Diputados de oposición señalan negociaciones entre Sandra Torres y oficialismo para aprobación de Q3 mil millones para el CIV
Mientras Sandra Torres asumía como secretaria general del Comité Ejecutivo de la UNE, diputados de oposición señalaban negociaciones con el oficialismo a cambio de presionar al TSE para favorecerla.
Diputados que integran al autodenominado Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), formado en su mayoría por congresistas del bloque UNE distantes a Sandra Torres, dudan de la legitimidad de la resolución del Tribunal Suprema Electoral (TSE), que faculta a Sandra Torres para asumir la secretaría general del Comité Ejecutivo de la UNE.
Los parlamentarios opositores consideran que esa resolución, en la que validan al Comité Ejecutivo de la UNE, tiene relación con la sesión plenaria del Congreso del 15 de marzo último, en la que los diputados afines a Torres apoyaron al oficialismo para aprobar más de Q3 mil millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Orlando Blanco, integrante del GPO, explicó que una pieza clave de esta alianza oficialista que opera desde el Congreso la integra la UNE, a quienes tachan como “la vieja política”.
“Hay que entender que Sandra Torres es parte de la alianza que gobierna en este momento, producto de esos alcances es que ella tiene la posibilidad de tener el Comité Ejecutivo, eso fue algo que a todos los guatemaltecos nos costó Q3 mil millones”, señaló el congresista.
Blanco estima que por ahora no existe ningún otro recurso de parte de esta facción de oposición que busque evitar que Torres lidere el partido, pero tampoco descarta presentar alguna acción más adelante.
Durante la sesión plenaria donde se aprobó la ampliación presupuestaria al CIV se observó como el jefe de bancada de la UNE, Estuardo Vargas, y otros congresistas se reunieron con la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, previo a que fuera aprobado el orden del día.
“Ella (Sandra Torres) les puso de condición el día de ayer – martes 15 de marzo- a sus 30 diputados que iban a votar a favor de esa ampliación presupuestaria a cambio de que el Ejecutivo hiciera presión en el TSE para que le aceptaran la inscripción”, insistió blanco.
Los señalamientos
A inicios de febrero el GPO manifestó que la UNE de Sandra Torres no podía celebrar su Asamblea Nacional e integrar su Comité Ejecutivo, considerando que ya no contaban con la representación mínima que requiere la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La ley establece que como mínimo debe de haber 50 municipales y 12 departamentales, sin embargo, la UNE solamente tenía entonces nueve departamentales y 46 municipales, señalaban los congresistas de oposición.
Pese a esos señalamientos el TSE les permitió celebrar la asamblea, afirmando que el partido había cumplido con la documentación, quedando pendientes de verificar si la UNE si cumplía con la representación mínima.
Autoridades del partido explicaron el pasado mes que sí contaban con la representación, señalando a los opositores de estar desactualizados de las bases políticas de la UNE.
“Está instalado ya el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido Unidad Nacional de la Esperanza y quisiéramos a la opinión pública informar que nuestro Comité Ejecutivo ya fue autorizado por el Tribunal Supremo Electoral, señaló Torres durante una conferencia de prensa.
“Estamos compartiendo con los 27 miembros del Comité Ejecutivo y hoy discutimos varios temas, el tema de la línea política del partido y otras generalidades. Le pedimos una auditoría a la Contraloría General de Cuentas sobre las finanzas del partido”, señaló Torres.
Torres dijo que ella funge como secretaria general del partido, José Estuardo Vargas Morales como segundo secretario adjunto, José Inés Castillo, tercer secretario adjunto, Víctor Israel Guerra, cuarto secretario adjunto, y Marleny Matías Santiago, quita secretaria adjunta.
Además, Alí Maldonado funge como secretario de actas y Mario Ernesto Gálvez Muñoz como secretario de finanzas.
Se intentó conocer una postura del TSE sobre los señalamientos de los diputados de oposición, sobre que el Ejecutivo ejerció presión para beneficiar con una resolución a Sandra Torres, ahora secretaria general de la UNE, pero el Departamento de Comunicación no respondió las llamadas telefónicas.