Ciudad Guatemala
Juan Carlos Monzón estaba en Corea del Sur junto a su jefa, la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, cuando ella recibió la llamada que cambiaría para siempre el rumbo de sus caminos, que durante los últimos cuatro años había estado íntimamente vinculado.
Escrito por Felipe Puerta y Steven Dudley / Insight Crime
Al otro lado del teléfono estaba el presidente Otto Pérez Molina, quien tenía información sobre una orden de captura que esperaba a Monzón, el secretario privado de la vicepresidenta, el día siguiente, a su regreso a Guatemala.
La comitiva que acompañaba a Baldetti a recibir un doctorado honoris causa en Trabajo Social de la Universidad Católica de Daegu el 16 de abril de 2015 también incluía a su asistente personal y exdiputada del Partido Patriota (PP), Daniela Beltranena de Campbell.
Según Beltranena, la reacción inicial de todos fue de resignación. Años después frente a un estrado, Beltranena diría que encontró a Monzón y a Baldetti llorando en la habitación de la vicepresidenta. Según Beltranena, la respuesta inmediata del equipo fue que deberían volver al país.
Pero la decisión de Juan Carlos Monzón no solo lo afectaría a él. El secretario privado de la vicepresidenta era señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de liderar una estructura de fraude aduanero que sería conocida como La Línea. Un esquema que implicaría a docenas de funcionarios y que, como luego se sabría, era dirigido desde lo más alto de la presidencia, por Pérez Molina y Baldetti. Y la vicepresidenta no estaba lista para darse por vencida.
Según Monzón, Baldetti ordenó a Beltranena que realizara los preparativos para su fuga, que incluyó comunicarse con el embajador de Guatemala en Corea del Sur para que le ayudara con el escape.
Luego, la vicepresidenta le entregó a Monzón un celular nuevo con cobertura internacional que, según dijeron investigadores del caso a InSight Crime, le había sido asignado a Baldetti por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), la versión guatemalteca del servicio secreto, a través del cual podrían estar en contacto.
Mientras el secretario privado de la vicepresidenta evaluaba detenidamente sus opciones, al otro lado del mundo, en una exclusiva oficina en Ciudad Guatemala, otra de las figuras más poderosas del PP enfrentaba un dilema similar.
Alejandro Sinibaldi había renunciado el año anterior a la dirección del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del PP y por esos días ya era precandidatoa la presidencia de la República por ese mismo partido.
Pero Sinibaldi tenía un historial de corrupción por derecho propio, específicamente por aportes electorales ilícitos y esquemas de sobornos, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que los investigadores tocaran a su puerta.
El partido financió su llegada al poder a través de una serie de empresas de cartón que funcionaban para recibir dinero ilícito de una amplia gama de financistas, lavarlo y luego inyectarlo a la campaña electoral sin reportarlo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según dijeron investigadores del caso en Guatemala a InSight Crime, 95 por ciento del dinero que ingresó a la campaña no fue reportado y fue enviado a cuentas privadas.
El gobierno de Pérez Molina y Baldetti entendía claramente que para hacer política y dinero en Guatemala, los políticos y empresarios corruptos trabajan con lo que ellos mismos llaman “cuotas de poder” o favores, que pueden abrir puertas para acceder a contratos y beneficios del gobierno.
La Línea fue solo el comienzo. Los investigadores posteriormente dejarían al descubierto el modus operandi de la administración y de sus aliados, y mostrarían cómo el gobierno del PP, tal vez más que cualquiera antes que ellos, había encontrado en su paso por el poder múltiples formas de enriquecerse.
La llegada del PP a la presidencia fue un ejemplo perfecto del funcionamiento del “pay-for-play” en la política guatemalteca, donde las empresas financian elecciones para recibir beneficios o contratos del Gobierno.
Y para eso se necesita operadores como Monzón y Sinibaldi, quienes, al darse cuenta de que el intrincado esquema del que hacían parte se desmoronaba, enfrentaron una decisión: huir o entregarse a la justicia.
Campañas y empresas
Los investigadores dicen que Juan Carlos Monzón nunca se imaginó que se convertiría en el secretario privado de la vicepresidenta. Que lo designaran en la cabeza del Ministerio de Cultura y Deportes seguramente le habría parecido una apuesta más segura al empresario de la industria deportiva con formación militar, cuando comenzó a tener acercamientos con el PP, antes de las elecciones de 2011.
