El juez Fredy Orellana, ordenó este 13 de febrero que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) abra una investigación contra Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal.

Orellana aceptó la petición del MP en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal A, dirigido por el juez Fredy Orellana, en donde además se ligó a proceso a cuatro trabajadoras del TSE señaladas en el caso Corrupción Semilla.

En la audiencia, la fiscal Leonor Morales, quien estaba acompañada por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, pidió que las procesadas Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar,  Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaran en arresto domiciliario y reprochó que Alfaro haya acudido a la Torre de Tribunales a mostrarle su apoyo a las empleadas de la institución.

La fiscal cuestionó la visita de la presidenta Alfaro y las conversaciones que tuvo con las sindicadas en apoyo y solidaridad con las empleadas del TSE.

Morales le pidió al juez Orellana que certificara lo conducente contra la magistrada Alfaro por obstaculización a la acción penal.

“Como máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral ya que a ciencia cierta no sabemos a ciencia cierta cuáles son los límites del apoyo que esta -Alfaro- vino a externar a las afueras de este juzgado o si este apoyo será ilimitado aún y por encima de la ley y de la justicia y es por esto que el ente investigador solicita que se certifique lo conducente contra la doctora Blanca Odilia Alfaro por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”, dijo la fiscal Morales.

La fiscal recordó que los hechos imputados contra las trabajadoras del TSE ocurrieron antes de que  Alfaro tomara el cargo de magistrada presidenta y que eso causa suspicacia. Además, dijo que Alfaro ya tiene petición de retiro de derecho de antejuicio, – pendiente de resolverse- por intentar interferir en una diligencia en el TSE.

“que mejor para destruir, modificar, ocultar, suprimir u falsificar medios de prueba que contar con el apoyo de la máxima autoridad. Esta representación, por ese motivo considera que existe la grave sospecha que, las sindicadas, puedan tener todo el acceso que quieran a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, impunemente, y jamás alguien podría enterarse”, dijo la fiscal.

Resolución

El juez Orellana resolvió arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial previa y por escrito, prohibición absoluta de comunicarse o visitar a cualquier empleado o funcionario activo en el TSE, prohibición absoluta a cualquier sede del TSE en toda la república y prohibición comunicarse con cualquier persona que en el actual proceso aparezca como coimputada, procesada o personas condenadas en el caso.

Orellana también accedió a la petición del MP y ordenó a la Feci investigar a la presidenta del TSE por obstaculización a la acción penal.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo que el juez ligó a proceso a las empleadas del TSE por incumplimiento de deberes y señaló que dos de ellas aceptaron someterse al procedimiento de aceptación de cargos y contra las otras dos, el MP tendrá seis meses para investigar.

Dijo que el 14 de febrero se llevará a cabo el proceso de aceptación de cargos contra las sindicadas Katherine Johanna Quezada Villatoro y Luz Elena de León Carreto y allí se decidirá su situación jurídica.

Las otras dos sindicadas fueron las que recibieron arresto domiciliario.

En cuanto a la orden de investigar a la magistrada Alfaro, Curruchiche dijo que fueron testigos cuando ella mostró apoyo a las trabajadoras del TSE, pero que la Feci considera que ese acto tiene implícitamente tiene un componente de mando de autoridad, una relación entre ella y las trabajadoras.

Sancionados

El pasado 2 de febrero, la fiscal Leonor Morales; el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana – junto a la jefa del MP, Consuelo Porras y al secretario de la institución Ángel Pineda-, fueron sancionados por la Unión Europea el  por acciones que socaban la democracia y el estado de Derecho en Guatemala.

Se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Porras, Pineda, Curruchiche, Morales y el juez Orellana también están sancionados por Estados Unidos, pues fueron incluidos en la Lista de Actores Corruptos en Centro América.

El Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango absolvió este lunes 12 de febrero a seis de los 12 procesados en el caso Chicamán, una trama de defraudación millonaria que, de acuerdo con el Ministerio Público (MP), operó en la Municipalidad de Chicamán, Quiché, y en la que habrían participado un alcalde y diputados y particulares.

