Carlos Pérez, el teniente coronel que piloteaba la aeronave en la que se conducía el presidente Colombiano Iván Duque al momento de sufrir el atentado el pasado viernes, aseguró que su equipo estaba entrenado para tomar decisiones y mantener la calma.  “Los pilotos estamos entrenados para tomar decisiones, para mantener la calma. Esto es producto del fuerte entrenamiento en el que hemos estado durante nuestra carrera militar”, dijo.

El helicóptero Black Hawk en el que se conducía Duque fue atacado con armas de fuego desde tierra, mientras sobrevolaba el municipio de Sardinata hacia Cúcuta, donde tenía previsto presentar los avances de la política “Paz con Legalidad”. Finalmente, resultó ileso al igual que el resto de los tripulantes.

“Son dos oficiales instructores, entrenados en combate que saben cómo sortear este tipo de situaciones y prueba de ello es que llegaron a tiempo con seguridad. Nuestros pilotos presidenciales son instructores, son pilotos de prueba y son pilotos con mucha experiencia volando helicópteros QH60. Son los mejores que tenemos en nuestras tripulaciones”, dijo el mayor general Fernando Losada, comandante de Operaciones Aéreas.

Uno de los miembros del cuerpo de seguridad del mandatario comentó que al momento de aterrizar en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta escucharon un “ruido como si un destornillador se hubiera metido dentro del motor de la aeronave”.

El helicóptero recibió seis impactos de bala en las hélices y en el área de la transmisión del rotor de la cola. El jefe de estado colombiano se acompañaba del ministro de Defensa Diego Molano, el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano y el ministro del Interior, Daniel Palacios.

”Estamos entrenados para mantener la calma”: Teniente Coronel Carlos Pérez, piloto que conducía el helicóptero atacado donde viajaba el presidente @IvanDuque.

”Son los mejores de la flota UH60″: Mayor General Fernando Losada, Cmdte. de Operaciones Aéreas de @FuerzaAereaCol pic.twitter.com/hmnIUUmwgx

— Mindefensa (@mindefensa) June 26, 2021

El gobierno colombiano ofreció este sábado 26 de junio,  3 millones de pesos (795 mil dólares) de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables del ataque contra un helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, cerca de la frontera con Venezuela.

“Se ofrece una recompensa de hasta 3 millones de pesos para aquella persona (…) que permita dar con los responsables de este atentado terrorista”, dijo el ministro de Defensa Diego Molano en un video a los medios desde la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander.

El director general de la policía, general Jorge Vargas, precisó que los disparos se dieron desde un barrio de esa misma urbe, cercano al aeropuerto de donde despegó la aeronave presidencial.

“Se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles”: un AK-47 cuyo número de registro está siendo investigado y otro calibre 7,52 “con marca de las fuerzas armadas de Venezuela”, así como 20 vainillas percutidas, agregó.

Duque viajaba junto a sus ministros de Defensa y de Interior así como con el gobernador de Norte de Santander a bordo del helicóptero que salió de Sardinata con rumbo a Cúcuta.

Imágenes divulgadas por la presidencia muestran varios impactos de bala en la cola y la hélice principal. Ninguno de los ocupantes sufrió heridas.

El ataque fue condenado por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

El mandatario asistió durante la tarde a un evento en la región del Catatumbo, una de las zonas con más narcocultivos del país, principal exportador de cocaína del mundo.

Disidentes de las FARC, militantes del ELN y otros grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico en esta zona bajo fuego, aprovechando la porosa frontera de 2 mil 200 kilómetros entre Colombia y Venezuela.

Hace 11 días, un carro bomba estalló dentro de una instalación militar de Cúcuta, dejando 36 heridos. En la base se encontraban soldados estadounidenses que asesoran la lucha contra el narcotráfico.

El gobierno responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida en el país, pero señaló que detrás del ataque también pueden estar disidencias que se marginaron del pacto de paz firmado en 2016 con las FARC.

Duque ha acusado en reiteradas ocasiones al presidente Nicolás Maduro de refugiar en territorio venezolano a disidentes y tropas del ELN, guerrilla que el jueves anunció un relevo en su comandancia.

Bogotá y Caracas rompieron relaciones poco después de la llegada de Duque al poder en agosto de 2018.

