SIP manifiesta preocupación de que se formen procesos judiciales contra otros periodistas

Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), encabezada por su presidente Michael Greenspon, que llegó a Guatemala luego de múltiples denuncias de violaciones a la libertad de expresión, teme que se puedan formar procesos judiciales contra otros periodistas, partiendo del caso de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódco, enviado a juicio en un caso de supuesto lavado de dinero.

Como parte del trabajo de la misión de la SIP, hubo reuniones con periodistas de todo el país, quienes, según, los delegados, expresaron preocupación por las condiciones adversas a las que se enfrentan para desarrollar su trabajo, principalmente en comunidad rurales.

De esa cuenta, los representantes de la entidad hemisférica, con sede en Miami, Florida, EE. UU., se reunieron con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el vicepresidente Guillermo Castillo, y la fiscale general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.

Además, se reunieron con empresarios y representantes de la Iglesia Católica.

Greenspon señaló que “en materia de acoso judicial aludimos a la utilización de normas que protegen derechos valiosos, como la equidad de género, pero que son utilizadas muchas veces en Guatemala para silenciar a quienes cuestionan a funcionarios por presuntas irregularidades en su gestión, como es el caso de los periodistas de La Hora”.

Añadió que en el caso de la acusación contra Zamora “hemos venido a transmitirle nuestro respaldo y a exigir y reclamar a las autoridades que se respeten todas las condiciones para un debido proceso. Hemos planteado que mientras se desarrolle la causa se flexibilicen las condiciones de detención y se garantice un equilibrio entre las investigaciones judiciales que deben realizarse y la preservación del libre ejercicio de la libertad de prensa por parte del equipo de elPeriódico”.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, añadió que en ambos casos recibieron informes de parte de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos y de la fiscal general Consuelo Porras, en los que aseguran que el proceso se ajusta a derecho.

“De nuestra parte, advertimos que el modo en que se realizó la detención de Zamora, las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron en su momento para armar el caso generan preocupación de que se monten procesos contra otros periodistas que investigan y denuncian el poder”, dijo Jornet.

Añadió que en todas las reuniones que sostuvieron con autoridades subrayaron que “más allá del caso Zamora, que sin duda pueden inducir a la autocensura a otros medios y periodistas que investigan el poder, preocupan a la SIP las presiones que afrontan pequeños medios comunitarios en zonas alejadas de la capital, donde es más evidente el control que ejerce la criminalidad organizada, en muchos casos, en convivencia con autoridades locales y fuerzas policiales”.

Reuniones

Jornet mencionó que durante las reuniones con funcionarios del Ejecutivo y del MP manifestaron “el crítico panorama que recogimos de parte de periodistas y directivos de medios de toda la república”, quien, según dijo, describieron las “condiciones adversas que debe afrontar por el ataque sistemático de parte de funcionarios públicos y de netcenters (…) que muchas veces desde el anonimato descargan descalificaciones que terminan alentando la violencia física”.

Agregó que “pusimos énfasis en denuncias de acosos legales en contra de periodistas y medios independientes, acciones que suelen mantenerse en secreto para impedir que se ejerza el derecho de defensa”.

Además, dijo que se planteó la falta de independencia de los poderes del Estado “que puede traducirse en una acción coordinada para ahogar la disidencia en las presiones para revelar fuentes de información, en las severas restricciones para que los comunicadores accedan a fuentes oficiales, en operaciones de vigilancia sobre reporteros que investigan presuntos hechos de corrupción, en la discriminación del manejo de la pauta publicitaria oficial y en las presiones que se descargan en empresas privadas para que no anuncien en medios críticos del gobierno”.

Vicepresidente envió cartas a la ONU

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, comentó por su parte que se intentó tener un acercamiento con el presidente Alejandro Giammattei, pero este respondió que no se involucraba en temas que tienen que ver con la independencia de los poderes públicos del Estado, aunque se le recalcó que el caso Zamora es un tema de interés general.

Además, dijo que durante la reunión que sostuvieron con el vicepresidente Guillermo Castillo, el funcionario les mostró cartas que envió (cuando estaba como presidente en funciones) a “Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que enviaran misiones al país para ver el tema de libertad de prensa”.