Ante el “uso incorrecto” de vehículos donados por EE. UU. en Guatemala, Pentágono necesitará aval del Congreso de EE. UU. para enviarlos
Medidas impulsadas por congresista de origen guatemalteco Norma Torres son incluidas en nuevo reglamento de ayuda a la región, entre ellas lo relativo al envío de vehículos militares.
El Pentágono necesitará luz verde del Congreso de EE. UU. para toda transferencia de vehículos estadounidenses a Guatemala, según una ley de defensa aprobada esta semana en Estados Unidos que busca garantizar que la ayuda militar a Centroamérica sea transparente.
La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) de 2022, un paquete de US$768 mil millones para financiar programas de defensa estadounidenses, debe ser promulgada en los próximos días por el presidente Joe Biden. Fue aprobada el miércoles en el Senado con amplio apoyo, luego de ser adoptada la semana pasada por la Cámara de Representantes.
La iniciativa incluye medidas promovidas por la legisladora Norma Torres, nacida en Guatemala y única centroamericana en el Congreso estadounidense, para asegurar la supervisión de la ayuda militar de Washington a la región, origen de la mayoría de los migrantes irregulares que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
“Desafortunadamente, hemos visto a líderes corruptos y antidemocráticos usar las fuerzas policiales contra su gente y nuestros propios intereses en la región”, dijo Torres en un comunicado.
“Estas medidas ayudarán a abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica y apoyar nuestra seguridad nacional”, afirmó.
El texto dispone que el Departamento de Defensa debe recibir una aprobación del Congreso antes de transferir cualquier vehículo estadounidense a Guatemala.
En marzo de 2019, Estados Unidos suspendió parte de la cooperación militar con Guatemala al considerar que el país había hecho un uso “incorrecto” de vehículos donados para combatir al narcotráfico.
El 31 de agosto de 2018, varios Jeep J8 enviados por el Pentágono se apostaron frente a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU. Esto fue horas antes de que el entonces presidente Jimmy Morales anunciara que no renovaría el mandato de la Cicig, que había pedido investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña.
Torres denunció lo que consideró una intimidación a la Cicig y enmendó la NDAA de 2020 para requerir que la ayuda militar enviada a Guatemala sólo podía usarse para el propósito original.
Y recientemente denunció que esos mismos jeeps pudieron haberse usado este año contra líderes comunitarios en el municipio guatemalteco de El Estor, en medio de protestas contra la actividad de una minera en la zona.
La NDAA de 2022 también requiere una serie de informes del Pentágono relacionados con la asistencia de seguridad a los países del Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Además, pide una evaluación del Comando Sur, que está a cargo de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Centro y Sudamérica, sobre cómo los programas en el Triángulo Norte promueven el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, así como la estrategia de defensa de Estados Unidos.