El país atraviesa el peor rebrote de violencia desde la firma de la paz, con numerosas masacres que el gobierno atribuye a los grupos que se financian del narcotráfico.

Ni con extintores ni con baldados de arena lograban los policías apagar el incendio de su pequeña estación. Diez de ellos estaban dentro. Habían cerrado la puerta para evitar más ataques. Pronto tuvieron que salir porque se iban a quemar. Lo hicieron con las manos en alto en son de paz, pero los siguieron atacando.

Las imágenes del incendio de un Comando de Atención Inmediata (CAI) en Usme, una localidad de Bogotá, han dado la vuelta a Colombia como una prueba de que el llamado “vandalismo” se tomó las manifestaciones del Paro Nacional de los últimos días.

Se cumple una semana de protestas, que se iniciaron en rechazo a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque pero que luego pasaron a tener entre sus principales demandas el cese delos abusos policiales.

Según la ONG Temblores ha habido 1.500 ataques contra la población civil.

Las cifras oficiales estiman que al menos 24 civiles y un policía han muerto durante los enfrentamientos que se han producido tras cada jornada de protestas y que han eclipsado las masivas marchas pacíficas que piden un país más justo, igualitario y en paz.

Detrás de los enfrentamientos -en base a decenas de entrevistas con policías, manifestantes y expertos- parece haber, entre otras cosas, una profunda desconfianza del otro en ambas partes y una visión antagónica de lo que ocurre en Colombia.

Un choque de percepciones que se puede ejemplificar en la figura de los CAI, unas pequeñas estaciones de policía que están por todos los barrios del país por las que muchos colombianos, por una u otra razón, como detenidos o como víctimas, han pasado alguna vez en su vida.

Para los manifestantes, los CAI son centros en los que se trafican armas y drogas, y se abusa de la población civil. Son un símbolo concreto de los numerosos abusos policiales que ocurren cada año.

Para los agentes, en cambio, los CAI son espacios de conexión y cercanía, donde se atienden las demandas más mundanas de cada comunidad. Un símbolo de su vocación de servicio y protección.

El símbolo de los CAI

Durante la noche del 4 de mayo, 15 CAI fueron incendiados en Bogotá. Una jornada parecida a las del 9 y 10 de septiembre de 2020, cuando un tercio de los 156 CAI que hay en la ciudad fueron destruidos en medio de protestas contra los abusos policiales. 13 civiles murieron en aquellas dos jornadas que antecedieron a la actual ola de protestas.

Los CAI fueron creados a finales de los años 80, cuando las principales ciudades de Colombia estaban entre las más peligrosas del mundo.

Su objetivo era introducir seguridad en el corazón de cada barrio y, según el decreto que los originó, “fraternizar y unir la policía con la comunidad”.

Pero, a la vista de muchos de los miembros de esas comunidades, ocurrió lo contrario: desde ese entonces, se han denunciado numerosos de casos de violencia sexual, tráfico de drogas y venta de armas que supuestamente ocurren dentro de los CAI.

“Los CAI, más que seguridad, son una amenaza para la sociedad”, dijo un líder del Paro que pidió no ser identificado. “A muchos de nosotros ahí nos han detenido arbitrariamente, golpeado ilegalmente y luego liberado sin ninguna resolución sino bajo mecanismos de extorsión”.

“Te confiscan un arma blanca (un cuchillo), por ejemplo, o un porro (un cigarrillo de marihuana) y luego te cobran dinero para devolvértelo”, indica.

Carlos Galvis, un teniente coronel que se retiró hace un año del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), explica: “Claro que se han presentado novedades en los CAI. Y muchos (policías) terminaron sancionados y en la cárcel. Y yo no le puedo asegurar que eso no vaya volver a pasar, porque somos humanos”.

“Pero tomar eso como pretexto -continúa- para quemar todos los CAI es insostenible, porque al día siguiente de una de estas destrucciones sale la gente de bien a reconstruirlos”.

Los seis agentes que hablaron con BBC Mundo para este reportaje destacaron los videos, también virales durante estos días, en los que las comunidades le hacen homenajes a la policía para agradecer su labor en contra del llamado vandalismo.

“La policía es querida por las personas buenas y odiada por los delincuentes”, dijo el coronel retirado de la policía Jaime Moreno, quien durante estos días ha hecho rondas por los diferentes CAI “abrazando, agradeciendo y dando apoyo a nuestros oficiales”.