El caso por el desfalco de Q14 millones fue revelado en marzo de 2017 y este salpicó a por lo menos 12 personas, entre ellos el exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro Morales; la exdiputada del extinto Partido Patriota, Emilenne Mazariegos; y al ahora diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sergio Guillermo Enríquez Garzaro.

Este lunes el Tribunal absolvió a Víctor Hugo Enríquez Morales y Walter Aníbal Gamarro Girón; así como a los hermanos Axel Reginaldo, Osman Noel y Joaquín Romeo Gamarro Alvarado. Además, el Tribunal declaró absuelto al diputado Sergio Guillermo Enríquez Garzaro.

Sin embargo, el proceso continúa en contra del exalcalde Roberto Candelario Gamarro Morales, la exdiputada Emilenne Mazariegos, Érick Antonio Siliezar Mena y Ángel Francisco García Javier, quienes son señalados por la Fiscalía del delito de lavado de dinero.

MP apelará el fallo

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), cuyas autoridades informaron que apelarán el fallo.

“El Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango absolvió a seis de las 12 personas implicadas en el caso Chicamán, resolución que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad no comparte, por lo que estará presentando el recurso de apelación correspondiente”, detalló el MP.

La Fiscalía añade que en la resolución “el Tribunal manifestó que los sindicados no tenían conocimiento de la procedencia ilícita del dinero y que el delito de lavado de dinero u otros activos lo cometieron los otros sindicados, aun cuando la Fiscalía presentó las pruebas correspondientes”.

Agregó que los otros seis sindicados continuarán enfrentando proceso penal.

Fraude millonario

La investigación del MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señala que por lo menos Q14 millones fueron pagados para proyectos de infraestructura que quedaron inconclusos.

Los fondos provenientes de la Municipalidad de Chicamán fueron destinados para beneficio de integrantes de la estructura criminal, entre ellos Emilenne Mazariegos, su progenitora Patricia Mazariegos, su conviviente José Fernando Siliézar Mena, y familiares del exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro, entre otros.

Candelario Gamarro se concertó con el resto de la red para darle apariencia de legalidad a varios proyectos, cuya ejecución fue convenida con una oenegé que no cumplía con las regulaciones establecidas en la ley, ni contaba con la capacidad técnica para la ejecución de estos.

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones otorgó amparo definitivo al diputado Samuel Pérez Álvarez, quien ahora podrá tener acceso al expediente del caso Corrupción Semilla, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

El caso contra Semilla se desarrolla en el Juzgado Séptimo Penal a cargo del juez Fredy Orellana.

Con este amparo se le ordena al juez Orellana explicar las razones del por qué no se ha dado acceso al expediente de investigación que se lleva contra el partido Movimiento Semilla, que llevó a la Presidencia a Bernardo Arévalo.

El documento ordena al juzgado que, en un plazo de cinco días desde la recepción de la ejecutoria, emita una nueva resolución.

Este amparo es en definitiva y el juzgado deberá remitir una copia certificada a la Corte de Constitucionalidad (CC).

El caso

A principios de diciembre de 2023, la Feci, durante una conferencia de prensa dio detalles sobre una investigación que lleva esa fiscalía contra Semilla por supuestas irregularidades en la constitución del partido.

El caso fue denominado Corrupción Semilla. José Alejandro Rueda Lone, quien fue empleado del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del TSE, es la primera persona condenada en este caso por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.

Para el 9 de enero pasado se tenía programada una audiencia de primera declaración ante el juez Fredy Orellana, pero esta se suspendió por la incomparecencia de una de las cuatro sindicadas y se reprogramó para el próximo 29 de enero.

En esa oportunidad, Andrea Reyes, diputada por el Partido Semilla, acudió al juzgado para intentar ingresar a las audiencias; sin embargo, se le indicó que no podía participar debido a que esta era únicamente para sindicar a las personas citadas.

