Ciudad Guatemala
"Secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados del Ejército de Colombia".
Así define lo sucedido con una menor de 13 años de su comunidad Juan de Dios Queragama, líder de los indígenas embera que ostenta el título de gobernador mayor del grupo.
Según relata, el hecho sucedió en Santa Cecilia, una población rural en el departamento de Risaralda (este) el domingo pasado.
El caso conmocionó a diferentes sectores de Colombia, provocó una enérgica muestra de repudio de parte del gobierno, que incluso habló de cadena perpetua, y generó que el comandante del Ejército Nacional se traslade a la región donde se produjo el hecho.
Siete soldados reconocieron culpa por la vejación este jueves y se encuentran “tras las rejas” , según informó el fiscal general Francisco Barbosa.
La indignación en Colombia
“No es ninguna excepción. Esa es la realidad de muchas de las niñas indígenas”, afirma a BBC Mundo Armando Valbuena, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
El líder social señala que las menores de comunidades como los embera, wayúu o afrocolombianas en las zonas rurales del país no solo sufren de vejaciones por parte de soldados, sino también por grupos armados irregulares y de “los paramilitares, que siguen creciendo”.
Diferentes organizaciones indígenas expresaron su repudio a lo sucedido e incluso reclamaron que los autores de la violación sean “entregados y juzgados” bajo su legislación.
Los embera son un pueblo originario repartido en diferentes puntos de Colombia que sufre con frecuencia la necesidad de desplazarse por la violencia armada y la pobreza.
De hecho, no es raro ver grupos de ellos en las calles de Bogotá pidiendo ayuda.
Mientras tanto, el gobierno pidió que el Estado sea “implacable” si se confirma la culpabilidad de los acusados.
En un comunicado enviado a BBC Mundo por la Consejería para la Equidad de la Mujer, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez afirmó que “es aberrante e inaceptable el abuso sexual del que fue víctima la menor de la comunidad Embera Chamí”.
“Solicitamos a la Fiscalía acelerar el proceso investigativo para que se haga justicia. Este es un caso que merece la condena social, debemos actuar con celeridad y coherencia para defender los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es el momento de aplicar la cadena perpetua”, indicó la autoridad.
Por su parte, este jueves, el presidente Iván Duque sostuvo una comunicación telefónica con autoridades y pobladores de la región donde se produjo la vejación para expresar su solidaridad con la familia y la comunidad indígena.
La reacción de los militares
Fue la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército la que inició la denuncia a partir de información recibida por un soldado.
Y este jueves, el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, se trasladó a Risaralda y dio una declaración pública con el alcalde de la región y otros líderes sociales que se reunieron para evaluar lo sucedido.
“Esos siete soldados para mí ya no son soldados”, indicó.
El líder militar reconoció estar “dolido” ante lo sucedido “como en todos los momentos de crisis de la institución”.
“Hablé con todo el Ejército por esta situación tan compleja, tan bochornosa, tan reprochable que hicieron las tropas que se encontraban a nuestros verdaderos guardianes de la tierra. A nuestros indígenas”, añadió.
El Ejército, en el punto de mira
Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia
Este escándalo se añade a una serie de denuncias que han puesto al ejército colombiano una vez más en boca de todos los colombianos.
Desde el punto de vista de sus comandantes, cada caso es asilado y responde a actuaciones de “manzanas podridas”.
Pero temas tan sensibles como la vuelta de los sistemas de cuotas en bajas de guerrilleros o la persecución e investigación de periodistas y opositores al gobierno de turno hacen pensar que los sistemas de escrutinio y control en el ejército son insuficientes o, lo que es más grave, cuentan con avales de superiores.
El ejército colombiano dedicó sus últimos 60 años a combatir una guerra que hoy es distinta, porque no cuenta con la principal guerrilla del país, las FARC, que se desmovilizó en un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Una de las deudas de ese proceso, sin embargo, fue una reforma integral de las Fuerzas Armadas que las preparara para este nuevo escenario, las capacitara en materias de derechos humanos y fortaleciera los sistemas de justicia dentro de las mismas.
Pero ahora en el poder está un partido político que no solo es escéptico del proceso de paz de Santos, sino que representa la visión de muchos comandantes de que no hay necesidad de reformar el ejército.
Colombia tiene uno de los ejércitos más poderosos de América Latina y gasta en Defensa más que cualquier otro país de la región. Aun así, o quizá por esa misma razón, la institución sigue siendo una de las más opacas del país.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que la víctima recibirá apoyo de salud y psicológico.
Además, el gobierno colombiano aseguró que la menor “no estará sola” en su recuperación.
“No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Señalados responsables del abuso sexual de menor indígena en #Risaralda están tras las rejas. En audiencia, aceptaron cargos y reconocieron la tropelía de sus actos”: Fiscal General pic.twitter.com/TnuAScZ0dL
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 25, 2020
A través de un llamado público que circula en redes sociales y mensajes al teléfono se solicita ayuda no solo para ella, sino para las 15 familias de su comunidad que están en “en una situación de falta de víveres, pañales, leche para los niños y ollas de cocina”.
Mientras tanto, lo sucedido pone a las fuerzas armadas colombianos una vez más en el centro de la crítica.
“A estos bandidos que mancharon su uniforme y mancharon la dignidad de la niñez en Colombia, se les solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario por la gravedad de los hechos”, llegó a señalar el fiscal general del país, según reportó el diario “El Tiempo”.
Por su parte, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, expresó que su repudio al “crimen atroz”.
“Duele Colombia cuando quienes deben defender vida y dignidad de nuestros niños se convierten en sus verdugos. Violadores de niña indígena deshonran la fuerza pública e hieren a un país que exige justicia”, afirmó.
Y el líder indígena Armando Valbuena asegura que el caso de la menor es otro ejemplo de la “estrategia de guerra” de los militares contra los pueblos rurales.
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