Defensa de detenidos por caso Toma de la Usac contrasta señalamientos del MP

Con cuatro horas de retraso, este viernes 24 de noviembre empezó la tercera jornada de la audiencia de primera declaración de los seis detenidos en el caso Toma Usac: Botín Político, donde los abogados defensores contrastaron los señalamientos del Ministerio Público (MP) que atribuye los delitos de asociación ilícita, depredación de bienes culturales y usurpación agravada.

El juez Décimo Penal, Víctor Cruz, ha requerido de tres jornadas para desarrollar la audiencia de primera declaración, en la que este viernes los seis detenidos se abstuvieron de declarar, por lo que el juzgador terminó de escuchar los argumentos de la Fiscalía, que se basaron en fotografías, videos y publicaciones en redes sociales.

Este viernes, el juez Cruz, incluido en una lista de actores corruptos y antidemocráticos del Gobierno de EE. UU., aceptó que la Usac se adhiriera al proceso como queréllate.

Este caso alcanza al binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, a quienes el MP solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se les retire la inmunidad para ser investigados; sin embargo, la Corte aún no conoce la solicitud.

Los imputados por el MP son Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla; Javier de León, licenciado en Física de la Usac; Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista de la Usac.

Javier Puac, abogado de Marcela Blanco, señaló que su defendida “es una joven que ha tenido participación activa en la vida democrática del país” y que “no ha ejercido actos de odio o venganza” como dice el MP, pues asegura que en ninguna de las pruebas o testigos la señalaron.

“En las declaraciones testimoniales que presentó el MP no fue identificada. Ejercer la opinión pública es una actividad de una ciudadanía responsable”, señaló Puac.

También dijo que la entrega de la Usac se hizo por medio de una convocatoria pública a la que todas las personas podían llegar; además, señaló que fueron miles de personas las que se pronunciaron por la toma de la Usac porque “era un asunto público”, y que, si eso se considera delito, miles de personas deberían de esta en la audiencia.

El defensor también cuestionó si se puede determinar si los daños de los que se hablan fueron causados durante la toma de la Usac, o bien durante la pandemia, cuando esa casa de estudios permaneció cerrada.

Por su parte, Aníbal García, abogado de Velásquez Carrera dijo ante el juez Cruz que no se privó a ningún estudiante de la educación, pues “las clases se llevaron a cabo de forma virtual como en la pandemia y personal de la Usac laboró”.

“Quiero constar que el señor Velásquez Carrera ha trabajado de forma virtual desde el año 2020”, reiteró el abogado referente al señalamiento de no laboró durante la toma de la Usac, por lo que presentó una carta donde la Universidad hace constar que ha trabajado desde 2020 de forma virtual a la fecha, una hoja que acredita el ingreso de personal y dos trabajos académicos escritos por Velásquez.

Además, detalló que, si su patrocinado fue visto en un video “fue una acción de protesta y manifestación en función del ejercicio de sus derechos constitucionales”.

En tanto, Guillermo Rendón Gómez, defensor de Javier de León, señaló que no sé le puede juzgar a su patrocinado por ser universitario o por permanecer a un partido político, “que en realidad no pertenece”.

Además, dijo que fue difícil encontrar información sobre de León en los siete tomos de la investigación del MP.

“Todo el expediente de investigación es sobre cuestiones políticas, entonces que participación tiene Javier en todo esto”, señaló.