Ciudad Guatemala
En el Juzgado de Truno se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Irma Cruz Sentecún Tesucún y Miguel Antonio Cantoral Dávila, señalados de impedir el ingreso del investigador de la Cicig, Yilen Osorio.
Suntecún Tesucún ha trabajado durante 28 años en Migración, actualmente se desempeña como delegada de Migración. Cantoral Dávila es jefe del Grupo C de Migración.
Ambos firmaron el acta del Instituto Guatemalteco de Migración para impedir el ingreso de Osorio y ordenaron enviarlo de ingreso a su país de origen.
Al momento de su detención, la noche del domingo, Suntecún Tesucún indicó que ella cumplió con su trabajo, debido a que le aparecía la alerta de no dejar entrar al investigador, afirmó que los que debían estar en Tribunales son los que ingresaron la alerta.
Durante la audiencia de este lunes, la fiscalía los imputó de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia.
Cantoral reiteró que cumplía una orden superior y no podía alterar el sistema de Migración. Cuando le preguntaron a qué autoridad superior avisó del impedimento del ingreso de Osorio respondió: Al director adjunto de Migración, Rubén Aguilar. Por su parte, Suntecún Tesucún, prefirió no declarar.
Defensor: En su escala jerárquica tenían que cumplir las órdenes de la autoridad superior de Migración. Si le daban admisión al investigador incumplían también. pic.twitter.com/X2xtz1Fy77
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) January 7, 2019
Su defensor manifestó que sus representantes no desobedecieron porque no conocían la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y tampoco incumplieron a sus atribuciones. Pide que se decrete la falta de mérito.
Agregó que en su escala jerárquica tenían que cumplir las órdenes de la autoridad superior de Migración. Si le daban admisión al investigador incumplían también.
El juez de turno, Víctor Fuentes, les indicó que nadie puede alegar ignorancia ante la ley y les recordó que había una orden superior.
A veces nos tomamos atribuciones más allá de lo que dice la ley dice el juez. Los dos tenían que permitir el ingreso del colombiano al país. pic.twitter.com/Z7im1EHDQB
— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) January 7, 2019
A ambos se les puso una fianza de Q5 mil y deberán firmar el libro de control, cada mes, en el Ministerio Público.
El juzgador también ordenó investigar a autoridades de Migración, de la PNC y a fiscales.
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