En cinco días 44 familias han sido retornadas como parte de las expulsiones aceleradas que impulsa EE. UU.
La medida es parte de las conversaciones para atender la migración irregular hacia Estados Unidos.
Estados Unidos ha deportado a 44 familias de migrantes a Guatemala en los últimos cinco días bajo el sistema de expulsiones aceleradas de personas que cruzaron ilegalmente su frontera, en un intento por contener la migración irregular, informaron este miércoles 4 de agosto autoridades guatemaltecas.
Entre el viernes pasado y este miércoles, por medio de tres vuelos, las autoridades de Estados Unidos deportaron vía expedita a 109 adultos y 48 niños (44 núcleos familiares), dijo Stuard Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), al recibir a 16 de estas familias en el aeropuerto de la capital.
Las familias “no pasan un proceso de un juez en Estados Unidos, sino que automáticamente en la frontera sur los regresan y los mandan con nosotros” a Guatemala, explicó.
La medida es “parte de las conversaciones” para atender la migración irregular que la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo en junio pasado en su visita a Guatemala con el presidente, Alejandro Giammattei, añadió el funcionario.
“Supuestamente lo estaban ayudando a uno en Estados Unidos, pero no, de una vez nos deportaron”, declaró a la AFP un joven que se identificó como Ricardo en el centro de recepción de retornados del aeropuerto.
En su relato, dijo que hace pocos días fueron detenidos con su esposa e hijo de 2 años en la frontera luego de haber emprendido el viaje sin documentos hace un mes desde el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, con la “esperanza” de ser aceptados por la administración del presidente Joe Biden.
La “idea” era ser acogidos por el nuevo gobierno, señaló el joven, que aseguró que no volverá intentar la travesía pues “es muy difícil”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó el viernes pasado las deportaciones aceleradas de familias migrantes a Centroamérica, principalmente a Guatemala, El Salvador y Honduras.
El sistema ha sido utilizado por las administraciones republicanas y demócratas en un esfuerzo por disuadir los cruces fronterizos ilegales, y se producen en medio de un aumento en la llegada de migrantes.
Para leer más: PNC intercepta a más 100 migrantes que viajaban en un furgón y captura a piloto
“El proceso de deportación acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de lograr un procesamiento de la inmigración seguro y ordenado”, indicó el viernes el DHS en un comunicado.
Cada año, miles de guatemaltecos y centroamericanos emprenden el peligroso viaje sin papeles para atravesar México y buscar mejores oportunidades en Estados Unidos, mientras otros lo hacen huyendo de la violencia en sus países.
Continúa expulsión acelerada
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió este miércoles 4 de agosto un comunicado para informar que el Departamento de Seguridad Nacional de ese país continuó con la expulsión acelerada de ciertas unidades familiares que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42.
El vuelo de expulsión de este miércoles fue el tercero desde la reanudación del programa el viernes 30 de julio y devolvió a 16 familias.
El comunicado añade que la expulsión acelerada proporciona un procedimiento legal y más acelerado para expulsar a aquellas unidades familiares que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en los Estados Unidos.
Advierte que intentar cruzar a los Estados Unidos fuera de los puertos de entrada, o eludir la inspección en estos puntos, es la forma incorrecta de llegar a los Estados Unidos.
Señala que estas acciones son peligrosas y pueden acarrear consecuencias a largo plazo para la inmigración de las personas que lo intenten.
Resalta que la Administración Biden-Harris trabaja para construir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humanitario, y el Departamento de Seguridad Nacional sigue tomando varias medidas para mejorar el procesamiento legal en los puertos de entrada y las reformas para fortalecer el sistema de asilo.