Presidente Giammattei pide prórroga para ser juramentado como diputado del Parlacén

El presidente Alejandro Giammattei solicitó una prórroga para ser juramentado como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacén), un procedimiento que estaba programado para el domingo 14 de enero a las 17 horas, luego de que entregue el cargo a Bernardo Arévalo de León, informaron fuentes oficiales.

De hecho, su asistencia a la ceremonia de cambio de mando sigue siendo incierta hasta este viernes 12 de enero, cuando la Presidencia no ha confirmado ni descartado la participación de Giammattei, quien este día presentó su informe final de gobierno.

“Son presencias que todavía no se han confirmado, tampoco se han descartado”, dijo Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia al concluir la presentación del informe.

López informó que el mandatario no tiene “prisa” para ser juramentado como diputado del Parlacén, por lo que solicitó una prórroga a la presidenta de ese organismo regional.

“Hoy respondí una carta al presidente de la República en donde solicita la reprogramación de la ceremonia que se tenía contemplada en el Parlamento Centroamericano para el día domingo -14 de enero-, derivado, precisamente, de todos los procedimientos de la entrega del cargo, incluyendo las ceremonias correspondientes”, agregó el vocero presidencial.

Sin precisar fecha, López dijo que el mandatario solicitó la reprogramación de su juramentación para los próximos días de enero. “No hay ninguna prisa en ese sentido y es por ello que el presidente ha solicitado la reprogramación del evento (…) para los días venideros, debido precisamente a todos los actos que están programados para el día domingo”.

Oliva añadió que en el tema del Parlacén “hay muchas aristas” sobre relaciones internacionales, por lo que “definitivamente” Giammattei está en la “disposición de asumir ese liderazgo en el Parlamento Centroamericano”.

Informe

Giammattei aseguró este viernes que deja el Gobierno “con la frente en alto” previo a entregar su cargo el próximo domingo a Arévalo de León.

Giammattei, cuya Administración, según expertos, estuvo marcada por la persecución de sus rivales políticos y millonarios escándalos de corrupción, dijo que su Gobierno fue un “trabajo de mucho esfuerzo” desde enero de 2020 a la fecha.

“Dejamos un mejor país del que encontramos”, argumentó el gobernante de 67 años, tras un discurso de casi una hora.

“Estamos tremendamente agradecidos por esa confianza que el pueblo de Guatemala nos dio en las urnas en las elecciones de 2019”, añadió.

El gobernante hizo este viernes la entrega final de su informe de Gobierno, un acto que habitualmente se lleva a cabo el 14 de enero en el cambio de mando presidencial.

Guatemala vive momentos de tensión por los intentos del Ministerio Público (MP), desde julio hasta la fecha, por supuestamente intentar evitar la toma de posesión de Arévalo de León.

El mismo presidente electo indicó el 1 de septiembre pasado que la Fiscalía lleva a cabo un “golpe de Estado” en su contra junto a “otros actores corruptos” en busca de evitar que sea investido.

Giammattei se despide de la Presidencia, según expertos, con una baja aprobación popular y con una Administración que no logró cumplir con sus promesas de campaña sobre corrupción, desnutrición e infraestructura.

Una de las tachas más notables de su gestión es que en 2022 decidió renovar el mandato al frente al Ministerio Público de Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos por “socavar” la Justicia en Guatemala, además de intentar anular los resultados electorales de 2023.

De igual forma, durante el Gobierno de Giammattei, más de 30 funcionarios vinculados al sector judicial, entre fiscales y jueces, decidieron exiliarse tras denunciar persecución política en su contra.

Además, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín fue apresado en 2022 pocos días después de lanzar fuertes críticas contra el círculo cercano de Giammattei.

También el exfuncionario Miguel Martínez fue sancionado por Estados Unidos con la Ley Magnitsky (que contempla sanciones a extranjeros por violaciones a los derechos humanos o por casos de corrupción de gran envergadura) en diciembre pasado.

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