Galvis explicó que los “errores” de sus compañeros que cometen abusos policiales son producidos por el agotamiento: “Tienen turnos de 24 horas, a veces deben dormir en el piso y no hay suficiente comida. Ser policía no es fácil y es ahí cuando incurren en malas prácticas”.

La pandemia catalizó la desconfianza

Aunque los expertos no niegan que los agentes trabajan demasiado, hay quienes encuentran otra explicación para el choque cada vez más violento entre jóvenes manifestantes y policías.

La desconfianza entre policías y manifestantes es habitual, pero ese sentimiento se ha profundizado durante la pandemia debido a las labores de control sanitarias que deben ejercer los agentes.

Temblores, la ONG que monitorea violencia policial, ha tenido acceso a información oficial de multas policiales en los últimos años en Bogotá y encontró que entre 2019 y 2020 hubo un aumento del 500% por “agresión a la autoridad”.

“Estas son sanciones que se imponen por una oposición a un procedimiento policial y tienen un margen de arbitrariedad enorme”, explica Alejandro Lanz, director de Temblores.

Los análisis estadísticos de la ONG han encontrado una relación directa entre los lugares donde se ponen estas multas y el ataque posterior de los jóvenes a los CAI.

“La policía abusa de su autoridad a través de las multas y la gente responde con esa rabia que vimos el 9 de septiembre y ahora volvemos a ver el 4 de mayo”, concluye Lanz.

Visiones distintas

Los policías, sin embargo, lo ven distinto: todos los agentes consultados coincidieron en que los ataques a los CAI, así como a diferentes espacios de infraestructura pública, como las estaciones de transporte masivo, no son espontáneos, sino que están “orquestados por grupos especializados”.

Aunque no presentaron pruebas de nexos con guerrillas, coincidieron con esta frase del oficial Galvis: “Si no hay vínculo (de los vándalos) con grupos armados organizados, por qué van a apoyar una destrucción de un bien público. Esa coordinación solo la hacen con alguien que hace parte de un grupo ilegal, organizado y entrenado”.

En el fondo, además de desconfianza, la relación entre policías y manifestantes parece estar mediada por una percepción distinta de la Colombia actual.

Una de las demandas principales de las protestas es que se implemente mejor el acuerdo de paz que el Estado firmó con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Eso significaría una reforma de la policía para que pase de combatir un enemigo subversivo a, simplemente, proteger a la ciudadanía.

Sin embargo, en todas las entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad, BBC Mundo encontró la misma opinión: “El enemigo cambió de nombre, pero sigue siendo el mismo” y “no podemos cambiar de estrategia porque el conflicto nunca acabó”.

Se refieren a que la violencia y el narcotráfico en Colombia siguen existiendo a pesar del proceso de paz y que muchos de los grupos delincuenciales se fragmentaron o cambiaron de nombre pero siguen operando, incluso a través de las protestas.

Los manifestantes piden un país en post conflicto y los policías niegan que el conflicto haya terminado.

Los CAI, el espacio que se inventó para acercar a la ciudadanía y a la policía, es el símbolo que materializa esa discordia.

La violencia que siguió a cinco días de masivas protestas contra una polémica reforma tributaria en Colombia ha dejado al menos 19 muertos y 800 heridos, mientras las movilizaciones continúan este de 3 de mayo a pesar de que el presidente Iván Duque retiró su proyecto fiscal.

Según un nuevo balance de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), 18 civiles y un policía murieron en las protestas que empezaron el 28 de abril en toda Colombia. Más temprano, el reporte era de 17 fallecidos.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, dijo Duque.

La propuesta de reforma había desatado fuertes protestas en Colombia, que habían dejado al menos seis muertos hasta este domingo. Aunque la fiscalía dijo que estaba investigando 10 muertes en los últimos días en Cali para determinar si estaban relacionadas con las manifestaciones.

Más información en breve.

#EnVivo | Declaración del Señor Presidente de la República @IvanDuque https://t.co/bqDZktxQ3e

— Presidencia Colombia (@infopresidencia) May 2, 2021

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Tres manifestantes murieron en medio de disturbios producidos durante las masivas protestas que sacudieron la víspera al gobierno de Iván Duque en Colombia, dijo este viernes el ministro de Defensa.

