Partidos presentan denuncia en el MP por los supuestos errores de las elecciones generales 2023

El proceso de elecciones generales 2023 llegó al Ministerio Público (MP) por la presentación de una denuncia que señala aparente “falsedad” en los resultados preliminares que han informado las autoridades, indicaron algunos partidos políticos que afinan la acción legal.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el actual proceso adquirió el servicio y sistema informático de la empresa Datasys, mientras que la Junta Electoral del Departamento (JED) de Guatemala y la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC) se apoyaron con la empresa Sega para el conteo.

Lo anterior generó sospechas entre sectores de la sociedad civil y la mayoría de partidos políticos que pedían que las dos juntas de Guatemala no usaran el sistema, ya que parecía repetir las funciones de Datasys.

Hubo una petición formal como bloque de partidos políticos, pero en declaraciones del magistrado Vladimir Aguilera, del pasado 23 de junio, y quien dijo que era una declaración institucional, manifestaba que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) apoyaba la contratación de Sega.

Pero esta herramienta complicó el proceso de conteo, al menos en la JEDC, extremo que no se comunicó y fue expuesto en una rueda de prensa del pasado jueves 29 de junio ante las dudas de varios periodistas.

La denuncia que respaldan al menos ocho partidos políticos que también presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con excepción del partido Cabal que decidió no firmar la denuncia, señala que existen  “vicios” en el proceso de votaciones.

La denuncia señala de “haber múltiples inconsistencias en las actas suscritas por las Juntas Receptoras de Votos del departamento de Guatemala, que evidencian falsedad”, por lo que requieren una investigación a detalle.

Junto a los sistemas informáticos de Guatemala, existió una serie de tachones en varias actas, a nivel nacional, donde destacan cifras que no cuadran, según expusieron los partidos políticos.

“Esta elección se encontró viciada por varias inconsistencias en el proceso de conteo, logística y digitación en el departamento de Guatemala y no solo en Guatemala, sino en todos los distritos a nivel nacional, lo que provoca el descuerdo que motiva la presente denuncia”, señala el documento.

Por ello los partidos han solicitado públicamente un recuento de actas debido a que “se deja evidenciado la violación al procedimiento de las Juntas Electorales del departamento de Guatemala lo que conlleva la anulación y repetición de la revisión de escrutinios, ya que no fue garantizado el debido proceso y el derecho constitucional de defensa que tienen los partidos políticos a los cuales representamos a través de sus secretarios generales y fiscales nacionales”, refiere la acción penal.

En un comunicado en cojunto enviado por la tarde del sábado 1 de julio, los partidos denunciantes inforaron que “se ha integrado un bloque jurídico con representación de todos los partidos polítocs que lo hemos confirmado, con el único propósito de demostrar la grave situación que pone en riesgo el proceso electoral y la misma democracia en la que hemos vidido de 1986 a la fecha”.

El MP confirmó que los secretarios generales de Podemos, Vamos, Creo, Une, Cambio  y Azul presentaron la denuncia y que esta fue remitida a la Fiscalía contra Delitos Electorales por falsedad y abuso con propósito electoral.

Posteriormente a la emisión del comunicado en conjunto, el partido Cabal emitió una aclaración. “El partido Cabal aclara que este comunicado, que usa nuestro símbolo y nombre, NO ha sido aprobado por nosotros, ni somos parte de mesa alguna o ningún conjunto de partidos. Cuando emitamos un comunicado lo haremos por medio de nuestros canales oficiales”, señaló el partido.

Finalmente, los partidos que estarían denunciando solicitarán las acciones legales que permitan dan certeza en el proceso de votaciones, “es por ello que existe la necesidad de garantizar el proceso de elección suscitado el pasado domingo 25 de junio de 2023 y con ello no causar una lesión al principio jurídico del debido proceso y que sea el Tribunal Supremo Electoral como la máxima autoridad en materia política que determine los actos anómalos realizados en el departamento de Guatemala”.