertad”, dijo el portavoz a BBC Mundo.
Según los datos de Una Ventana A la Libertad, en Venezuela hay 105.000 reclusos. De ellos, 57.000 están en cárceles del Ministerio de Servicios Penitenciarios y el resto, en centros de detención preventiva.
