Con drones, PNC capta a agresores de agentes durante conflicto en el Estor, Izabal, dice Gobernación

El Gobierno de Guatemala impuso el domingo recién pasado un estado de Sitio en el Estor, Izabal, para mitigar los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y vecinos de comunidades indígenas que se oponen al funcionamiento de una mina. Pasadas las horas, el Ministerio de Gobernación asegura que tiene el control del área y que buscan a los responsables de los enfrentamientos.

En conferencia de prensa, Gendri Reyes, ministro de Gobernación, dijo que, aunque la situación es tensa en el área, las fuerzas de seguridad mantienen el control, aunque destacó que no pensarán dos veces en actuar hasta donde se los permita la ley, en referencia a que algunos pobladores se quejan de exceso de uso de la fuerza policial.

“Nos tenemos que basar en la legislación guatemalteca, y si esta nos otorga la facultada de poder hacer una accione lo vamos a hacer. Si ellos consideran o no ya no es problemática mía, entonces que soliciten un cambio a la legislación, pero el Ministerio de Gobernación y el Gobierno de Guatemala van a hacer uso de todos los insumos legales que estén a su alcance para restablecer el orden”, dijo Reyes.

Agregó que mediante el uso de tecnología captaron a las personas que dispararon en contra de los agentes de la PNC que intervenían en los enfrentamientos, por lo que las imágenes serán procesaras en busca de individualizar a los responsables.

“Tenemos los videos donde las personas están disparando, porque utilizamos medios tecnológicos, entre esos utilizamos drones que la PNC tiene para poner tener esa información y la documentación adecuada para poder darle el proceso a la investigación y coadyubar con el MP en el tema de la persecución penal”, refirió.

“Hay que entender que tenemos el video y estamos haciendo el análisis de fotograma. Hay que entender que es una metodología científica que lleva pasos y procedimientos en temas de investigación criminal. Se está realizando el análisis del fotograma necesario y se está convalidando la información con la perfilación de esta persona que realizó los hechos”, comentó Reyes en referencia a que ese individuo no ha sido capturado.

Dijo que se recopila información para tramitar varias órdenes de captura.

Cientos de policías y militares se desplegaron el domingo pasado en El Estor, Izabal, donde el Gobierno declaró estado de sitio, un día después de que la Policía disolviera una protesta contra una minera suiza que dejó cuatro agentes heridos de bala.

Las fuerzas de seguridad -unos 500 soldados y 350 policías- se abrieron paso, en camiones, patrullas e incluso en vehículos blindados, por las calles del caluroso poblado maya q’eqchi’, ubicado 315 km al noreste de la capital por carretera -casi siete horas de camino-, observaron periodistas de la AFP.

Algunos vecinos de este municipio de 76 habitantes solo miraban, tratando de llevar su vida normal. Unos nadaban en las aguas del lago de Izabal que colinda con el poblado.

La orden del presidente Alejandro Giammattei, vigente por 30 días, limitará el derecho de manifestación, permitirá a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez, establece un toque de queda entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, así como otras restricciones, detalló el decreto publicado en la gaceta oficial.

“En el municipio de El Estor (…) diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad”, según el texto.

El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para que no pierda vigencia.

El sábado, policías despejaron una carretera donde un grupo de indígenas se habían apostado desde el 4 de octubre “en resistencia” al denunciar que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.

El grupo, que se opone a la minera por considerar que provoca daños ambientales, también denunciaba que el Ministerio de Energía y Minas no los había tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.

En el operativo cuatro uniformados resultaron heridos de bala en las piernas, según un informe de la policía. Varios pobladores fueron afectados por los gases lacrimógenos que lanzó el escuadrón antimotín, precisó la prensa local.