Ciudad Guatemala
La comisión que fue creada en el Congreso para investigar la compra de un edificio para uso de Ministerio Público (MP) fue cuestionada por expertos en leyes, quienes dudan de la legitimidad de la instancia por aspectos legales y de solvencia judicial.
El juez Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, expuso que si los diputados tienen sospechas de una situación anómala tienen que presentar las denuncias correspondientes al Ministerio Público, entidad a la que por mandato constitucional le corresponde “con exclusividad” hacer investigaciones.
“La existencia de comisiones o de grupos que vengan a investigar, creo yo, son cuestiones que no están establecidas en la ley”, subrayó López. Agregó que si los legisladores tienen alguna ley que les faculte para integrar esa comisión deben utilizarla como fundamento, “pero si no me falla la mente no existe”.
López enfatizó en que los legisladores deben ceñir su actuar a la ley y ser cautos y prudentes para evitar que sus acciones tiendan al revanchismo.
El presidente en funciones del Congreso, Felipe Alejos, aprobó un acuerdo que da vida a una comisión que investigará la compra de un edificio para el MP, durante la administración de Thelma Aldana.
La propuesta fue de Alejos y del diputado Estuardo Galdámez, ambos señalados en investigaciones que se presentaron durante el tiempo que Aldana era fiscal general.
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Solvencia
Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells consideró que una comisión del Congreso que investigue una compra no necesariamente es mala; no obstante, el problema, subrayó, es que está integrada por diputados que han sido acusados por el MP, por lo cual, hay un conflicto de interés.
Según Balsells, el que figuren diputados como Estuardo Galdámez que tiene varios antejuicios en su contra es “absurdo” y lo que hace es desnaturalizar la misma comisión. El abogado coincidió en que no hay precedentes de una comisión de ese tipo en el Legislativo y recordó que es el Ministerio de Finanzas el ente rector de las compras del Estado, por lo cual previo a la integración de la Comisión debió haberse citado al titular de esa cartera.
“Montar una comisión de investigación por parte del Congreso es bueno, como concepto, pero acá no es eso lo que están haciendo. Acá es gente que está metida en problemas la que quiere chantajear al Ministerio Público para conseguir inmunidad”, enfatizó Balsells.
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Agregó que si el Congreso quisiera enviar un mensaje de transparencia debió haber integrado la comisión con diputados que no tienen procesos penales, puesto que de esa forma ya nació con tacha.
Consultado otro juez, que prefirió no ser citado, expuso se deber analizar y estudiar si de acuerdo con la Constitución, le corresponde al Legislativo comenzar una investigación para identificar un hecho delictivo.
“A quien corresponde normalmente este tipo de acciones no es al Congreso de la República, sino al Ministerio Púbico que en esos casos debe actuar de manera objetiva”, subrayó.
De acuerdo con el juzgador, que el Congreso oriente una investigación es “complejo” y se debe analizar para evitar que los legisladores caigan en un abuso de autoridad por llevar a cabo acciones que ya están determinadas por la Constitución para el MP.
Si los abogados sospechan de la exfiscal Thelma Aldana, el juez precisó que ella ya no es funcionaria como para que el Congreso la obligue a rendir cuentas.
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Amplía sus facultades
La creación de la comisión se da al mismo tiempo de que el Congreso discute las reformas a la Ley de Antejuicios con las cuales pretende eliminar el filtro de la Corte Suprema de Justicia para que los diputados conozcan en primera instancia esos procesos.
Los expertos coincidieron en que ambas acciones pueden verse como una intención de hacerse de más facultades de las que constitucionalmente le corresponde al Legislativo.
Balsells dijo que esa reforma es la muestra de un ejemplo de autoritarismo para cualquier clase de derecho constitucional y no debe proceder.
López, por su parte, expuso que causa preocupación ya que en un momento determinado deben existir contrapesos entre los organismos del Estado, y que en el Congreso pueda existir una concentración de funciones y dejar en manos de un ente político decisiones que trascienden al plano judicial “es de ponerle cuidado”.
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