Relatora de la ONU emite postura ante proceso contra el exjuez Miguel Ángel Gálvez y la exfiscal Virginia Laparra
La relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, considera que los procesos penales en contra del exjuez Gálvez y la exfiscal Laparra son represalias por su trabajo anticorrupción.
La relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, instó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas para garantizar la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, además de proteger la independencia de jueces y fiscales del país.
Según Satterthwaite, las acciones penales promovidas en contra del exjuez y la exfiscal “son un ataque al estado de derecho” y las calificó como represalia hacia ambos por su trabajo anticorrupción.
La experta de la ONU hizo referencia al caso en el que Gálvez dictaminó que nueve militares y policías en condición de retiro sean juzgado por delitos de lesa humanidad en el caso conocido como Diario Militar.
Debido a esa resolución, Satterthwaite reconoció que como resultado, el juez Gálvez había sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento, lo que motivaron su renuncia al cargo y su salida al exilio.
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“Se está abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, quienes protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, enfatizó Satterthwaite.
La relatora dijo que los fiscales “no deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción”.
Relatora pide garantías
“Estoy extremadamente preocupada por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo Satterthwaite.
Sobre el caso de Laparra, exfiscal anticorrupción, las Naciones Unidas hizo mención de los dos procesos seguidos “que se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva”, dijo la experta.
Satterthwaite instó a las autoridades a garantizar la protección e independencia de los operadores de justicia para que “no sufran ataques”.