Colombia es valorada internacionalmente por su amplia cobertura de salud. Sin embargo, cientos de miles de pacientes deben seguir un complejo procedimiento para acceder al sistema: al igual que María Rosario, primero tienen que acudir con un juez para poder recibir sus tratamientos.
En 1993, Colombia adoptó un modelo semipúblico y solidario de salud que le permitió ampliar la cobertura que era solo del 23,5% y ahora alcanza al 94% de la población.
Bajo el nuevo pacto, los más ricos financian a los pobres, pero las Entidades Promotoras de Salud, instituciones privadas involucradas, comenzaron a reportar crecientes pérdidas.
Reconocen que detrás de los números rojos también hay corrupción: las entidades se confabulan frecuentemente con hospitales y falsos pacientes para facturar tratamientos inexistentes, haciendo esperar a pacientes reales.
El domingo, los colombianos elegirán presidente y también cambiar el sistema: liquidar las EPS, como plantea el izquierdista Gustavo Petro, o aumentar los controles y focalizar subsidios, como quiere el derechista Iván Duque.
Según una encuesta de Invamer publicada este mes, los electores ponen el tema de la salud por encima de la corrupción, el narcotráfico o incluso el pacto de paz con la guerrilla FARC.
Con información de: © Agence France-Presse