Gobierno español da una última oportunidad a Puigdemont para rectificar

El gobierno español le recordó al presidente catalán, Carles Puigdemont, que le quedan tres días para evitar una posible suspensión de la autonomía de su región, y le reprochó no haber contestado a su pregunta de si ha declarado o no la independencia.

La peor crisis política en 40 años de democracia en España continúa así profundizándose, dada la oposición frontal entre el gobierno de Mariano Rajoy y el ejecutivo separatista de Puigdemont.

La batalla se libra al mismo tiempo en los tribunales. Este lunes, la fiscalía de la Audiencia Nacional, un alto tribunal, pidió prisión preventiva para el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.

Se le acusa de “sedición”, por no haber hecho supuestamente lo necesario a fin de impedir el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, en el que se escudan los independentistas en su lucha por separarse de España.

Rajoy pide claridad

En una sesión parlamentaria confusa, el pasado martes, Puigdemont hizo un amago de declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido del referéndum inconstitucional del 1 de octubre -con 43% de participación y 90% de síes-, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con Madrid.

Rajoy le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia, y le había dado plazo hasta este lunes.

Este es el primer paso para aplicar el Artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender la autonomía de una región si desobece la ley.

En su carta, sin embargo, Puigdemont eludió contestar y ofreció dos meses para dialogar.

“El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, en el Congreso de los Diputados”, dijo la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría.

Aparte de ella, Rajoy escribió este lunes al presidente catalán, que tiene ahora hasta el jueves a las 10H00 (08H00 GM) para dar marcha atrás.

“Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (…), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere”, escribió el jefe del gobierno español.

La pelota, en el tejado de los independentistas

Puigdemont por su parte escribió que la “prioridad” de su gobierno es “buscar con toda la intensidad la vía del diálogo”, por lo que “durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar”.

Insiste así en buscar un improbable diálogo con el gobierno español, cuya presión se añade a la que ejercen por su lado los sectores más duros del independentismo, que le exigen proclamar rápidamente y de manera “solemne” la República Catalana.

Mireia Boya, una de los 10 diputados regionales del partido independentista de extrema izquierda CUP, esenciales para la supervivencia del gobierno de Puigdemont, reiteró que hay que declarar la independencia para negociar “de tú a tú” con Madrid.

“Nosotros decimos: Negociar siempre, todo, pero una vez reconocidos como sujeto, una vez hayamos declarado la República”, dijo Boya a la radio pública catalana.

Presión de todos lados

En las últimas horas, la presión sobre Puigdemont le ha venido de todos los frentes.

Este mismo lunes declaraban por segunda vez ante la Audiencia Nacional en Madrid el jefe de la policía catalana y dos destacados líderes de asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Los tres declaran por “sedición”, un delito que puede acarrear hasta 15 años de prisión.

Comparacen al hilo de una protesta ocurrida el 20 de septiembre en Barcelona, en la que cientos de manifestantes impidieron durante horas la salida de guardias civiles de un edificio del gobierno catalán, en el que estaban efectuando registros.

En el caso de Trapero, comandante de los Mossos d’Esquadra, la acusación de sedición se extiende al 1 de octubre. Y es que según la Guardia Civil, que intervino utilizando la fuerza para tratar de impedir la votación, los Mossos pecaron de inacción.

La presión también viene del mundo económico: ante la incertidumbre política, del 2 al 11 de octubre 540 empresas hicieron gestiones para sacar sus domicilios sociales de Cataluña.

La última en hacerlo, este mismo lunes, fue Codorníu Raventós, una empresa que desde el siglo XVI produce vino en Cataluña y es famosa por su cava, un vino espumoso que compite con el champán francés.

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