Ciudad Guatemala
Sara Jineo está todavía indignada por lo que pasó cuando llevó a su hijo Camilo en 1988 al hospital de Temuco, en el sur de Chile, cuatro días después de dar a luz.
“Me engañaron”, cuenta. “Me hicieron ir al hospital y dijeron que le harían un análisis de sangre a mi bebé“.
Pero la mujer que tomó a Camilo de los brazos de su madre nunca lo trajo de vuelta. “Busqué por todo el hospital y cuando salí y pedí ayuda a un policía, me miró, se rió de mí y me dijo que estaba loca“, recuerda.
Sara todavía vive en Temuco y ha buscado a su hijo durante 30 años. Está convencida de que se lo llevaron a un país extranjero.
Cuenta que un taxista le dijo que una mujer había llevado a un bebé llorando al aeropuerto el mismo día en que Camilo desapareció. Aparentemente, el niño estaba envuelto en la misma manta con que ella lo había cubierto.
Pero su historia no es la única. Sara es parte de una generación de madres y niños chilenos que intentan encontrarse tras ser separados forzosamente durante el gobierno militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
Muchas de las madres, incluyendo a Sara, eran mapuche, la población indígena más grande de Chile.
Representan el 7,5% de un total de 17 millones de habitantes del país. En su mayoría viven en zonas rurales pobres del sur y dicen que son tratados como ciudadanos de segunda clase, sin acceso a su tierra y su cultura.
Aumento de casos
Aunque la adopción ilegal no comenzó durante los años de Pinochet (y muchas ya ocurrían en la vecina Argentina), el número de separaciones forzadas aumentó significativamente bajo su mandato y tenían un objetivo específico.
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El gobierno quería eliminar la extrema pobreza, particularmente entre los niños. La estrategia era sacar a los niños del país, dice Jeanette Velásquez, trabajadora voluntaria del grupo Hijos y Madres del Silencio.
Velásquez afirma que trabajadores sociales, monjas, abogados y agencias internacionales de adopción estuvieron involucrados en la operación secreta en la que se enviaban bebés a países desarrollados como Holanda, Estados Unidos, Suecia y Alemania.
“Algunas mujeres me cuentan horribles historias sobre cómo estaban dándole el pecho a sus bebés cuando se los arrancaron de los brazos. Hubo mucha violencia”, dice.
En otros casos, la presión fue más psicológica. Trabajadores sociales le decían a las madres que eran muy pobres para mantener a sus hijos, o que ya tenían muchos como para criar otro.
Las madres solteras eran quienes más recibían estas presiones.
Algunas mujeres fueron forzadas a firmar documentos que no entendían. A otras les dijeron que sus hijos habían muerto.
¿Qué sucedió?
- 20.000 niños fueron adoptados por parejas extranjeras durante los años del gobierno militar.
- La Corte de Apelaciones de Chile dice que al menos 8.000 de estos casos podrían ser ilegales.
- Algunos activistas creen que el número puede ser mucho mayor.
- Casi 200 madres se han reencontrado con sus hijos.
De Chile a Holanda
La madre de Alejandro Quezada tiene una historia similar. Tenía solo 14 años cuando su bebé nació, y estaba soltera. Vivía en una zona rural en las afueras de Valdivia, al sur del país austral.
Poco tiempo después de dar a luz en su casa, llevó al bebé a hacerse un chequeo en el hospital local. El personal médico insistió en que estaba enfermo, y le arrebataron al bebé de sus brazos. Luego le dijeron que había muerto y que se habían deshecho del cuerpo.
“Cuando empezó a gritar, la inyectaron y despertó tres días después”, narra Alejandro.
Mujeres como la madre biológica de Alejandro nunca recibieron certificados de defunción, y no se les permitía ver el cuerpo del bebé. Les decían que sería muy traumático, y en el clima de miedo durante la era de Pinochet, temían hacer demasiadas preguntas.
Alejandro comenzó a armar esta historia mucho más tarde en su vida. En 1979, pocas semanas después de haber nacido, fue enviado a Holanda.
Cuenta que fue adoptado por una pareja holandesa que se consideraba de la generación Flower Power -un movimiento hippie por la no violencia y el amor libre- y que quería ayudar a países pobres. Les dijeron que su madre lo había dado en adopción voluntariamente.