Canchas Deportivas de Guatemala S.A, ya había prestado servicios de instalación de espacios y comercialización de elementos deportivos durante varios años. De hecho, la empresa de Monzón ya había sido contratista del Estado entre 2006 y 2011, de cuando existen registros de contratos estatales cercanos a los US$2,5 millones
Los investigadores coinciden en que su contacto inicial con el PP se dio a través de los diputados Aleksander Castillo y Edgar Cristiani, a quienes conocía por la pasión que compartían por la velocidad y las carreras de motos. Tras su paso por el gobierno, Monzón llegó a tener al menos 10 motocicletas, incluyendo al menos tres de lujo valoradas en más de US$80.000.
Tal vez haya sido ese gusto por la adrenalina el que lo llevó a cometer algunos de sus primeros delitos. Fiscales dijeron a InSight Crime que durante su juventud en el ejército en los noventa, el futuro secretario privado de Roxana Baldetti era apodado “Robacarros Monzón”.
En 2001 fue capturado junto con otros miembros de una presunta banda dedicada al robo de automóviles, luego de que un intento de robo en el que participó en Ciudad de Guatemala terminara en un intercambio de balas con la policía. Monzón fue dejado en libertad y los cargos fueron retirados.
Diez años después, Monzón comenzó a trabajar con el PP organizando eventos para atraer votos. Pronto, su diligencia le ganó el afecto de Baldetti, quien le confió el manejo de la campaña en dos de los distritos electorales más importantes del país: Ciudad de Guatemala y Petén. Luego, a raíz de su éxito en la tarea, fue nombrado secretario de campaña.
Fue por esos días que Baldetti y Monzón comenzaron a pactar sus primeras “cuotas”. Uno de sus primeros socios fue Miguel Ángel Martínez, representante legal del Grupo Escorpión, una empresa de seguridad privada que estaba prestando sus servicios para la campaña. Durante el gobierno vendrían más contratos, y se forjaría una relación que resultaría mutuamente beneficiosa.
Monzón, por su parte, comenzó a tocar puertas, apretar manos y recolectar dinero. Y, bajo las órdenes de Baldetti, también empezó a implementar la estructura que permitió al partido lavar el dinero que pedían a los financistas.
Esta estrategia incluyó la creación de empresas de cartón que servían para canalizar el dinero de aportantes que querían mantenerse en el anonimato. Así fue como Monzón y Víctor Hugo Hernández, el principal testaferro de la estructura, comenzaron a alquilar apartamentos, oficinas y bodegas para almacenar el dinero y establecieron un mecanismo para ingresar cheques al sistema financiero sin levantar sospechas.
Monzón, por su parte, comenzó a tocar puertas, apretar manos y recolectar dinero.
Los empresarios y otros financistas que querían asegurarse los afectos y el buen trato del partido una vez llegaran a la presidencia aportaban a la campaña, además de dinero, bienes y servicios, como viajes, planes de celular ilimitados y vehículos de alta gama.
Parte de los pagos se hacía con dinero en efectivo, cheques y transferencias bancarias. En ambos casos, la estructura ofrecía a los “donantes” la opción de facturación falsa por el concepto de servicios que nunca serían prestados.
El dinero en efectivo era movido en maletines y era almacenado en la casa de campaña y en las propiedades alquiladas por Monzón y Hernández. Las empresas de cartón creadas a sus nombres también jugaron un papel fundamental en el esquema de financiamiento ilícito.
“En los reportes consignados al TSE se ve mes a mes como las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad recibían fondos de otras entidades”, señalaría después la CICIG en su informe sobre el caso Cooptación del Estado.
Las contribuciones para la campaña venían de varias fuentes. Algunas de las empresas vinculadas al financiamiento del partido fueron los canales de televisión Radiotelevisión Guatemala S.A. y Televisiete S.A., propiedad de la misma persona, que según la CICIG y el MP, dieron contribuciones a la campaña a través de por lo menos cuatro empresas vinculadas a Baldetti en pagos mensuales que sumaron cerca de US$2,5 millones.
No todo el dinero era gastado en la campaña electoral. Según el testimonio de Monzón, una parte del dinero era guardado en la casa de campaña en “el despacho de la señora vicepresidenta en el área del baño”. El dinero también era escondido en varias oficinas, escritorios, archivadores y cajas fuertes.
