El 24 de noviembre del 2020, el presidente Alejandro Giammattei envió al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, una nota diplomática en la que solicitó el envío de una misión especial al considerar que Guatemala atravesaba por una “grave situación política”.

La solicitud del Gobierno fue hecha en medio de una ola de protestas ciudadanas en contra de la aprobación del Presupuesto General para el 2021, pues varios sectores lo consideraban ilegal y no acorde a las necesidades de la población.

La misión especial de la OEA fue enviada a Guatemala y trabajó del 27 de noviembre al 2 al 2 de diciembre del 2020, cuando se reunieron con representantes de varios sectores sociales en busca de promover el diálogo, respetando la institucionalidad democrática, “permitiendo que guatemaltecos y guatemaltecas resuelvan sus conflictos en paz, con pleno respeto a los derechos humanos”.

De acuerdo con el informe de la OEA, “existe una preocupación común sobre algunos elementos que podrían vulnerar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país”, entre los que destacan la corrupción e impunidad y la falta de transparencia en los asuntos públicos.

“La Misión constató que la manera en la que se trató la aprobación del presupuesto 2021 por el Congreso de la República fue la razón que detonó las protestas sociales del 21 de noviembre de 2020, sin embargo, apreció que existen múltiples reclamos e inquietudes de distintos sectores de la sociedad que van más allá de la situación coyuntural específica, y –en algunos casos— que anteceden al actual Gobierno”, detalle el informe.

Agrega: “la Misión pudo apreciar que Guatemala cuenta con instituciones democráticas representativas, capaces de garantizar la estabilidad, la paz y el desarrollo de la población guatemalteca”

Sin embargo, se beben tomar en cuenta las principales preocupaciones de los guatemaltecos, “sobre los cuales es necesario tomar medidas específicas”, señala el informe.

• La percepción sobre corrupción e impunidad
• La falta de transparencia en los asuntos públicos
• La conformación del presupuesto 2021 y el procedimiento legislativo para su aprobación
• La omisión legislativa en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones
• La necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad
• La preocupación sobre los criterios de competencia de la Corte de Constitucionalidad
• La falta de canales de comunicación adecuados entre las autoridades del Estado
• La garantía del derecho a la protesta social;
• El uso de la fuerza pública en las manifestaciones y las presuntas agresiones contra personas y bienes públicos
• Conocer los avances sobre las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por estos sucesos
• La necesidad de contar con mecanismos permanentes de interlocución multisectorial

Recomendaciones

Ante los hallazgos, la OEA hace algunas recomendaciones “que pretenden generar confianza y constituirse en un esfuerzo continuado de fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala”.

La percepción sobre corrupción e impunidad

• Hacer esfuerzos para fomentar la integridad, la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos a partir de una nueva Ley del Servicio Civil y de las reformas necesarias a la Ley Electoral
• Es deseable que se establezcan programas integrales de capacitación permanente de lucha contra la corrupción e impunidad
• Llevar a cabo una actualización de los Códigos de Ética y Conducta vigentes para los tres Poderes del Estado
• Los tres Poderes del Estado deben realizar un esfuerzo proactivo para dar a conocer y difundir los mecanismos de denuncia de actos de corrupción al interior de las instancias del Estado
• Adoptar una campaña de información gubernamental dirigida a la población en general sobre las vías que existen para denunciar actos de corrupción
• Garantizar una adecuada investigación, enjuiciamiento y sanción de los actos de corrupción
• Las fiscalías competentes deben continuar investigando presuntos actos de corrupción y deben redoblar esfuerzos para iniciar investigaciones de oficio. Sería conveniente un adecuado aprovechamiento de las capacidades institucionales y una mejor distribución de casos entre las fiscalías
• El Poder Judicial debe redoblar esfuerzos para emitir sentencias en aquellos casos en los que esté probada la comisión de actos de corrupción
• Establecer un mecanismo de rendición de cuentas en el Poder Judicial que permita a la ciudadanía conocer cuántas sentencias existen por actos de corrupción
• Redoblar esfuerzos para eliminar la impunidad, a través del establecimiento de canales adecuados de denuncia, la adecuada investigación, enjuiciamiento y condena de los responsables de los delitos
• Es necesario reevaluar la asignación presupuestal a las instituciones encargadas de la administración de justicia en Guatemala, con el fin de que cuenten con los recursos suficientes para la investigación y enjuiciamiento de los delitos
• Se deben realizar esfuerzos encaminados al fortalecimiento institucional y de recursos humanos del Ministerio Público, que garanticen su trabajo y presencia en todo el territorio de Guatemala

La transparencia en los asuntos públicos

• Procurar que los mecanismos de acceso a la información promuevan la rendición de cuentas y la transparencia y permitan el debate público de la gestión gubernamental
• Es fundamental y urgente adoptar medidas que garanticen la transparencia en el ejercicio
• gubernamental, la prevención de la corrupción y la provisión efectiva de servicios públicos
• Implementar mecanismos para fortalecer las instituciones públicas con el fin de que sean transparentes, efectivas y cuenten con mecanismos de participación ciudadana
• Fomentar procesos de participación ciudadana incluyentes, el intercambio de conocimientos en temas de gobierno abierto, transparencia y fiscalización del Estado
• Trabajar en conjunto con la sociedad civil en el proceso de formulación del plan de desarrollo y del presupuesto, e incluir mecanismos de veeduría ciudadana en la implementación de compromisos que se acuerden desde los diferentes niveles de gobierno
• Continuar con la implementación de la política nacional de datos abiertos y proceder a los procesos de apertura de los conjuntos de datos incluidos en el Programa Interamericano de Datos Abiertos dirigidos a prevenir y combatir la corrupción

La conformación del presupuesto 2021

• Establecer procedimientos transparentes para la discusión y aprobación de asuntos legislativos, incluyendo lo relativo a la discusión del presupuesto, tanto para las modificaciones del presupuesto 2021, como la aprobación de presupuestos futuros.

Omisión legislativa en la designación de magistrados de la CSJ y  Corte de Apelaciones

• Instar al Congreso a que efectúe a la brevedad posible el proceso de designación de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelación –pendiente desde octubre de 2019— en cumplimiento a la Constitución Política de la República de Guatemala y lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad
• La necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad
• Garantizar un proceso adecuado de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que garantice su independencia
•  Garantizar que el proceso de selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se cumpla dentro de los plazos constitucionales y legales establecidos con el fin de evitar vacíos en la conformación del órgano judicial

Garantía del derecho a la protesta social

• Garantizar el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica, como elementos esenciales para la existencia y consolidación de la democracia.
• Asegurar que las restricciones vigentes a las manifestaciones y protestas pacíficas sean conformes con los estándares e instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables.
• Realizar una adecuada capacitación a las fuerzas policiales y los operadores de justicia sobre la interpretación del contenido y alcance de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asamblea en el contexto de manifestaciones y protestas, de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos.

Uso de la fuerza pública en las manifestaciones

• Fortalecer la regulación del uso de la fuerza, para garantizar que se rija por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad
• Asegurar que el protocolo policial de manifestaciones se ciña a estándares internacionales de derechos humanos, y garantizar una capacitación adecuada de los elementos de la Policía Nacional Civil sobre los límites al uso de la fuerza y la actuación ante hechos de violencia

Conocer los avances sobre las investigaciones del MP

• Asegurar que las investigaciones del Ministerio Público sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones públicas sean serias, imparciales, prontas y efectivas
• Establecer una colaboración efectiva entre todas las fiscalías competentes que conocen de los hechos derivados de las manifestaciones, con el fin de determinar las responsabilidades respectivas