Comisión de Derechos Humanos no acepta tachas contra siete candidatos a dirigir la PDH y siguen el proceso

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso votó por mayoría que deben continuar en el proceso los siete aspirantes al cargo de Procurador de los Derechos Humanos, contra quienes se presentaron 10 tachas.

Estos son el exdiputado Fernando Linares-Beltranena , el parlamentario José Alejandro de León Maldonado, Diego José Montúfar, Carlos Solórzano, Silvia Villata, Marilis Ramírez y Giovanni Soto.

Los diputados votaron por cada aspirante bajo la posición de haber quedado “satisfechos” con los descargos que presentaron ante la sala legislativa para desvanecer las tachas o señalamientos en su contra.

Son 36 postulantes al cargo los que continúan en el proceso y en la reunión de este jueves 9 de junio se aprobó el edicto que será publicado el lunes próximo y que oficializa el listado de los aspirantes que son aptos para formar la terna que debe ser traslada al pleno del Congreso, que tiene como fecha el 7 de julio.

¿En qué consistían las tachas?

José Alejandro de León Maldonado

Contra el diputado de la bancada Podemos e integrante de la Comisión de Derechos Humanos se presentaron tres tachas.

El primer señalamiento fue formulado por Olga Elvira Morales Vail, residente de Chimaltenango, distrito por el que fue electo de León Maldonado como congresista.

La objeción argumenta que por ser un diputado no podría ostentar el puesto de manera independiente, ya que podría responder a intereses partidarios de su agrupación, misma que en las elecciones pasadas impulso la candidatura presidencial de Roberto Arzú.

La segunda objeción fue firmada por Éricka Mariana Román Javier. Su razón para dejar fuera al diputado es un supuesto conflicto de intereses ya que él es integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

Pese a que el diputado se inhibió del proceso, a criterio de Román, la Comisión Legislativa no estaría completa para la integración de la terna dando pie a acciones legales que podrían ampliar el mandato de Jordán Rodas hasta esclarecer el proceso.

La tercera tacha fue firmada por Zoel Antonio Franco, quien señala que por la trayectoria parlamentaria del candidato es poco probable que sea un magistrado de conciencia independiente, ya que podría responder a intereses políticos.Govanni Francisco Soto Santos

Es magistrado de una sala administrativa y es señalado por Zoel Antonio Franco de no ser idóneo para el rol de procurador de los Derechos Humanos por los antecedentes judiciales donde se desempeña como magistrado.

A criterio del impugnante, Soto Santos ha votado a favor de una serie de acciones de amparo que tienen un fondo político más no jurídico, destacando algunas de esas resoluciones.

Según la tacha, el voto de Soto fue clave para que la Usac celebrara hace unas semanas una cuestionada elección de rector. Detalla que en 2018 como el magistrado respaldó al partido FCN Nación, evitando su cancelación y ayudó a que la exdiputada Julia Maldonado obtuviera finiquito.

Diego José Montúfar

Contra el exasesor de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) se presentaron dos tachas.

Primero fue tachado por representantes legales de la CDAG, quienes cuestionan la legalidad de su función en la dependencia deportiva.

En la primera tacha informan sobre una denuncia que recibió el candidato a procurador de los Derechos Humanos por los supuestos cargos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes y asociación ilícita.

La segunda tacha explica que la CDAG declaró a Montufar como persona “no grata” a raíz de sus aparentes resoluciones ilícitas que le costaron una denuncia que está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Las dos tachas señalan que el candidato a procurador de los Derechos Humanos no reúne una de las principales características que exige el cargo: honradez.

Fernando Linares-Beltranena

Exdiputado al Congreso de la República que impulsó, sin éxito, la Ley para la Reconciliación Nacional, que buscaba una amnistía para todos los procesados y condenados por hechos relacionados al conflicto armado interno.

Era señalado de conductas violatorias a los Derechos Humanos por parte de la Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj), dentro de las tachas.

Entre los hechos que la organización considera que Linares Beltranena es no apto, detalla como en su rol de abogado defensor presto servicios profesionales a personas relacionadas con el narcotráfico.

También lo señalaron por algunos comentarios polémicos cuando fue diputado como cuando en una sesión plenaria del 2017 dijo que las personas con discapacidad eran “un gasto para el Estado”, o cuando manifestó que las mujeres eran “un accidente biológico”.

En el caso de Linares-Beltranena, en febrero pasado fue excluido del proceso para elegir al Fiscal General por una sanción del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

“Habían cosas muy subjetivas como que había defendido a algunas personas, es en realidad en su libre ejercicio de ejercer la abogacía y no se tomó como impedimento”, dijo el secretario de la comisión, el diputado Julio César López.

Marilis Guendali Ramírez

Actualmente es delegada de la PDH en el departamento de Chimaltenango, pero su desempeño en el área no ha sido la mejor a criterio de vecinos.

El Cocode del departamento de Chimaltenango objetó su participación, afirmando en que en su rol no ha prestado atención a las violaciones a los Derechos Humanos reportados por los grupos de vecinos.

Según el documento que fue entregado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el año pasado los vecinos pidieron al procurador Jordán Rodas la destitución de Ramírez, pero su petición no fue tomada en cuenta.

Exrelatores contra la Tortura

Se trata de los exrelarores Carlos Solórzano y Silvia Villalta. Las objeciones las comparten por presunta negligencia y operaciones a favor de actores políticos con procesos penales, hechos presuntamente registrados de 2014 a 2019, cuando ocupaban el rol de Relatores Contra la Tortura.

Eso según las tachas que presentó la ciudadana Eleonora Muralles, representante de la Asociación de Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

Entrevistas

Los diputados aprobaron que las entrevistas con los 36 aspirantes sean virtuales, mediante un video que deben grabar los postulantes con su plan de trabajo.

Debe tener una duración de 7 minutos, y los videos serán grabados por la oficina de Comunicación Social del Congreso a partir de la próxima semana.

Tabla de gradación

En la reunión se discutió la tabla de gradación que se pretende elaborar para evaluar a los aspirantes.

Algunos diputados propusieron que se elabore una tabla sin aspectos que sean evaluados de forma subjetiva.

Por ejemplo, si un aspirante no cumple un requisito no se le den puntos, y si los cumple, se le brinde una ponderación completa.

Será hasta en la siguiente reunión cuando se defina el tema.