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“En las últimas horas las autoridades han confirmado la muerte de dos personas en Buenaventura en medio de disturbios y una más en Candelaria, ambos en municipios del (departamento) Valle del Cauca”, en el oeste del país, dijo en rueda de prensa Carlos Holmes Trujillo.

El ministro aseguró que los fallecidos en Buenaventura, principal puerto de Colombia sobre el Pacífico, murieron en medio de “una intención de saqueo” la noche del jueves a un centro comercial al que la fuerza pública “acudió a hacerle frente”.

“Como resultado de la confrontación entre los vándalos y la fuerza pública, y en hechos que son materias de investigación, (…) se produjo la muerte de dos personas y además resultaron heridos un intendente de la policía y un infante de Marina”, agregó.

Trujillo aseguró que a la zona se desplazó una comisión de la fuerza pública para “analizar de primera mano los procedimientos realizados” por los uniformados en medio de los enfrentamientos.

El funcionario no dio detalles sobre el fallecido en Candelaria, a unos 93 kilómetros de Buenaventura, aunque una fuente del ministerio dijo a AFP que también se produjo en medio de disturbios.

El jefe de la cartera aseguró que las autoridades abrieron once indagaciones preliminares por “posibles actuaciones irregulares” de miembros de la policía contra manifestantes en Bogotá, Cali, Manizales y Cartagena.

El gobierno de Duque, quien tras quince meses en el poder luce debilitado, afrontó el jueves la mayor protesta callejera que ha ocurrido en Colombia en los últimos tiempos.

Aunque las autoridades reiteraron el carácter mayoritariamente pacífico de las movilizaciones, al cierre de la jornada se presentaron fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, que dejaron 122 civiles con heridas leves y 151 miembros de la fuerza pública lesionados, según el balance oficial.

También hubo 98 capturados.

Cali fue el principal foco de violencia, con saqueos y “actos vandálicos”, que llevó a la alcaldía a decretar toque de queda hasta las 06H00 de este viernes. Aunque las autoridades aseguraron que ya retomaron el control.

Con un diverso abanico de reclamos y exigencias contra sus políticas económicas, sociales y de seguridad, cientos de miles de personas protestaron la víspera en las calles y con ‘cacerolazos’ contra Duque.

El presidente colombiano, Iván Duque, incluyó unas imágenes en un informe de 128 páginas que entregó al secretario general de las Naciones Unidas el jueves, para probar la supuesta presencia de guerrilleros de su país en Venezuela respaldados por el gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, al menos cuatro de las fotos incluidas en ese informe entregado a António Guterres incluían datos erróneos, según medios de comunicación locales e internacionales que obtuvieron las imágenes previamente.

“Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia”, dijo Duque al anunciar la entrega de ese dosier en la Asamblea General de la ONU.

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El gobierno de Maduro no tardó en reaccionar, poniendo en cuestión la credibilidad del mandatario colombiano.

“El presidente Duque, un pésimo mentiroso. No habían pasado 24 horas y ya salía a la luz pública la verdad”, dijo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en la Asamblea de la ONU en Nueva York este viernes.

Pero ¿qué muestran exactamente esas imágenes?

El ELN en Colombia (y no en Venezuela)

En una de las fotos en disputa se ven hombres y mujeres con uniformes militares, presuntamente del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, formando una ronda con niños con camisetas blancas en un lugar de vegetación.

“Penetración del ELN en escuelas rurales del estado de Táchira con fines de adoctrinamiento – Abril 2018″, afirma el texto que acompaña la foto que el propio Duque tuiteó tras entregar el dosier.

El diario El Colombiano puso en duda sus declaraciones e informó horas más tarde que la imagen, en lugar de haber sido tomada en el estado venezolano de Táchira, provenía del propio territorio de Colombia.

Javier Alexander Macías, editor de la sección de Paz y Derechos Humanos de El Colombiano, precisó que la foto le había sido proporcionada por la inteligencia militar colombiano para un reportaje sobre el reclutamiento de niños por parte de la guerrilla en el departamento colombiano de Cauca, costa del Pacífico, publicado en junio de 2015.

“El presidente @IvanDuque se equivocó. Esta foto no fue tomada en Venezuela, fue tomada en Colombia“, señaló el diario en su cuenta de Twitter.

Duque sostuvo este viernes desde Miami que la foto era “anecdótica” dentro de su dosier, que “tiene tanto fotografías de contexto como fotografías propias de inteligencia colombiana”.

