Juez declara abandono de la Fundación Contra el Terrorismo como querellante en el caso de la compra de edificio del MP

Sergio Vega, juez del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, declaró este miércoles 1 de septiembre el abandono como querellante adhesivo de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), en el juicio en contra de Mynor Lobos Agustín, por la compra de un edificio para el Ministerio Público, ubicado en la zona 5 y valorado en Q35 millones.

De acuerdo con el juzgador, la decisión se tomó porque con antelación se notificó a los representantes de la FCT del inicio del debate e incluso se les dio un margen de tiempo, pero ninguno de ellos se presentó.

Además, la audiencia suspendida porque el abogado de Lobos Agustín, quien era representante legal de la empresa a cargo de la venta del inmueble, recién inició con la defensa y solicitó tiempo para estudiar el expediente. La audiencia fue reprogramada el 13 de septiembre a las 8:30 horas, cuando se espera que de inicio el juicio.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, hubo irregularidades en la compra del edificio, la cual se efectuó durante la administración de la exfiscal general Thelma Aldana, en octubre de 2017.

Según indicó el MP, la compra de la edificación se realizó a pesar de que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras, además de que se señaló que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de llevar a cabo la negociación.

La negociación para la compra del edificio se realizó a través de la entidad Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín.

Sin embargo, en 2020, la fiscal general Consuelo Porras declaró lesivo el contrato de compraventa suscrito con la empresa Bertram, S.A.

El caso

El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.

La orden contra Aldana se justifica, porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa ese 13 de septiembre.

Dijo que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.

El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones.

Lo anterior quedó consignado en dictámenes de una jefa del departamento jurídico, quien fue removida del cargo. La sucesora sí dio luz verde para concretar la compra, de acuerdo con la pesquisa.

La responsabilidad de Aldana, según Pacheco, radicó en el hecho de que ella firmó una resolución del 27 de diciembre de 2017 donde aprueba la compra y delega a la jefa administrativa esa gestión, lo cual es ilegal, según Pacheco.

La negociación del MP fue a través de la entidad Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín.

Además, según una auditoría de la Contraloría, hubo una sobrevaloración de Q3.5 millones en el avalúo que hizo el Departamento de Sección de Avalúos Oficiales, del Ministerio de Finanzas.