“Durante mi adolescencia, tenía tantas preguntas sobre mi identidad…”, recuerda Alejandro. “Aunque quería y apreciaba a mis padres adoptivos, me sentía deprimido y solo, me descarrilé en la vida”.
En 1997, con solo 17 años, viajó a Chile con su familia adoptiva para investigar su historia con la monja holandesa que había gestionado su adopción. Ella llevó a Alejandro a conocer a su madre biológica.
Enseguida se dio cuenta del parecido físico, pero no fue un encuentro fácil. “Yo tenía tantas preguntas que hacerle y fue muy frustrante, porque no nos podíamos entender y la monja no nos dejaba ver durante mucho tiempo”, cuenta ahora.
La verdad
Alejandro, que creció hablando neerlandés, decidió aprender español para poder comunicarse con su madre biológica sin un traductor.
No fue hasta que cumplió 30 años, y ya viviendo en Chile, cuando finalmente supo la verdad: su madre nunca había querido darlo en adopción pero le habían dicho que él había muerto.
La monja que gestionó su adopción y solía vivir entre los dos países, ahora reside en Holanda.
Ella ha hablado públicamente sobre las adopciones en las que estuvo involucrada e insiste en que hizo lo correcto. Afirma que creía haber conseguido que Alejandro tuviera una vida mejor, así como la de otros niños que dio en adopción.
Su historia personal impulsó a Alejandro a fundar la organización benéfica ‘Chilenos adoptados del mundo’, que ayuda a otros a encontrar a sus madres.
La búsqueda es difícil. Los documentos de adopción rara vez incluyen los nombres de ambos padres. Algunas veces los nombres y números de identidad fueron deliberadamente cambiados.
Alejandro ha encontrado una buena fuente de información: la oficina de registro de la capital chilena, Santiago, donde los certificados de nacimiento hechos a mano ofrecen pistas.
Investigación del gobierno
El gobierno chileno abrió una investigación en 2018 porque las madres exigen respuestas sobre por qué sus hijos fueron entregados en adopción en contra de su voluntad.
Ahora, un número cada vez mayor de personas que fueron separadas de sus padres cuando eran niños comienzan a descubrir la verdad tras sus adopciones.
Debido al creciente número de casos, crearon una unidad especial de policía en marzo pasado que está trabajando con madres en regiones donde se cree que los niños fueron robados.
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Una prueba de ADN es la pieza final de este rompecabezas. El gobierno y las organizaciones benéficas trabajan para que las madres se hagan pruebas y así su información genética integre un banco de datos administrado por el gobierno que ayudará a los adoptados a encontrar a su familia biológica.
Pero las mujeres deben pagar el costo de hacerse la prueba, que cuesta al rededor de US$100, alrededor de la mitad del salario de la mayoría de ellas.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jaime Balmaceda, está involucrado en la investigación del gobierno. Su trabajo es descubrir cuáles de las adopciones fueron legales y cuáles no.
Su teoría es que había dinero y sobornos de por medio, y eso es lo que está intentando probar.
Críticas a las autoridades
Pero no todo el mundo está convencido de que se esté investigando de manera profunda. El Estado chileno ha recibido algunas criticas por, supuestamente, intentar proteger a los jueces, trabajadores sociales, monjas y otros involucrados para que no sean juzgados.
Quienes quieren que se haga justicia dicen que la avanzada edad y las enfermedades de algunos de los sospechosos en el programa de separación forzada no debería ser excusa para que no se les juzgue.
Balmaceda afirma que las investigaciones no se atrasan intencionalmente, sino que son procesos largos y muchas veces interrumpidos por falta de documentos. “No estamos tratando de proteger a nadie, o esperando que las personas mueran para que no puedan ser juzgadas”, insistió.
Para Alejandro, encarcelar a los responsables de las adopciones forzosas no es el objetivo.
La monja que lo envió a Holanda visitó recientemente Chile y fue interrogada como parte de la investigación del gobierno. Pero Alejandro dice que no quiere que ella vaya a prisión, ahora que tiene más de 80 años.
“Nos han tratado de manera inhumana, pero eso no significa que debemos tratar a otros de la misma manera“. Para él es más importante asegurarse de que algo así no vuelva a suceder.
“Si quieres adoptar porque quieres ayudar, esa es una de las cosas más nobles del mundo”, dice. “Pero deben estar seguros de que tienen toda la información, porque los niños tendrán preguntas sobre sus raíces biológicas y tienes que asegurarte de que tienes las respuesta”, concluye.
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