Diputados analizan nueva iniciativa para facultar a agentes de la PNC a utilizar armas no letales, como táser

Pareciera que la iniciativa 6076, que regulaba el uso de la fuerza pública y que fue rechazada por sectores sociales, no ha desaparecido de la palestra política, pues este martes 12 de septiembre se conoció que el Congreso de la República analiza su contenido en busca de crear una ley que faculte a los agentes de la PNC a utilizar armas no letales, entre ellas pistolas de electrochoque, conocido como táser.

La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República solicitó a la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad un análisis de la iniciativa 6076 y todo apunta a elaborar una nueva propuesta que podría incluir el uso de armas no letales.

Aunque la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad aún está analiza el contenido, se dijo que se contempla poder sugerir una nueva iniciativa que incluiría capacitaciones a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), uso de megáfonos y táser.

El análisis fue solicitado pese a que el pasado 23 de agosto, la Junta Directiva del Congreso entregó a Los 48 Cantones de Totonicapán un oficio donde se comprometía a no agendar más la iniciativa 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala que generó críticas por considerarse represiva hacia las manifestaciones.

La sala legislativa solicitó a la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad un análisis de la iniciativa 6076, la cual ya ha sido evaluada en un 90 por ciento, y las correcciones superan el 33 % de la propuesta, por lo que todo apunta a que se sugerirá plantear una nueva iniciativa, según reconoció el coordinador de dicha secretaría, Héctor Orellana tras finalizar una reunión con la comisión.

“No es una iniciativa propia, es un requerimiento del Congreso por medio de la Comisión y realmente la ley es de interés nacional”, señaló Orellana.

Para el análisis se convocó a los directores jurídicos de las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad, y aseguran que la regulación del uso de la fuerza pública no iría específicamente para manifestaciones, sino también para otros asuntos de seguridad, como los desalojos y el tema de pandillas.

La nueva iniciativa contemplaría que sea regulada la fuerza pública para la Policía Nacional Civil, y ya no para el Ejército, además, podría normar el uso de la fuerza con armas no letales, como bastones, inmovilizadores (táser) y el gas lacrimógeno, que ya se emplea en la actualidad.

“Se va practicar lo letal y lo no letal. El punto intermedio es el táser para inmovilizar personas, también van a incluir artículos donde beneficien a la policía y la ciudadanía, que tiene que ser equilibrado, no solo como la anterior iniciativa que era fortalecer a la policía, sino que se quiere fortalecer a la ciudadanía”, justificó el presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, Vitelio Lam.

La propuesta también incluiría capacitaciones para los agentes de la PNC, así como el uso de megáfonos.

Lam asegura que no hay contradicción con lo expuesto a los 48 Cantones de Totonicapán, ya que la propuesta que se está discutiendo “no es la 6076”, por tener modificaciones y asegura que la anterior iniciativa ya está “eliminada”.

“La 6076 queda totalmente eliminada, va a ser una nueva iniciativa que nos van a proponer las diferentes instituciones que tienen que ver con seguridad”, dijo el parlamentario.

La anterior iniciativa era criticada por regular el beneficio de las medidas sustitutivas para las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, de momento los diputados no dejan claro si se incluirá o no este tema en la nueva propuesta. 

“Eso todavía no lo han puesto en las sesiones técnicas, pero va a ser en consenso”, agregó Lam.

Respecto a las recomendaciones que se darían, Orellana dijo que “todavía están bajo análisis y no podemos mencionarlas abiertamente, pero todo va encaminado a que esta sea una ley que favorezca no solo a las fuerzas de seguridad, sino al país como tal, a los ciudadanos para que se garantice el respeto a los derechos humanos”.