El pasado miércoles 23 de enero se conoció que el partido FCN-Nación, Samantha Figueroa, representante legal del partido Cambio, y Roberto Hernández, excandidato a diputado por el partido Unión Republicana, solicitaron al juzgado a cargo de Orellana ser querellantes en el caso.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) acudió este 24 de enero al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, que dirige el juez Fredy Orellana, para presentar tres solicitudes de constitución de querellantes adhesivos en el caso corrupción Semilla.

Según la información, la fiscal de la Feci, Leonor Morales, acudió a dicho juzgado a presentar las tres solicitudes que presentó el partido FCN Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales.

También otra que presentó Madeleine Samantha Figueroa Rodas, exdiputada que perdió la reelección en las pasadas elecciones y quien es representante legal del Partido Cambio (de Manuel Baldizón) y Roberto Hernández, quien fue candidato a diputado por el partido Unión Republicana.

El caso y las fases

El pasado 8 de diciembre del 2023 el MP, representado por el secretario general, Ángel Pineda; el secretario contra la corrupción, Estuardo Ávila, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; y la agente fiscal de Feci, Leonor Morales, presentaron resultados de tres investigaciones que tenían relación con el proceso electoral y el Movimiento Semilla.

Pineda dijo en la conferencia de prensa que el caso se compone de tres fases y que el MP se ha apoyado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Intendencia de Verificación Especial, el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral, pues había indicios y evidencias a través de una investigación penal objetiva.

Los casos los denominaron “Corrupción Semilla”, Fases 1 y 2; e “Ilegalidades del TSE” en el proceso electoral de 2023.

1) Caso “Corrupción Semilla”, Fase I

La agente fiscal de la Feci, Leonor Morales, describió la investigación del caso “Corrupción Semilla”, Fase 1. Recordó que este caso inició el 14 de julio de 2022, luego de la denuncia de un ciudadano que se supone fue adherido ilegalmente al partido político Movimiento Semilla.

2) Caso “Corrupción Semilla”, Fase II

El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, se refirió a la Fase II del caso y la llamó “Financiamiento Electoral no Registrado y Lavado de Dinero”. Recordó que el 2019 fue año electoral y esta fue la primera vez que el partido Semilla participó en el proceso.

La Feci requirió información y practicaron un informe financiero a la agrupación en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Según Curruchiche, la auditoría financiera “estableció hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables y hallazgos de deficiencias de control interno”.

Los hallazgos

• Se establecen las diferencias en las cifras reportadas en el estado de ingresos y egresos.
• Incongruencias en las cifras registradas en el estado de ingresos y egresos con los registros del libro mayor.
• Se refiere a recibos de ingresos emitidos sin identificar al financista de la aportación dineraria.
• Se refiere a recibos de ingresos que no cumplen con los registros mínimos.
• Falta de documentos de soporte de ingresos.
• Falta de ingresos dinerarios no identificados.
• Falta de presentación de los informes detallados de ingresos y egresos.

Por este caso se presentó solicitud de retiro de antejuicio contra Samuel Pérez y Ligia Hernández, por la posible comisión de los delitos de fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado.

También contra Bernardo Arévalo por la posible comisión de delito de lavado de dinero u otros activos.

3) Caso Ilegalidad del TSE

El tercer caso fue denominado “Ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral 2023”.

La fiscal de la Feci, Morales, indicó que “como consecuencia de los allanamientos realizados el 12 y 29 de septiembre (de 2023) en las instalaciones del Centro de Operaciones Electorales y el TSE se estableció que incurrió en ilegalidades en el resguardo de las cajas con material electoral.

El MP, dijo, estableció que en las cajas no se encontraba el documento 4 que consigna el dato de los votos obtenidos por los candidatos. “También se pudo establecer que no había uniformidad en los formatos empleados”, agregó.

La Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango declaró inadmisibles tres recursos de apelación que fueron planteados contra las medidas sustitutivas a favor de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien seguirá en arresto domiciliario, informaron fuentes judiciales.

La Sala resolvió declarar inadmisibles los recursos de apelación planteados por Ricardo Rafael Mendez Ruiz Valdez, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo; Rosa Alicia Maldonado Ovalle de Cifuentes, representante de la Procuraduría General de la Nación; y del Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Las tres acciones fueron en contra de la resolución del 26 de julio de 2023 que fue dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango.

Laparra enfrenta este segundo proceso que se conoció el 19 de octubre del 2022, cuando buscaba obtener una medida sustitutiva de arresto domiciliar.

En este caso, el MP señala a Laparra del delito de revelación de información confidencial o reservada, por aparentemente divulgar detalles de procesos penales que se encontraban bajo reserva.

En otro caso, el pasado 3 de enero, Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), fue beneficiada con arresto domiciliario luego de que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal le otorgó medidas sustitutivas.

En esa audiencia, la jueza Oly González acató del Tribunal Octavo de Sentencia acató la orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el pasado 26 de diciembre ordenó la libertad de la exfiscal anticorrupción.

Laparra permaneció detenida desde el 22 de febrero del 2022, y la Cámara Penal notificó al equipo de abogados de la exfiscal que se ordena la libertad de la abogada por haber cumplido un 45 por ciento de la condena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) fue beneficiada con arresto domiciliario y recobrará su libertad luego que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal le otorgó medidas sustitutivas.

En la audiencia llevada a cabo este 3 de enero en el mencionado Tribunal, la jueza Oly González acató la orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el pasado 26 de diciembre ordenó la libertad de la exfiscal anticorrupción.

La resolución daba cinco días al mencionado tribunal para cumplir con la orden, la que se hizo hasta el último día.

Laparra permaneció detenida desde el 22 de febrero del 2022, y la mencionada Cámara Penal notificó al equipo de abogados que la exfiscal que se ordena la libertad de la abogada por haber cumplido un 45 por ciento de la condena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

El Tribunal Octavo de Sentencia encontró culpable a Laparra y le impuso una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión conmutable, tiempo comienza a contar desde el momento de su captura en febrero en la fecha indicada.

Medidas sustitutivas

La jueza González concedió la libertad a Laparra y le fijó arresto domiciliario en Quetzaltenango, su lugar de residencia; no podrá abandonar el país y deberá presentarse al MP cada 15 días.

“Estoy feliz”

Laparra fue entrevistada por periodistas luego de la resolución judicial y dijo sentirse feliz, porque al fin terminó su proceso.

Dijo que este es un ejemplo de cómo la prisión preventiva se puede utilizar como medida represiva y una pena anticipada.

Expresó que en su caso siempre quisieron que se aceptaran hechos que no son delito, aceptar como delitos hechos no lo son.

“Yo estoy inmensamente agradecida con todos, con mis hijas principalmente… cuando en los momentos más obscuros yo les dije hasta aquí llegué, me dijeron, ¡no! Tú puedes, nosotros estamos aquí”, dijo Laparra.

“Mi mundo fue reducido a la máxima expresión y tuve una muy pequeña cantidad de personas con las que puede tener contacto;  a ellos, gracias, porque me reconstruyeron cada vez de las miles de veces que me quebré, me reconstruyeron. Seguramente no soy la misma, pero seguramente ustedes me ayudaron a ser mejor persona y por ustedes estoy aquí. Gracias a la comunidad nacional, la comunidad internacional a todas sus manifestaciones de solidaridad”, dijo Laparra.

Declaraciones de Virginia Laparra luego de que se ordenara su libertad. (Video Guatevisión: Elmer Vargas)

La sentencia

El pasado 16 de diciembre, un tribunal condenó a Laparra a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, luego de haber sido hallada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Laparra fue procesada luego de que el exjuez Lesther Castellanos la denunciara, pues cuando era fiscal ella quiso investigarlo en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

Segundo proceso

Laparra enfrenta un segundo proceso en su contra que se conoció el 19 de octubre del 2022, cuando Laparra buscaba obtener una medida sustitutiva de arresto domiciliar.

