Asociaciones de veteranos militares se oponen a resarcimiento de Q36 mil y accionan en la CC

El Congreso aprobó el12 octubre pasado la “Ley Temporal de Desarrollo Integral” que dispone beneficiar a los veteranos militares con el pago de Q36 mil a cada uno; sin embargo, este viernes, integrantes de varias asociaciones plantearon acciones legales en la Corte de Constitucionalidad (CC) en busca de dejar sin efecto dicha normativa.

Es el decreto 51-2022 el buscan que sea dejado sin efecto, por lo que representantes de 16 asociaciones de veteranos militares presentaron un amparo para revertir la decisión del Congreso, pues la mayoría de ellos insiste en que se les pague Q120 mil a cada uno como resarcimiento por haber prestado servicio militar durante la época más cruenta del conflicto armado interno.

Además, piden que se ordene al presidente de la República Alejandro Giammattei abstenerse de sancionar la normativa, por considerar que tiene vicios.

Jorge Vega, asesor de los veteranos, señaló que “estamos realmente indignados que un proyecto 6073 que fue convertido ya en decreto 51-2022 viene violando los derechos de cada uno de nuestros compañeros héroes de la patria, que en su momento prestamos un servicio para defender la soberanía y la democracia que hoy por hoy se vive en Guatemala. Vamos a presentar un amparo a la Corte Constitucional para rechazar ese proyecto que no dignifica al veterano militar, sino que lo excluye”.

Por su parte un veterano militar dijo que “rechazamos las 6073, porque esta ley no trae ningún beneficio” poque “el veterano militar no está dispuesto a ir a sembrar árboles, sino que lo que realmente la compensación que se está pidiendo es la 5664, ya lo tenemos ganado desde hace 36 años por lo tanto rechazamos rotundamente la iniciativa de ley 6073”.

En tanto, Érick Castillo, abogado de los veteranos, comentó que la acción de amparo se presentó porque la ley en mención no beneficia a sus patrocinados y “hoy, mediante una ley que constituye una amenaza de respeto a su dignificación se pretende crear un nuevo vínculo laboral, cuando ellos ya prestaron un servicio militar”.

“También solicitamos que al señor presidente la Corte le ordene que cumpla con la observancia del respeto a la Constitución y que se garantice a todos los guatemaltecos que ante un servicio prestado el Estado, lo menos que tiene que hacer es reconocer esos derechos ya adquiridos”, dijo Castillo.

Las asociaciones también anuncian bloqueos durante tres días a partir del martes 25 de octubre en distintos puntos del país, según el aviso enviado a la Gobernación Departamental de Guatemala.

Qué dice la Ley

La ley contempla que para hacer efectivo el pago mensual de Q1 mil por tres años a cada militar retirado deben formar parte de un “Programa de Desarrollo Integral”, que consiste en hacer trabajos de reforestación, protección y/o conservación de bosques para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en tierras estatales; limpieza para la conservación, protección y mantenimiento ambiental, clasificación de desechos y reciclaje, entre otras actividades.

El conflicto armado que sufrió Guatemala acabó el 29 de diciembre de 1996, con la firma de la paz, luego de 36 años de guerra interna, que dejaron más de 240 mil víctimas, entre asesinatos y desaparecidos, la mayoría de ellos a manos del Estado.

Un grupo de veteranos militares en desacuerdo por la aprobación de la ley 6073, que les compensa con Q36 mil, amenazaron con boicotear las elecciones de 2023 por la medida que tomó el presidente y el Congreso.

Amenazas

El día de la aprobación de la Ley, un grupo de veteranos militares en desacuerdo por la aprobación de la ley 6073 amenazó con boicotear las elecciones de 2023 por la medida que tomó el Congreso.

“Venimos en paz, pero si los diputados, el presidente, firman esto – la ley 6073 – vamos a bloquear las elecciones en todo el país. No va a haber elecciones. Y ahí va a empezar la guerra”, dijo uno de los veteranos que aseguró haber sido kaibil – fuerza especial militar guatemalteca -.

Dichas amenazas fueron desacreditadas por varios sectores que le exigen al Ministerio Público que investigue el hecho.