El ELN tiene 3 de sus 8 frentes de guerra en Venezuela. Son 20 estructuras con 1.438 terroristas que están en territorio venezolano, lo que corresponde al 30% de sus hombres armados. Tienen esa “retaguardia estratégica”, gracias a la seguridad que les brinda el régimen de Maduro. pic.twitter.com/ommE842f6y

— Iván Duque (@IvanDuque) September 27, 2019

El mandatario ha aludido a la explicación que desde Táchira ha dado la ONG Fundaredes, que sostuvo que la foto “forma parte de material recopilado” por la misma en junio de 2013 sobre la presencia del ELN en escuelas, aunque lo publicó recién en 2018.

Las denuncias de presencia de guerrilleros en la frontera entre ambos países están lejos de ser novedad, pero se volvieron un tema sensible en medio de la crisis política y económica de Venezuela, que ha enfrentado a los gobiernos de Maduro y Duque.

Ante la polémica por la foto, opositores colombianos como el exguerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acusaron a Duque de utilizar la crisis venezolana para eludir el debate sobre los problemas de su propio país.

La segunda fotografía

La segunda fotografía del informe de Duque que cayó en la controversia este viernes muestra una cabaña con las siglas del ELN pintadas con aerosol en una zona boscosa.

“Masacre en el estado Bolívar (Venezuela), por enfrentamientos entre miembros del GAO-ELN y grupos de ‘Pranes’ que delinquen en el sector – octubre 2018”, señala el texto que acompaña la imagen en el dosier colombiano.

En esta ocasión, otro medio de comunicación también puso en cuestión sus afirmaciones.

La agencia francesa de noticias AFP informó que esa foto “fue tomada en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela” por uno de sus fotógrafos, Luis Robayo, en septiembre de 2018.

Esta foto la tomé el 20 de septiembre de 2018 en un viaje que hice a la región del Catatumbo para hacer un reportaje”, afirmó Robayo.

Hasta cuatro fotos “erróneas”

Además, AFP indicó que un portavoz del ministerio colombiano de Defensa se había disculpado telefónicamente “por el uso de al menos tres fotografíasde esta agencia en el dosier, que no se ha hecho público en su totalidad”.

“Además, la fuente reconoció que las tres fotografías de la AFP habían sido tomadas en Colombia y no en Venezuela”, añadió la compañía francesa.

Teniendo en cuenta la imagen que le habría suministrado a El Colombiano la inteligencia militar en 2015, suman cuatro las fotos “erróneas“que habría presentado el gobierno de Colombia ante la ONU.

“Escándalo mundial”

La vicepresidenta venezolana sostuvo ante la Asamblea General de la ONU que todo esto era un “escándalo mundial”.

“Un ligero examen ha demostrado que esas fotos que trajo como de Venezuela el señor Iván Duque realmente corresponden a territorio colombiano, en el caso del Cauca y en el caso del Catatumbo”, dijo Rodríguez, cuyo gobierno ha sido acusado por la ONU de numerosas violaciones de derechos humanos.

Además de negar que Venezuela albergue a guerrilleros colombianos, Rodríguez leyó las coordenadas de sitios de Colombia donde afirmó que hay campamentos en que “se está entrenando a mercenarios para agredir a Venezuela”.

Aunque dijo que presentaría fotos de esos lugares, no las hizo públicas de inmediato.

Colombia ha negado que pretenda agredir a Venezuela y defiende la credibilidad del informe presentado a la ONU.

“El ELN tiene 3 de sus 8 frentes de guerra en Venezuela. Son 20 estructuras con 1.438 terroristas que están en territorio venezolano, lo que corresponde al 30% de sus hombres armados”, tuiteó Duque este viernes, proporcionando más información sobre el informe.

“Tienen esa ‘retaguardia estratégica'”, agregó, “gracias a la seguridad que les brinda el régimen de Maduro”.

Una singular consulta popular que pretendía endurecer el castigo a la corrupción política en Colombia se hundió por estrecho margen en las votaciones de este domingo, según un primer conteo de la autoridad electoral.

La propuesta, que apuntaba a convertirse en un manifiesto de rechazo a la clase dirigente y las empresas que corrompen al Estado, no alcanzó los poco más de 12,1 millones de apoyos que requería para convertirse en mandato.