La resolución actual de la Cámara Penal ordena la libertad para Laparra, toda vez no exista otro proceso penal en su contra, y según sus abogados, por este segundo expediente ella goza de una medida sustitutiva, lo que no impedía la salida de prisión.

En este caso, el MP señala a Laparra del delito de revelación de información confidencial o reservada, por aparentemente divulgar detalles de procesos penales que se encontraban bajo reserva.

El Departamento de Estados de los Estados Unidos informó este 21 de diciembre sobre una nueva actualización de la lista Engel, actores guatemaltecos vinculados a acciones antidemocráticas y a favor de la corrupción, en donde destaca la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un grupo de fiscales del Ministerio Público.

El informe divulgado por el gobierno estadounidense señala que las personas incluidas en el listado habrían cometido “acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos”, así mismo son relacionados con prácticas a favor de la corrupción.

“La facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante el lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, señala el informe.

Silvia Patricia Valdés fue magistrada y presidenta de la CSJ, y a criterio del Departamento de Estado utilizó su puesto para colocar a un grupo de jueces afines a ciertos intereses, “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la CSJ y los tribunales de Apelaciones con jueces corruptos”.

Fue hasta hace unas semanas que Valdés dejó la CSJ, ya que luego de cuatro años de retraso el Pleno del Congreso decidió renovar a las autoridades judiciales.

Silvia Patricia Valdés ocupó la presidencia interina de la CSJ estos cuatro años por ser la vocal primera de la CSJ. En su oportunidad fue la magistrada electa por el Congreso con la mayor cantidad de votos.

Dicha CSJ, fue electa mediante una alianza entre los ahora desaparecidos partidos políticos Libertad Democrática Renovada (Líder) y Partido Patriota (PP).

Fiscales

Entre las personas incluidas en esta nueva lista de actores antidemocráticos y a favor de la corrupción aparecen tres fiscales del Ministerio Público (MP), dos de ellos integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Se trata de Leonor Eugenia Morales Lazo y Pedro Hernández González, ambos integrantes de la Feci. Son señalados por el Departamento de Estado por participar en una investigación “por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”, dice el informe.

También se incluye en la lista al fiscal Noé Rivera Vásquez, fiscal de asuntos internos, por aparentemente “presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”.

En respuesta, el MP dijo que “es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente internacional, toda vez que su actuar se desarrolla conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala”.

Agregaron que la inclusión de más fiscales del MP a la lista Engel es “nuevamente, se trata de una evidente violación a los derechos humanos, mediante señalamientos sin ningún sustento legal para acusar a funcionarios del Ministerio Público por el simple hecho de cumplir con su obligación legal, cuando estos no han sido investigados y sobre todo, vencidos en juicio, por lo que la lista Engel es un mecanismo que violenta los principios fundamentales de presunción de inocencia y del debido proceso, que además no tiene ningún tipo de validez legal en Guatemala”.

El jueves 14 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) informó que dictó en definitiva un amparo que garantiza la toma de posesión de todos los funcionarios electos el próximo 14 de enero.

El 11 de diciembre, el abogado Edgar Ortiz presentó una acción legal ante la CC para garantizar que se respeten los resultados de las elecciones generales 2023.

Ortiz dijo en esa ocasión que el Ministerio Público (MP) habría violado el amparo provisional que la CC le otorgó a él y a otros ciudadanos el 6 de octubre recién pasado, en el que los magistrados mandaron a las autoridades estatales a abstenerse de acciones que puedan alterar los resultados electorales y arriesgar la transición de mando de gobierno.

La CC indicó el jueves 14 que “conforme su fin último de preservar el Estado de Derecho”, se otorgó el amparo en definitiva para que se garantice la transición de poder en enero 2024.