Una foto vale más que mil abogados
En 2011, la operación del gigante de las telecomunicaciones Claro en Guatemala tenía un problema legal que amenazaba con dejarla en bancarrota. La Superintendencia de Telecomunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda habían “resuelto” a favor de Tigo un conflicto que la empresa tenía con Claro desde 1998 y determinaron que la segunda tenía que pagar US$400 millones a su rival por supuestamente haber violado la ley de contratación de telefonía.
Según los investigadores, Claro había buscado acercarse a la presidencia de Álvaro Colom para resolver la disputa, pero había tenido poco éxito. Para empeorar las cosas, el rival de Claro ya estaba posicionado con el PP, que ya en ese momento parecía que iba a ganar la presidencia. En otras palabras, la empresa necesitaba tomar medidas para salvar su negocio.
Con este fin, Julio Porras Zadik, el gerente de la empresa para Centroamérica, se dio a la tarea de contratar los servicios de José Julio Ligorría, uno de los principales operadores del PP, quien en ese momento ya se había posicionado también para desempeñarse como embajador del país en Estados Unidos cuando el PP resultara electo.
Ligorría, también conocido como “El Gordo”, es un experimentado consultor guatemalteco de relaciones públicas, quien además tenía fuertes relaciones con el ejército, lo cual también le ayudó a acercarse a los círculos políticos del PP.
Su socio de muchos años fue el teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla. Para ese momento López Bonilla ya se había hecho una figura clave en la campaña del PP y estaba por convertirse en ministro de Gobernación, desde donde dirigiría su propio esquema de corrupción.
Sin embargo, ambos sabían que se quedaban cortos a la hora de hacer negocios con Claro y que necesitaban de un tercero, y ¿quién mejor que el futuro ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda?
A decir de muchos, Alejandro Sinibaldi era un arribista. El entonces congresista había crecido cómodamente, pero lejos de los lujos y excesos de la poderosa élite del país con la que ahora se codeaba. Su escalada social comenzó cuando se casó con María José Saravia, la hija de un reconocido abogado y empresario guatemalteco miembro de la élite tradicional, cuya familia es propietaria de Cervecería Centroamericana, una de las más grandes del país y la región.
Investigadores del caso dijeron a InSight Crime que Sinibaldi nunca encajó muy bien en la familia de su esposa, por lo que buscó hacerse su propio nombre en la arena política.
Haciendo uso de sus conexiones, Sinibaldi fue designado ministro de Turismo en 2004, una plataforma que supo aprovechar para llegar al Congreso por el PP en 2008.
Para 2011, Sinibaldi ya estaba haciendo negocios con algunos de los hombres más ricos e importantes del país, y no dejaba pasar un solo momento para mostrar el capital social, político y económico que estaba amasando.
Según declaró Porras Zadik años después: Ese fue el caso de Claro. Sinibaldi dijo a Ligorría que para que el PP mediara en el caso, Claro debía brindar un apoyo financiero a la campaña, con un monto igual o mayor al que ya había proporcionado su rival Tigo a la campaña.
Para canalizar los fondos, el donante contrataría a varias de las empresas de Sinibaldi, incluyendo a Impresos Urbanos e Imágenes Urbanas. Las empresas crearían facturas por concepto de impresión de vallas, material gráfico y estrategias de comunicación. Los servicios nunca fueron prestados.
Así fue como, luego de realizar pagos por más de US$2 millones a las empresas de Sinibaldi, el futuro ministro, planeó una reunión en México en agosto de 2011 entre los candidatos Pérez Molina y Baldetti, con Carlos Slim, accionista mayoritario de la empresa propietaria de Claro.
Los asistentes a la reunión se tomaron una foto que fue publicada en varios medios guatemaltecos. La estrategia del PP, según contó el comisionado de la CICIG Iván Velásquez meses después, era “asustar” a Tigo.
Un mes más tarde de la infame reunión organizada por Sinibaldi, Claro y Tigo llegaron a acuerdos.
El PP coopta al Estado
Tan pronto llegaron al poder Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti pusieron a rodar el esquema de corrupción que habían establecido durante las elecciones.
Para su acto de posesión, el gobierno contrató por aproximadamente US$4.000 a la empresa HJ&AV, de Víctor Hernández –el testaferro que había trabajado con Monzón lavando dinero durante la campaña– para prestar servicios de decoración para la recepción del evento. A Hernández también le fue asignado un salario estatal a través de una plaza fantasma creada por el PP en el Registro de Información Catastral (RIC).