Compuesta por siete iniciativas, la consulta anticorrupción recibió 11.670.907 votos, es decir que le faltó menos de 470.000 para cruzar el umbral impuesto por ley, que equivale a la tercera parte del censo electoral, según el conteo rápido de la Registraduría Nacional, responsable del escrutinio.

El cálculo corresponde al 99,96% de las papeletas depositadas durante la jornada, en la que por primera vez los colombianos se pronunciaron a nivel nacional a través de este mecanismo de participación popular incluido en la Constitución vigente desde 1991.

“El 99% de quienes votamos apoyamos las iniciativas, desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación”, declaró en un mensaje a la nación el presidente Iván Duque.

El jefe de Estado respaldó la cruzada en las urnas contra la corrupción, pese a las reservas y rechazo de miembros de su partido de derecha, Centro Democrático, que cuenta con mayoría en el Senado.

Tras conocer los resultados -que aún deben ser promulgados por la autoridad electoral-, los promotores del proyecto dijeron que tramitarán las iniciativas por la vía parlamentaria, pese a la histórica renuencia del Congreso a legislar de forma severa contra estas prácticas.

“Nos faltaron cinco centavos, pero el cambio es imparable y aquí hubo una zarandeada a esa clase política tradicional. La ciudadanía ya nos les camina, no come entero y quiere un cambio genuino en las prácticas políticas y en la corrupción”, declaró a la prensa la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde.

Empresas en la mira

Aunque superó los diez millones de votos que recibió en junio el hoy presidente Duque, la consulta volvió a chocar con la abstención histórica en Colombia y se suma al fracaso de los promotores del Sí en el plebiscito por los acuerdos de paz en 2016.

En esa oportunidad, los colombianos rechazaron por una exigua mayoría los pactos negociados por el entonces gobierno con la guerrilla FARC para acabar con medio siglo de conflicto, lo que obligó a hacer ajustes para sacar adelante el desarme de los rebeldes y su transformación en partido el año pasado.

La consulta promovida por la exsenadora y dirigente del opositor Partido Verde Claudia López, pareja de Lozano, contenía mandatos que iban desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa por cárcel y el embargo de bienes a condenados.

Además, planteaba restringir a tres mandatos el derecho a la reelección de cargos de votación popular (salvo la de presidente, que ya fue derogada) y obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y hacer público su patrimonio.

Aunque estaba enfocada principalmente en el castigo a funcionarios públicos, la iniciativa también pretendía transparentar la contratación con el Estado y prohibir tratos con empresas condenadas por sobornos u otras prácticas corruptas.

Pese al revés, Duque recogió el mensaje en las urnas y reafirmó su interés en sacar adelante en el Congreso cuatro medidas que apuntan hacia los mismos objetivos de la consulta.

“Además (…) quiero anunciarles que en los próximos días presentaré, junto con la Procuraduría General de la Nación, un proyecto de ley en el cual, entre otros, se consagrará la responsabilidad penal de las personas jurídicas para endurecer las sanciones a empresas que pretendan corromper funcionarios”, sostuvo el mandatario.

“Mandato” al Congreso

Si bien no superó la prueba, una cantidad importante de colombianos se movilizaron para pronunciarse contra la corrupción, cuando aún resuenan los ecos del esquema de sobornos que montó la constructora brasileña Odebrecht en Latinoamérica.

“Esta votación es la victoria contundente de la ciudadanía libre. Le da un mandato claro y contundente al gobierno y al Congreso”, sostuvo López frente a seguidores de la consulta en Bogotá.

Según los cálculos “más conservadores”, Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y 2011, un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual), de acuerdo con un estudio de la Universidad Externado.

En el Índice de Percepción de la Corrupción – que publica cada año la ONG Transparencia Internacional -, Colombia se ubica en el puesto 96 entre 180 países, siendo el primero el más limpio. En el último año y medio la fiscalía ha procesado a unas 2.200 personas por casos de corrupción en gobiernos locales.

Aunque acompañó en un principio la convocatoria de los verdes contra la corrupción en las urnas, el jefe del oficialismo, el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se decantó al final por el trámite parlamentario de las propuestas del gobierno.

A través de Twitter, anunció su “apoyo a aprobación acelerada” de propuestas del gobierno como “congelación de salario” de congresistas” y “períodos limitados de elección” para los legisladores.

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