Oficinas de la Feci son objeto de una diligencia que llevó a cabo la Fiscalía de Asuntos Internos del MP por un caso que está bajo reserva

La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), realizó el sábado pasado diligencias de investigación en la sede de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), como seguimiento a una investigación que está en reserva y de la cual se desconocen detalles.

Según se informó, las diligencias consistieron en una planimetría, documentación con video y fotografía de la fiscalía desde la entrada de Gerona hasta esa unidad de investigación.

El procedimiento fue autorizado por la fiscal general, Consuelo Porras, y también estuvo a cargo de la División de Investigaciones Criminalísticas (Dicri), según informaron fuentes del MP.

Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, confirmó las diligencias en la sede de la Feci, pero señaló que corresponden a un caso que está bajo reserva.

La situación de la Feci

Estas diligencias se llevan a cabo a poco más de 1 mes de la destitución de Juan Francisco Sandoval, como jefe de la Feci.

Desde el 23 de julio, Sandoval ya no forma parte del MP, pues fue destituido del cargo, según lo anunció el ente investigador por medio de un comunicado.

El documento señalaba que la decisión se basa en una serie de “vejámenes” que había sufrido la fiscal general, María Consuelo Porras.

La fiscal ofreció declaraciones a varios medios de comunicación en los que señaló que la destitución de Sandoval obedeció a que este trataba de cooptar el MP, que ejercía justicia selectiva e ideologizada, por lo que fue removido del cargo.

El 26 de julio, Sandoval dijo que decidió salir de Guatemala, porque según él, todos los actores cercanos a la fiscal general, que han sido detractores de su trabajo empezaron a circular información relacionada a acciones a emprender en su contra.

En entrevistas a medios de comunicación dijo que la fiscal general tiene vínculos con sectores que generan impunidad.

La salida de Sandoval de la Feci generó reacciones de diversos sectores que culparon a la fiscal general y al presidente Alejandro Giammattei de haber orquestado la destitución de Sandoval para evitar que se investigaran algunos hechos que vinculaban al mandatario con la visita de empresarios rusos.

Esto generó manifestaciones y bloqueos en el país en el que exigían la renuncia de ambos funcionarios, señalados de favorecer la impunidad.

Las Embajadas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Suecia y Suiza acreditadas en Guatemala, y miembros del Grupo de Países Donantes G13, por medio de un comunicado exhortan al Gobierno de Guatemala de retomar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Estados Unidos anunció el martes 27 de julio que paralizaría “temporalmente” la cooperación con el MP después de la destitución del fiscal anticorrupción de ese país, que ya había sido condenada por Washington.

La decisión la dio a conocer en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter.

Según información de La Voz de América, Porter especificó que, como resultado de la destitución de Sandoval “hemos perdido la confianza en la fiscal general (María Consuelo Porras) y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”.

Cambios en la Feci

Carla Isidra Valenzuela Elías fue nombrada como nueva jefa de la Feci el 23 de julio, pero a tan solo 11 días de haber tomado el cargo, fue removida el 3 de agosto y en su lugar fue designado el fiscal José Rafael Curruchiche, quien también fue cuestionado por Estados Unidos.

El 2 de agosto recién pasado, la abogada Claudia González Orellana en representación del exfiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, presentó un amparo en contra de la fiscal general Consuelo Porras por haberlo destituido “ilegalmente”.

En el documento se pide a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revoquen la decisión de Porras. También, por medio de la acción de amparo se requiere la revisión de la decisión de la fiscal general contenida en el Acuerdo 2157-2021 de fecha 23 de julio de 2021, “la cual es nula, porque la misma carece de lo dispuesto en la ley fundamental.

El 10 de agosto, el exjefe de la Feci recusó a los magistrados de la CSJ Nery Medina, José Felipe Baquiax, Sergio Pineda, José Antonio Pineda Barales, Manuel Duarte, Silvia García y Vitalina Orellana para que no conozcan el amparo interpuesto contra Consuelo Porras y que busca su restitución.

Entre las peticiones resalta que se declare con lugar la recusación de los magistrados de la CSJ antes referidos y, en consecuencia, por tratarse de miembros de un tribunal colegiado, se ordene, la suspensión del acto y se llame inmediatamente a los suplentes a efecto de que el tribunal quede integrado en la misma audiencia en que se presente el amparo.

Añade que, estando nuevamente integrado el pleno de Magistrados, se continúe con el trámite.

Sandoval confirmó que hasta el momento la CSJ no ha resuelto el amparo que presentó.