Tras su llegada al poder, el PP comenzó a firmar contratos con empresas a cambio de coimas, a interferir de manera favorable para sus donantes en casos judiciales y a ubicar a sus aliados en posiciones clave para seguir enriqueciendo a su estructura.
Monzón estaba en el centro de muchos de los esquemas. Los investigadores calculan que sólo él llego a mover al menos US$21 millones en sobornos y que la estructura criminal del PP recibió al menos US$67 millones a través de más de 450 contratos estatales.
Como parte de su trabajo como secretario privado de la vicepresidencia, Monzón recolectaba para Baldetti pagos mensuales de US$20.000 por los contratos de seguridad estatales que fueron otorgados al menos a tres empresas relacionadas con Martínez, uno de los fundadores de Escorpión, quien además fue nombrado subsecretario de la SAAS, la institución que entregó a Baldetti el celular usado por Monzón durante su escape.
En total, al Grupo Escorpión le fueron otorgados más de US$8 millones en contratos durante los primeros años de gobierno. Pero en Guatemala los contratos tienen un costo y se estima que la empresa llegó a gastar más de US$700.000 en sobornos a cambio de los contratos. Parte de ese dinero era facturado simulando la contratación de guardias de seguridad, que en realidad nunca prestaron sus servicios.
Monzón también hizo sus propios negocios. Tras la llegada del PP al gobierno su empresa deportiva pasó a nombre de su esposa, y entre 2012 y 2015, recibió al menos 13 contratos estatales.
El secretario privado también implementó una serie de proyectos de fertilizantes con los que benefició a las empresas Tigsa y Mayafert con multimillonarios contratos. A cambio, las empresas pagaron más de US$660.000 en comisiones a la estructura a lo largo de los años de gobierno.
Según los investigadores, por lo general Pérez Molina y Baldetti se quedaban con 60 por ciento de la comisión y el resto era repartido entre los demás participantes de cada esquema. Una de las estrategias predilectas de la estructura durante la campaña y tras su llegada al poder fue la alteración de documentos y la falsificación de facturas.
Eso quedó demostrado con el caso La Línea, en el cual la maniobra servía tanto para ahorrar impuestos a las empresas que ingresaban mercancía por Puerto Quetzal a cambio de sobornos al PP y sus operadores.
Aunque inicialmente el MP y la CICIG señalaron a Monzón de dirigir la estructura, el juez del caso posteriormente disminuyó su papel al de un “líder operativo”, que había sido designado por Baldetti para coordinar y supervisar la estructura de corrupción que funcionaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En la práctica, esto significaba que el secretario privado de la vicepresidenta se mantenía en contacto directo con un funcionario de alto nivel en la SAT. Él también se aseguraba de que las declaraciones de impuestos se vieran acordes con los documentos presentados en el puerto, que los funcionarios de nivel medio estuvieran cumpliendo con los requerimientos legales y que todos los participantes del esquema estuvieran recibiendo su dinero.
En 2011, poco después de que Pérez Molina ganara las elecciones, Monzón también empezó a recolectar dinero para lo que se convertiría en una tradición que fue denominada La Cooperacha.
Cada año, en la víspera del cumpleaños del presidente, los empresarios, políticos y funcionarios que se estaban beneficiando de la corrupta administración recibían una visita o una llamada de Monzón, para pedirles dinero para comprar un regalo para el presidente.
Monzón después contaría que el primer regalo que recibió Pérez Molina fue una moto Harley Davidson de US$25.000. Según el secretario privado, la idea surgió luego de que el “jefe” viera una similar en un viaje oficial que hizo a Cancún con varios funcionarios, incluyendo diputados.
El regalo de cada año debía superar al del anterior. Monzón también recogió fondos para dar al presidente una casa de US$1 millón en la playa, un helicóptero valorado en más de US$3,5 millones y dos lanchas.
Investigadores dijeron a InSight Crime que el presidente supo que quería una lancha para su nueva casa en la playa cuando vio a Alejandro Sinibaldi lucir la suya y se antojó de una igual. Para su sorpresa, poco después del recibir el regalo, Pérez Molina se enteró de que esa no era la única lancha de su ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y que en realidad su nueva lancha era la más modesta en la flota de él.
