Sindicadas aceptarían cargos en el caso por compra de edificio del MP por Q35 millones
Los abogados de tres sindicadas en el proceso por la compra, supuestamente anómala, de un edificio para el MP por Q35 millones indagan sobre la figura de aceptación de cargos.
Tres procesadas en el caso por la compra de un edificio para el Ministerio Público (MP) por más de Q35 millones podrían someterse a la figura de aceptación de cargos, informaron este viernes 10 de marzo fuentes judiciales.
El caso para las exempleadas del MP se encuentra en etapa intermedia, es decir, la fase del proceso en la que el juez decidirá si van o no a juicio.
Ante la próxima convocatoria a una audiencia, los abogados de las tres sindicadas empezado a efectuar las consultas para someterse a la figura especial de aceptación de cargos; sin embargo, el Juzgado Segundo Penal aún no reporta que haya recibido una solicitud formal para que las señaladas acepten la culpa.
En esta fase del caso hay tres exempleadas del MP que son sindicadas de fraude y fueron ligadas a proceso penal el 8 de octubre de 2019 por el Juzgado Undécimo; además, la representante de una fundación también aceptaría los hechos.
Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa, es señalada de fraude y abuso de autoridad; Diana Odette Benavides Lázaro, exjefa del Departamento Jurídico del MP, fue sindicada de fraude e incumplimiento de deberes; mientras que Lourdes Leyton, de la Fundación Gradiosa es Fusión, es señalada de apropiación indebida de tributos. Las tres aceptarían los cargos.
En este caso también está procesada Miriam Salazar Duarte de Lossi, exjefa administrativa del MP, pero ella no aceptaría los hechos.
En la compra del edificio, ubicado en la zona 5 de la capital, está implicada la exfiscal general Thelma Alda y el empresario William Balz Gallardo.
Aldana está exiliado en Estados Unidos desde 2018, pero la Fiscalía gestiona su extradición, de hecho, el pasado jueves un juzgado autorizó que se haga una segunda solicitud formal ante EE. UU.
La adquisición del inmueble ocurrió en 2017 y, según la pesquisa, el propietario, Balz Gallardo, usó empresas de cartón para concretar la venta.
El 25 de enero último, Mynor Lobos, ante una jueza aceptó haber actuado como testaferro del empresario Balz Gallardo en la venta del edificio.