Ciudad Guatemala

Feci pide que el exdiputado Estuardo Galdámez sea procesado también por enriquecimiento ilícito de Q2 millones


El exfuncionario está procesado en el caso Asalto al Ministerio de Salud, y ahora el MP los señala de haber recibido Q2 millones por su intermediación en la en la adjudicación anómala del proyecto de construcción del Hospital de Ixcán, Quiché.

  19 abril, 2021 - 11:26 AM

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), requirió este lunes 19 de abril la citación a primera declaración del exdiputado y excandidato presidencial, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, para imputarle hechos relacionados con la investigación de la adjudicación del hospital de Ixcán, Quiché.

Galdámez acudió este lunes al Juzgado de Mayor Riesgo D, debido a la citación que se le hizo por esta nueva imputación que le hace la Feci.

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Según la Feci, a Galdámez se le imputará que recibió y aceptó Q2 millones que fue para retribuir su gestión de intermediación para la adjudicación anómala del proyecto de construcción del hospital de Ixcán, Quiché, a la entidad mercantil Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales,  Sercco, propiedad de Delio Edvin García Argueta.

Agrega que Galdámez recibió esa cantidad por medio la entidad mercantil Agricultura o Mecanización de Tierras Sociedad Anónima, Agromec, y que la cantidad de Q2 millones no la podía obtener derivado de su cargo como diputado al Congreso de la República electo por el distrito electoral de Quiché, postulado por el Partido Patriota.

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El comunicado de la Feci revela que para la construcción de dicho hospital en Ixcán, se publicó el proceso de licitación identificado con el Número de Operación de Guatecompras (NOG) 2813505, en la cual fue beneficiada anómalamente Sercco, el 16 de octubre de 2013, a la cual se le adjudicó el proyecto por un monto total de Q79 millones 630 mil.

El 30 de diciembre de 2013, el Estado de Guatemala, por medio de la cuenta de la Tesorería Nacional, acreditó en la cuenta bancaria de Sercco, Q15 millones 926 mil correspondiente al 20% del valor total de la obra en concepto de anticipo.

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Agrega que en dicha cuenta bancaria, al momento de la acreditación, contaba con un saldo de Q3 mil 103.71.

Feci detalla que del monto que el Estado dio en anticipo por la ejecución del proyecto Delio Edvin García Argueta, transfirió fondos a otra cuenta bancaria, y desde la misma, entre el 13 y 20 de enero de 2014, Sercco emitió 2 cheques, cada uno por un valor de Q1 millón, a  Agricultura o Mecanización de Tierras, S.A., (Agromec), vinculada a Galdámez Juárez, y que se simuló pertenecía a terceros.

En el documento de la Feci, se menciona que: “No obstante, la procuración para ocultar el origen y destino real de los recursos, el 4 de febrero de 2014, de la cuenta bancaria de Aromec, se giró un cheque por el monto de Q.500 mil que fue acreditado a cuenta bancaria de Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, en una sociedad bancaria del país”.

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Es por ello que la Feci citó a Galdámez para imputarle hechos por el tipo penal de enriquecimiento ilícito, regulado en el artículo 448 bis del Código Penal.

El caso contra Galdámez

El pasado 29 de enero, el exdiputado Galdámez fue enviado a prisión preventiva por estar vinculado al Caso Asalto al Ministerio de Salud.

El Juzgado de Mayor Riesgo D dictó auto de prisión preventiva en contra de Galdámez, por considerar que “existen peligros procesales de fuga y de obstaculización para la averiguación de la verdad, debiendo permanecer recluido en un Centro de Detención Preventiva”.

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Galdámez fue detenido el 23 de diciembre del 2020 en un retén policial y ligado a proceso penal el 21 de enero último por los delitos de tráfico de influencias en forma continuada y asociación ilícita.

El exparlamentario es sindicado por la Feci de haber “negociado” la construcción de un hospital en Ixcán, Quiché, para adjudicar el contrato a la empresa de la cual él habría recibido una comisión.

De acuerdo con la Feci, entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota y la gestión de Jorge Villavicencio como ministro de Salud, se formó una red de exfuncionarios y exdiputados para cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales.

La trama se armó con gestiones durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por legisladores y funcionarios.

El caso implicaba a unas 18 personas y la Fiscalía estimó en julio de 2019 que los sobornos fueron de unos Q50 millones.

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