El botín del ministerio
Según recuerda en sus declaraciones frente a una jueza el empresario de la construcción José Luis Agüero, de Asfaltos de Guatemala, a finales de enero de 2012, apenas días después de que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti asumieran la presidencia, fue citado a la oficina del nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Alejandro Sinibaldi, según las personas cercanas a él, era un hombre arrogante. El nuevo ministro, que se presentaba normalmente con más de una hora de retraso, sacó de su archivador una carpeta donde se resumía lo que en Guatemala se conoce como “deuda de arrastre”, o el dinero que el Estado debe a las empresas por contratos con gobiernos anteriores, que en su caso sumaba cerca de US$7 millones.
Sinibaldi subió los pies sobre la mesa y le dijo que la única forma de recuperar ese dinero era a través de un “reconocimiento”, de 15 por ciento de la deuda.
“Lógicamente me quedé asustado, me quedé angustiado, me tomó por sorpresa y me puso contra la pared totalmente”, dijo Agüero.
La estrategia era la misma que Sinibaldi solía usar con los demás constructores y empresarios. Sin embargo, el precio no era el mismo para todos. Según dijeron investigadores a InSight Crime, en algunos casos Sinibaldi llegaba a cobrar hasta el 35 por ciento del total de la deuda.
Según ellos, como el gobierno no tenía el suficiente dinero para pagar la deuda de los constructores y otros contratistas, parte del plan de Sinibaldi incluía aprobar la emisión de bonos de deuda de país y utilizar ese dinero para los pagos a los empresarios.
El ministro también vendía contratos de obras públicas. Los investigadores dicen que Sinibaldi cobraba entre 5 y 10 por ciento del valor del contrato.
Un caso que destacan es el de Otto y José Samayoa. Dos hermanos a quiénes se refieren como “Los Brodercitos”, quienes habían hecho buena parte de su dinero con la construcción de obras públicas en los noventa y se habían convertido en unos de los empresarios de la construcción más prósperos del país.
José era un viejo conocido del PP que se había desempeñado como diputado del partido. Para la campaña presidencial, los hermanos habrían US$3,6 millones al partido. Como en el caso de Claro, esos aportes fueron movidos a través de las empresas de Sinibaldi.
Durante la administración PP, al menos tres empresas de los hermanos adquirieron servicios de las empresas de Sinibaldi por unos US$8 millones, que incluían servicios como el alquiler de camiones y retroexcavadoras por el supuesto movimiento y transporte de materiales.
El ministro también vendía contratos de obras públicas.
Aunque no se prestó ningún servicio, la tasa de retorno fue substancial. Entre 2012 y 2014, a gran parte de las más de 60 empresas vinculadas con los hermanos les fueron adjudicados contratos por millones de dólares, la mayoría a través del ministerio que dirigía Sinibaldi.
Algunas de las empresas de los hermanos incluso competían por contratos estatales entre ellas, para dar una apariencia de legalidad a la adjudicación de proyectos a dedo.
La estructura dirigida por Sinibaldi y denominada Construcción y Corrupción por la CICIG y el MP es señalada de recibir al menos US$13 millones en sobornos de Los Brodercitos, Agüero y otros, incluyendo a la infame empresa de construcción brasileña Odebrecht.
Para canalizar ese dinero, el ministro, con la ayuda de un viejo amigo y socio en varias empresas, Christian Ross, creó al menos 20 empresas de cartón. Ross quien también fue diputado del PP, había recibido al menos US$67.000 provenientes del financiamiento electoral ilícito por parte de Claro en 2011.
El Ministerio de Telecomunicaciones y Obras Públicas era uno de los que más recursos manejaba y Sinibaldi era uno de los miembros de la estructura PP que más dinero estaba haciendo. Según los investigadores, era parte de un plan. La pareja presidencial estaba dejando que se enriqueciera porque era probable que se convirtiera en el próximo presidente del país y querían contarlo entre sus aliados para poder protegerse de cualquier acción en su contra y continuar enriqueciéndose.
El fin del eterno retorno
Tras su regreso de Corea del Sur el 17 de abril de 2015, Baldetti aseguró en una emotiva pero breve conferencia de prensa que no tenía información sobre el paradero de su secretario privado, Juan Carlos Monzón. Al parecer, Monzón había seguido el consejo de su jefa y se había dado a la fuga.
Si bien Baldetti inicialmente se desprendió del caso, poco después, y a medida que más información se iba haciendo pública, tanto ella como el presidente cambiaron de discurso y culparon a Monzón de estar detrás del esquema de fraude aduanero, según señalaron los investigadores.