Para Ortiz, la resolución de la CC es “correcta y no deja dudas” sobre la toma de posesión de las futuras autoridades, ya que entre sus principales alcances se encuentra el respeto de los resultados electorales.

Este viernes 15 de diciembre, el abogado Edgar Ortiz informó que había “novedades” sobre al amparo que la CC otorgó en definitiva.

“Recordemos, la CC remitió a otro juzgado el amparo sobre fiscales de la Feci y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) por razones de competencia”, agregó.

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Informó que el juzgado este viernes reafirmó sentencia alineada con la decisión de la CC y confirmó que agentes de la Feci deben preservar la institucionalidad, defender el régimen democrático y asegurar la alternabilidad de poder.

En cuanto a la PNC, el juzgado reafirmó que debe garantizar la alternancia de poder, evitar acciones contrarias a este principio y colaborar diligentemente en la transición de autoridades electas.

Ortiz agregó que el juzgado reafirmó las competencias de cada institución, en el caso de la Feci la investigación y la PNC de asistencia, es decir, no pueden interrumpir la transición de mando, no pueden alterar las elecciones, ni entorpecer la alternabilidad del poder.

1/ ACTUALIZACIÓN: Sobre el amparo que la CC nos concedió definitivamente ayer, hay novedades. Recordemos, la CC remitió a otro juzgado el amparo sobre fiscales de la FECI y el director de la PNC por razones de competencia. https://t.co/SIJCl5M2Xn

— Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) December 15, 2023

El Ministerio Público (MP) confirmó este viernes 15 de diciembre que solicitarán ante juez que se declare la rebeldía del director de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neill, y de la exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Alejandra Chiroy (actual asesora), derivado de que no han sido ubicados para su detención, luego de una semana que se pidió su aprehensión por supuestas irregularidades en las actas de las votaciones.

El ente investigador sindica a Santos de los delitos de abuso de autoridad y falsedad material con agravación electoral, mientras que a Chiroy, por abuso de autoridad.

El pasado viernes 8 de diciembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) presentó una fase de investigación en la que asegura haber encontrado diferencias entre los formatos avalados y los utilizados por las actas 4 de las votaciones de las elecciones 2023.

Además, el MP señaló que de las nueve entidades comerciales que fueron contratadas para la impresión de material electoral, el TSE solo reportó a cuatro ante ellos.

Según el ente investigador, el documento 4 no cumplía con los requisitos legales establecidos, y aseguró que hubo una alteración de la información de los documentos electorales con la intención de que coincidieran los datos de las actas con los que fueron publicados en el Trep.

En la investigación, el MP aseguró que hubo actas digitadas durante el transcurso del 25 de junio, en la primera vuelta de elecciones, sumado a que hay actas 4 que no coinciden con las actas 8.

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También informó que no localizaron unas 7 mil actas número 4.

Se consultó al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) sobre si ambos funcionarios del TSE tuvieron movimientos migratorios, pero aún no ha habido respuesta.

También se consultó al TSE sobre si los funcionarios solicitaron licencia, pero quedó pendiente de la respuesta.

El Ministerio Público (MP) le requirió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en un plazo de cinco días les entregue copias certificadas de la asignación de cargos, toma de posesión y cese de funciona de los integrantes de 38 juntas electorales.

La información la requirió la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, y se pidió mediante varios oficios que fueron fechados el 13 de diciembre de 2023.

La petición de información va dirigida a la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y se requiere que la información solicitada sea entregada de manera urgente en un plazo de 5 días.

La Feci requirió una copia certificada del acta de asignación de cargos y toma de posesión y cese de funciones de los miembros de la Junta Electoral del Distrito Central para la primera elección del proceso de elecciones generales 2023.