“Yo no puedo hacerme responsable de nadie más que de mí. Si yo hubiera querido detener algo o intervenir, lo hubiera hecho, pero dejamos que la investigación siguiera su curso”, dijo Baldetti agitada.
El plan de Baldetti no salió como lo esperaba y renunció pocos días después. En agosto de ese año fue capturada por las autoridades. Un mes después Pérez Molina renuncióa su cargo un mes después, luego de que el MP emitiera una orden de captura en su contra.
Con sus antiguos jefes tras las rejas, Monzón decidió entregarse luego de haber pasado casi seis meses en fuga en varios países.
El testimonio de Monzón, en ocasiones detallado, en ocasiones salaz, pero siempre interesante, duró alrededor de dos meses. En él, el exsecretario aseguró que Pérez Molina y Baldetti mantenían una relación amorosa y que la pareja incluso se había ideado un “cuadro de jubilación de US$2 millones anuales durante 25 años” a través de la estructura de La Línea. El relato del exsecretario parecía más un cuento de hadas moderno con botes, helicópteros y mansiones.
Lo que es más importante, el testimonio, la información y los documentos presentados por Monzón detallaban los esquemas desde adentro, y permitieron a los fiscales e investigadores construir varios casos contra una larga lista de funcionarios corruptos, empresarios y otros.
Miguel Ángel Martínez de Grupo Escorpión y el testaferro Víctor Hernández también fueron colaboradores eficaces y proporcionaron documentación y testimonios sobre la estructura de sobornos y corrupción en el gobierno del PP.
El esquema era memorable. Pérez Molina y Baldetti habían abonado el terreno para el eterno retorno de dinero para el partido, utilizando todos los recursos del Estado para imitar los principios de la concepción filosófica de la repetición de un mundo que se acaba para volver a crearse. En la versión del PP, el patrón se repetiría cuando Sinibaldi llegara a la presidencia, pero su esquema también se estaba comenzando a desmoronar.
El 28 de junio de 2017, el gerente de operaciones de Claro en Centroamérica Julio Porras Zadik, se convirtió en el primer empresario del país en aceptar haber financiado ilegalmente al PP y presentó su versión de los hechos.
El caso llevó a la captura del exembajador José Julio Ligorría en Madrid, en julio de 2017. Su socio, Mauricio López Bonilla, había sido capturado en junio de 2016, acusado de haber participado en La Cooperacha. El exministro también fue pedido en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Sinibaldi, por su parte, renunció a la candidatura presidencial del PP días después del regreso de Baldetti de Corea del Sur y se fue públicamente contra el gobierno y contra la vicepresidenta, a quien señaló de sabotear su campaña.
“Los principios del Partido Patriota ya no existen, ahora existen intereses mezquinos. El rumbo equivocado que lleva el país me obliga a tomar esta determinación”, señalóel exministro durante una rueda de prensa pocos días después del escándalo.
Aunque su nombre no fue vinculado directamente al caso de La Línea, a medida que las investigaciones avanzaban, y empezó a aparecer en otros casos, el exministro y nuevo miembro de una de las familias de mayor alcurnia de Guatemala, simplemente dejó el país.
Alejandro Sinibaldi fue visto por última vez un año después, en una entrevista por Skype supuestamente desde un hotel en la India. En la entrevista Sinibaldi asegura que estaba dedicado a aprender sobre meditación y cómo llevar una vida tranquila y en paz. También dijo que regularmente se reunía con miembros de otro partido.
Dos meses después de su aparición, Interpol recibió una solicitud de orden internacional de captura contra el exministro por su participación en La Cooperacha. Sinibaldi también era señalado de lavado de dinero y asociación ilícita tras su paso por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Posteriormente fue vinculado a otro caso conocido como Construcción y Corrupción. Actualmente sigue prófugo.
El caso Construcción y Corrupción continuó. El 14 de Agosto de 2018, el Ministerio Público y la CICIG anunciaron la “fase 2” de los cargos, explicando cómo Sinibaldi usó cuentas de banco extranjeras para desviar los sobornos. Dijeron que su modus operandi era: camuflar el trabajo con facturas por servicios que nunca fueron prestados.
Monzón también abandonó el país. Por haber colaborado con las autoridades, fue dejado en libertad en junio de 2017 y se fue de Guatemala poco después.
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