También requirió copia certificada del acta inicial, identificada como Documento 1, de las Juntas Receptoras de Votos, correspondientes al Departamento de Guatemala, Distrito Central, Elección de Corporación Municipal, elecciones generales del año 2023, siguientes:

Acta de mesa 122
Acta de mesa 164
Acta de mesa 187
Acta de mesa 231
Acta de mesa 272
Acta de mesa 281
Acta de mesa 283
Acta de mesa 287
Acta de mesa 319
Acta de mesa 370
Acta de mesa 526
Acta de mesa 738
Acta de mesa 828
Acta de mesa 849
Acta de mesa 854
Acta de mesa 875
Acta de mesa 906
Acta de mesa 931
Acta de mesa 962
Acta de mesa 994
Acta de mesa 1058
Acta de mesa 1065
Acta de mesa 1124
Acta de mesa 1132
Acta de mesa 1138
Acta de mesa 1167
Acta de mesa 1171
Acta de mesa 1205
Acta de mesa 1255
Acta de mesa 1570
Acta de mesa 1651
Acta de mesa 1859
Acta de mesa 1860
Acta de mesa 1881
Acta de mesa 1882
Acta de mesa 1894
Acta de mesa 1932
Acta de mesa 1941

La Feci también pidió copia certificada de las actas denominadas acta inicial, identificada como Documento 1, de todas las mesas de las Juntas Receptoras de Votos, correspondientes al Departamento de Guatemala, municipio de Guatemala, elecciones generales del año 2023.

Otro de los requerimientos fue que el TSE entregue copia del acta final de cierre y escrutinios, documento 4, duplicado de color amarillo de las Juntas Receptoras de Votos del departamento de Guatemala, Distrito Central de las mismas mesas listadas arriba.

El TSE también deberá entregar copia certificada del acta final de cierre y escrutinios, identificada como Documento 4 Triplicado de color celeste de las Juntas Receptoras de Votos, correspondientes al Departamento de Guatemala, Distrito Central, Elección de Corporación Municipal, elecciones generales del año 2023 siguientes:

Acta de mesa 368
Acta de mesa 604
Acta de mesa 628
Acta de mesa 1834
Acta de mesa 269
Acta de mesa 558

Juramentación, toma de posesión y cese

La Feci también está requiriendo copia certificada de los documentos donde obre

• Nombramiento
• Juramentación
• Toma de posesión
• Cese de funciones

De las JRV del departamento de Guatemala, Distrito Central, Elección de Corporación Municipal, elecciones generales del año 2023 de las mesas arriba mencionadas.

Otra petición es que se envíe copia certificada del acta de certificación de escrutinios, identificada como Documento  5e, de las mismas mesas electorales y juntas receptoras de votos.

El TSE también debe incluir copia certificada del acta de certificación de escrutinios, identificada como Documento No. 5e, de las Juntas Receptoras de Votos, correspondientes al Departamento de Guatemala, Distrito Central, Elección de Corporación Municipal, elecciones generales del año 2023, siguientes:

1. Acta de mesa 368
2. Acta de mesa 604
3. Acta de mesa 628
4. Acta de mesa 1834
5. Acta de mesa 269
6. Acta de mesa 558

La petición de la Feci incluye también que se le envía copia certificada del acta final de cierre y escrutinios, identificada como Documento 4 triplicado, de color celeste de las 38 mesas de las Juntas Receptoras de Votos, correspondientes al Departamento de Guatemala, Distrito Central, Elección de Corporación Municipal, elecciones generales del año 2023.

Además, copia certificada del acta inicial, identificada como Documento 1, de las Juntas Receptoras de Votos, correspondientes al Departamento de Guatemala, Distrito Central, Elección de Corporación Municipal, elecciones generales del año 2023 siguientes:

1. Acta de mesa 368
2. Acta de mesa 604
3. Acta de mesa 628
4. Acta de mesa 1834
5. Acta de mesa 269
6. Acta de mesa 558

Toda esta información debe enviarla el TSE en un plazo no mayor a 5 días a la 15 avenida 15-16, zona 1 de Guatemala, en el cuarto nivel, ala norte, Fiscala Especial Cares la impunidad, Agencia 8.